Los planes del Gobierno de Ecuador para la consulta y referendo chocan con los plazos y el anuncio de más preguntas
El Gobierno trabaja en correcciones y adiciones a las preguntas de su propuesta de consulta y referendo, que no superaron el filtro de la Corte Constitucional. El Ejecutivo espera que la votación sea el 30 de noviembre de 2025.
El presidente Daniel Noboa durante un evento de inauguración de un centro infantil en Daule, el 8 de septiembre de 2025.
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El 8 de septiembre de 2025, cuatro días después de que la Corte Constitucional (CC) exhibiera los problemas legales de algunas de las propuestas para la consulta popular y referendo, la Presidencia de la República confirmó su intención de entregar nuevas preguntas y reformular las anteriores.
Esto en medio de dos anuncios el presidente Daniel Noboa hizo una declaración clave: que la votación sería el 30 de noviembre de 2025. No obstante, el anuncio de replantear preguntas complicaría los plazos y la intención de llegar a votaciones para finales de noviembre.
Sólo el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene un plazo de 15 días para convocar a elecciones y otro de 60 días para ejecutarlas. Y, aunque son plazos máximos, estos no pueden ser reducidos radicalmente por el trabajo que implica un proceso electoral.
Por ejemplo, en el referendo y consulta popular de 2024, al CNE le tomó 13 días lanzar la convocatoria, porque primero tenía que estar lista la planificación, el cronograma y el cálculo presupuestario, y después de otros 54 días la ciudadanía llegó a las urnas.
Para la fecha anunciada por el presidente Noboa para esta nueva consulta quedan apenas 84 días. Pero el CNE no es el único involucrado en un proceso de esta naturaleza.
Más plazos a tener en cuenta
Las dos preguntas que sí aprobó la Corte Constitucional siguen su trámite en el organismo. Se trata de la intención de implementar el trabajo por horas en el sector turístico, solamente en casos de primer empleo, y la reducción de legisladores.
La jueza ponente, Claudia Salgado, avocó conocimiento de la causa el 8 de septiembre de 2025, para realizar el control de la convocatoria a referendo planteada por el Primer Mandatario. La Ley de Garantías Jurisdiccionales le otorga un término de 20 días laborales. Es decir, hasta el 6 de octubre de 2025.
Esto suma un total de 28 días como plazo máximo para que el pleno emita un dictamen y lo notifique. En caso de que esto no suceda dentro del tiempo, la misma Ley señala que se entenderá que los jueces aprueban el texto.
Por lo tanto, si el Ejecutivo decidiera seguir adelante solo con esas dos preguntas, a las que se sumarían la de las bases militares extranjeras y la del financiamiento de las organizaciones políticas (que espera su segundo dictamen hasta el 17 de septiembre), no le quedaría ningún margen de tiempo.
Es así que los plazos máximos de la autoridad electoral y la Corte Constitucional sumarían 103 días, sin contar el tiempo que podrían demorarse las notificaciones o entregas de documentos.
El nuevo escenario
Inicialmente, el presidente Noboa proyectó que su consulta y referendo llegarían a votaciones el 14 de diciembre. Sin embargo, el Ejecutivo no tiene ninguna competencia sobre el control constitucional o la organización del proceso electoral.
Pero, de manera sorpresiva, en una entrevista posterior a la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el Primer Mandatario anunció un adelanto de dos semanas, para el 30 de noviembre.
Durante esa cita bilateral, el funcionario estadounidense dijo que podrían analizar una invitación de Ecuador para instalar una base militar en el territorio nacional. Pero esto no podrá suceder sin que la propuesta presidencial gane primero en las urnas.
Es por eso que el reciente anuncio desde Carondelet se convierte en un problema logístico y de tiempos.
En caso de que el Gobierno cumpla con su anuncio de enviar un nuevo paquete de preguntas y de reformular las que fueron negadas, se añaden nuevamente los pasos previos y plazos ante la Corte Constitucional.
Los magistrados no tendrían plazos para determinar la vía de tratamiento de los cambios constitucionales que plantee el Presidente, como la eliminación del Consejo de Participación, en el que la vocera Carolina Jaramillo afirmó que insistirían.
Además, que se añadiría un segundo término de 20 días laborales para el control de esta nueva convocatoria. La única excepción serían las preguntas planteadas como consulta popular, como la que busca el retorno de los casinos. Esto porque, al no cambiar la Carta Magna, tienen un filtro menos.
De todas formas, el Consejo Nacional Electoral podría avanzar en la logística de la primera convocatoria, sin un presupuesto fijo para la impresión de material electoral -que dependerá del número de preguntas y de si se trata solo de un referendo o de un proceso mixto- hasta que la Corte dirima sobre el siguiente bloque de propuestas. Si eso ocurre, el proceso ganaría tiempo.
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