Herrería insiste a la Corte por audiencia pública sobre reforma que enfrenta a Gobierno y municipios
El secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Enrique Herrería, hizo este pedido a la Corte Constitucional, mientras esta institución requirió información de la Asamblea, Ministerio de Finanzas y GADs.
Fachada de la Corte Constitucional del 7 de abril de 2026. A esta institución ingresaron varias demandas contra reforma al Cootad.
- Foto
PRIMICIAS.
Autor:
Actualizada:
Compartir:
La Presidencia de Ecuador insistió este 2 de julio de 2026 a la Corte Constitucional que convoque a una audiencia pública para analizar las demandas contra la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), un tema que enfrenta al Gobierno con los municipios y prefecturas.
El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, informó este jueves que el Ejecutivo ya respondió las 19 acciones de inconstitucionalidad acumuladas y reiteró su pedido de audiencia, al considerar que permitirá a los jueces conocer "de primera mano" los argumentos del Gobierno y las supuestas inconsistencias de las demandas.
"Esta Presidencia insiste respetuosamente en la solicitud de que se convoque a audiencia pública, a fin de que las partes puedan desarrollar oralmente sus argumentos y absolver las inquietudes que ese Organismo estime pertinentes para la resolución de la causa", dice Herrería en el oficio.
Pedidos de información de la Corte
La solicitud se presentó un día después de que la jueza ponente, Claudia Salgado Levy, avocara conocimiento de la causa y dispusiera la recopilación de información de varias instituciones.
La magistrada otorgó un plazo de 15 días para que la Asamblea Nacional presente un informe sobre la constitucionalidad de la reforma. También requirió al Ministerio de Economía y Finanzas documentación técnica y fiscal, incluidos estudios que sustentaron el proyecto, la metodología presupuestaria aplicada a los Gobiernos locales, la ejecución presupuestaria de 2023 a 2025 y proyecciones sobre el impacto de la reforma.
Además, ordenó a varios gobiernos autónomos descentralizados remitir informes sobre los programas, obras y servicios que podrían verse afectados, así como una estimación económica de esos posibles impactos.
La reforma al Cootad -aprobada por la mayoría oficialista en la Asamblea en febrero pasado- ha generado un conflicto entre el Ejecutivo y los municipios y prefecturas, que cuestionan la constitucionalidad de las disposiciones que obligan a los GAD a destinar el 30% al pago de salarios y el 70% a inversión.
Compartir:
