El CPCCS arrastra la designación de las autoridades de control pese a las promesas de celeridad

Mientras los vocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) forman parte de rendiciones de cuentas, de desfiles y entregas de reconocimientos, hay autoridades de control que siguen prorrogadas y cuyos concursos no avanzan, pese a las promesas del oganismo.

En la lista están, por ejemplo, las autoridades electorales: Consejo Nacional (CNE) y Tribunal Contencioso (TCE); la Defensoría del Pueblo; y más recientemente, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado.

Ya no solo se trata de los conflictos internos de la institución que, entre investigaciones penales y destituciones, han logrado que todos los concursos de designación de autoridades carezcan de credibilidad e interés ciudadano.

En algunos casos, también hay otros factores que interfieren en esos procesos, como los cálculos políticos. Por ejemplo, de las entidades encargadas de nominar ternas para la nueva Judicatura, inicialmente solo tres cumplieron a cabalidad.

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El presidente Daniel Noboa ha retrasado el proceso al no enviar sus candidatos, pese a que el plazo terminó a finales de diciembre e 2024 y que desde finales de enero de 2025 los vocales de la Judicatura están prorrogados. Después, la Asamblea, dominada por ADN, cambió la terna enviada en el periodo pasado y, para cerrar, un postulante de la Defensoría del Pueblo renunció.

Es así como el CPCCS tiene un concurso varado desde hace siete meses, mientras la veeduría y la comisión técnica esperan a la buena voluntad de las cuatro entidades que aún deben completar o remitir sus nuevas ternas.

En ese compás de espera entró también la Fiscalía General, desde abril de 2025. Era de público conocimiento que a inicios de ese mes terminaría el periodo de Diana Salazar. Pero el CPCCS no fue capaz de arrancar el proceso y llegar a la fecha con un reemplazo.

Es más, el concurso sigue varado. El 9 de mayo de 2025 los vocales aprobaron un nuevo reglamento, para que las autoridades de control sean designadas en un promedio en cuatro meses. El día 20 de ese mismo mes anunciaron que en 30 días estaría lista la comisión ciudadana de selección y arrancaría "inmediatamente" el concurso.

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Tampoco sucedió. Pero 38 días después, el 27 de junio, el CPCCS hizo otro anuncio: la comisión técnica se reuniría en tres días para elaborar su cronograma y presentar, recién, el proyecto de convocatoria para la conformación de la comisión ciudadana de selección. 

12 días después, la única novedad es que apenas inició el trabajo del equipo técnico para el proceso de la designación del nuevo Fiscal General del Estado. En la página web del Consejo no hay ni rastros de dicha convocatoria, que todavía no se elabora.

Pero el consejero David Rosero, en una entrevista en Ambato -contrario a las promesas hechas por el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni- contó que esperan que el desenlace del concurso para la Fiscalía llegue en diciembre y a más tardar en febrero de 2026.

A esto se suman las demoras en los concursos para renovar a las autoridades electorales. Ya que, aunque los consejeros y jueces electorales son designados para periodos de seis años, la mitad del CNE debía haber sido renovada en noviembre de 2021 y la mitad del TCE en abril de 2022.

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Ninguna ha sucedido y en este momento ya todos los titulares del CNE y TCE están prorrogados. 

Esa prórroga indefinida se ha cobijado además en la idea de que, debido a tantos procesos electorales continuos, no se puede cambiar a las autoridades electorales para no poner en riesgo las votaciones.

De todas formas, el concurso del CNE es el más adelantado, ya superó la fase de méritos y pese a los enredos judiciales del proceso, 'solo' faltan las fases de oposición y escrutinio. Mientras que el del TCE sigue atorado en la conformación de la comisión ciudadana.

En el caso de la Defensoría del Pueblo, que está encargada desde agosto de 2021, sucede lo mismo, el proceso sigue estancado en la conformación de la comisión, para poder después arrancar el concurso como tal.