Organizaciones rechazan requisitos de la Contraloría para acceder a declaraciones patrimoniales de funcionarios
La Contraloría General del Estado exige datos personales para acceder a las declaraciones patrimoniales de funcionarios. Organizaciones de la sociedad civil rechazan los requisitos.
Edificio de la Contraloría General del Estado, en el centro norte de Quito, 23 de abril de 2025.
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Los interesados en acceder a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos en Ecuador deben revelar a partir de ahora datos personales para visualizar la información, según unos nuevos requisitos exigidos por la Contraloría, medida que genera rechazo en organizaciones de la sociedad civil.
En un comunicado, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo dijo este 21 de abril de 2026 que "esta medida vulnera el derecho al libre acceso a la información pública y la protección de datos personales de los ciudadanos".
"El acceso a la información pública es un derecho garantizado por la Constitución y la normativa vigente establece que estas consultas deben ser libres y sin condicionamientos", recalcó.
Así también lo alertó la organización Usuarios Digitales, que fomenta el libre ejercicio de los derechos en plataformas digitales, al señalar que esto se da "en el contexto del escrutinio de futuras autoridades".
¿Qué responde la Contraloría sobre los cambios?
A partir del 20 de abril, el sistema pide ingresar el número del documento de identidad de la persona que hace la consulta, su fecha de expedición y un correo electrónico.
Una vez validada la identidad, solo se podrá visualizar el tipo de declaración y la identificación del declarante, la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP), los valores totales de los activos y pasivos, así como el patrimonio total, sin acceso al detalle específico de los bienes declarados.
La oficina de prensa de la Contraloría respondió a PRIMICIAS que el organismo "permite el acceso a dichos datos cumpliendo con los protocolos de registro de acceso de identidad del consultante y se encuentra apegado a la Ley de Protección de Datos Personales".
Aunque la ley establece que las declaraciones patrimoniales son públicas, puntualizó, también faculta al Contralor a regular su acceso y manejo para garantizar la seguridad de los datos, limitando su uso, verificación o manipulación conforme a la normativa vigente.
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