La creación, fusión y liquidación de empresas públicas, un problema arrastrado desde 2009

A partir de 2009, con la Constitución de Montecristi, el Estado ecuatoriano atravesó una transformación radical. Una de esas aristas fue la multiplicación de empresas públicas. En 17 años han llegado a existir 38 de esas entidades, de las que ahora solo quedan 11 vigentes.

Sin embargo, esa proliferación, los vaivenes gubernamentales, la contracción de las finanzas públicas y las intenciones presidenciales han creado un problema para el Estado, especialmente para el Ejecutivo: la dificultad para liquidar las empresas que han sido cerradas.

Hay varias que llevan años intentando finiquitar esos procesos sin éxito. Por ejemplo, el presidente Daniel Noboa decretó recientemente la ampliación del plazo para la liquidación de cuatro de ellas: la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP), Correos del Ecuador (CDE EP), Ferrocarriles del Ecuador (FEEP) y Fabricamos Ecuador (Fabrec EP). Las tres últimas entre el 29 y 30 de junio.

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Además, en lo que va de su gobierno, el Mandatario también ha impregnado su visión en las empresas públicas. Más allá de continuar con la liquidación de seis entidades, decidió que la polémica Flota Petrolera (Flopec EP) absorba a Astilleros Navales (Astinave EP) y decretó la extinción de Santa Bárbara EP y de la cuestionada Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP).

Noboa también cambió el nombre de la empresa pública de vivienda, como lo ha hecho cada mandatario, y la denominó Vivienda y Desarrollo Urbano EP, y decretó la creación de una nueva: Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud (AIL), en mayo de 2026.

El 'boom' de creación y extinción de empresas públicas

El mayor crecimiento del Estado se dio durante la presidencia de Rafael Correa, en el que las instituciones públicas se multiplicaron por el país, entre ellas las empresas estatales. Solo entre 2009 y 2015 se emitieron 31 decretos de creación de estas entidades.

El correísmo también reorganizó algunas ya existentes. Por ejemplo, transformó en "empresas públicas" a entidades que tenían otras nominaciones, entre ellas las entonces Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, Telecomunicaciones Móviles y Aerolínea TAME.

Pero, en ese periodo, además hubo cambios, fusiones y absorciones en las desaparecidas empresas Hidropastaza, Hidroeléctrica del Litoral, Eléctrica de Guayaquil, Parques Naturales y Espacios Públicos, Servicios Marítimos y Logísticos, Infraestructuras Pesqueras, Importadora, Revisión Técnica Vehicular, Zona Especial Eloy Alfaro.

De todo eso queda poco. En 2019, el heredero del mismo correísmo, Lenín Moreno, empezó la tarea de reducir las empresas públicas, tradicionalmente con cuentas oscuras y llenas de escándalos de corrupción. El primer gran movimiento fue la fusión de las gigantes Petroecuador y Petroamazonas.

Y, en 2020, durante el golpe de la pandemia de Covid-19, Moreno ordenó la extinción y liquidación de ocho empresas públicas: TAME, Unidad de Almacenamiento, Siembra (antes Yachay), Ecuador Estratégico, Ferrocarriles, Correos, Centros de Alto Rendimiento (CEAR EP) y los Medios Públicos.

Sin embargo, Moreno se vio obligado a crear dos nuevas empresas: Servicios Postales, para reemplazar a CDE EP, y Comunicación EP, para que administre los medios públicos. Posteriormente, Guillermo Lasso no siguió ese patrón, su única modificación fue al nombre de la empresa pública encargada de la construcción de vivienda.

Ahora, con el argumento de reducir el Estado, el presidente Daniel Noboa ha decretado medidas similares a las extinciones y fusiones de Moreno, aunque en menor escala.