Daniel Noboa es el primer presidente en liderar un pulso directo con la nueva Corte Constitucional

Para el gobierno del presidente Daniel Noboa, la Corte Constitucional (CC) se ha convertido en un enemigo de la ciudadanía, por haber aceptado a trámite tres demandas de las 33 planteadas contra las leyes aprobadas por Acción Democrática Nacional (ADN).

Su nueva ministra de Gobierno, Zaida Rovira, aceptó que al Ejecutivo le molesta que los magistrados hayan sido "estrictamente legalistas", al iniciar el análisis de las objeciones contra las cuestionadas leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública.

Es por eso que el Primer Mandatario anunció, desde Daule, que el martes 12 de agosto marchará hacia la sede del máximo tribunal del país, para protestar por la suspensión temporal de 17 artículos de esas tres leyes. Aunque los magistrados no hayan emitido ninguna sentencia aún. 

No podemos permitir que nueve personas entronadas, que ni siquiera quieren aparecer en foto, vienen y nos tiran abajo las leyes.

Daniel Noboa

El objetivo del Jefe de Estado es hacer sentir a los jueces "el verdadero poder del pueblo". En entrevista con Ecuavisa, la ministra Rovira se quejó de que la Corte no tenga ningún tipo de límites, que no esté sometido al control político y acusó a los jueces de tener agendas personales en sus decisiones.

Y es por esto que, el presidente Noboa anunció, a través de redes sociales, que convocará a un referendo para pedir a la ciudadanía que permita que los jueces constitucionales puedan ser sometidos a enjuiciamientos políticos. Es decir, que queden a merced de la voluntad política de Asamblea Nacional.

No es el primer desencuentro 

Desde enero de 2024, la relación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional se ha ido tensando. Todo empezó el 2 de mayo, cuando los magistrados reprendieron a Noboa por no justificar el estado de excepción por la emergencia eléctrica. Aunque aceptaron parcialmente la declaratoria, sin dar paso a la militarización.

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Una semana después, los jueces constitucionales dejaron de reconocer legalmente la existencia del conflicto armado, decretado en enero de 2024, nuevamente por falta de motivación y carencia de suficientes datos fácticos que justifiquen una medida tan extraordinaria.

Sin embargo, esto no detuvo al Ejecutivo ni hizo que cambie de estrategia. Incluso, en julio de ese año, Noboa buscó el aval de una asociación mundial de juristas, para intentar presionar a la Corte. Y superado por la crisis de inseguridad, el Gobierno mantiene al país en un constante estado de excepción. La última renovación fue decretada el pasado 10 junio.

Y, debido a las insistencias de avalar dicho conflicto, la Corte terminó halando las orejas al Ejecutivo duramente, en marzo de 2025, y ordenó la creación de una comisión de interinstitucional a la que supervisaría sus tareas. En tres ocasiones, Carondelet se negó a acatar el dictamen, pero finalmente los delegados tuvieron que acudir a una reunión reservada de seguimiento.

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Pero ese no es el único empecinamiento del Primer Mandatario. Desde su primer periodo, Noboa ha enviado a la Corte Constitucional cinco propuestas separadas de reformas parciales a la Carta Política. Dos fueron negadas.

En su dictamen del 21 de noviembre de 2024, la Corte tuvo que exhortar al Primer Mandatario "a tener presente que los cambios constitucionales no corresponden, únicamente, a consideraciones de conveniencia política". Además de que el texto contenía contradicciones, puesto que hablaba a la par de una enmienda constitucional.

Nuevamente, el Ejecutivo hizo caso omiso. Y, por segunda ocasión, los jueces llamaron la atención al Gobierno, en su dictamen del 14 de febrero de 2025, por "plantear múltiples propuestas de reforma constitucional de manera fragmentada", ya que "estos mecanismos deben activarse con responsabilidad".

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Por lo tanto, la reciente suspensión temporal de los 17 artículos de las leyes de Solidaridad, Inteligencia e Integridad Pública, colmó la paciencia del Gobierno. Y la admisión a trámite de varias otras de las ya 33 demandas de inconstitucionalidad en su contra, molestó al Primer Mandatario y otras figuras del oficialismo.

El mismo presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, junto a la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, aparecieron juntos en una cadena nacional, rodeados de militares y policías, exigiendo que los magistrados constitucionales den la cara y acusándolos de enemigos del pueblo. Mientras tanto, los miembros del gabinete ministerial hicieron lo suyo en redes sociales.

La Corte, un actor incómodo para todos

El gobierno de Daniel Noboa no es el primero, después del correísmo, en acusar a la nueva Corte Constitucional de interferir en asuntos políticos. Lenin Moreno y Guillermo Lasso también tuvieron desencuentros con las decisiones de los magistrados.

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Previamente, el gobierno de Rafael Correa estuvo acostumbrado a que la conocida como 'Corte Cervecera' no revise ninguna de sus decisiones, pese a los mandatos constitucionales. Y fue por eso que, tras la ruptura de Moreno con su partido, inició una supuesta descorreízación del Estado.

Uno de los principales pasos fue convocar a un referendo, con el que se creó un Consejo de Participación Transitorio que, entre otras tareas, nombró a una nueva Corte Constitucional en 2019. Sin embargo, esos mismos jueces asumieron un papel estricto, especialmente frente al abuso de los estados de excepción.

Por ejemplo, al mismo Moreno, los jueces le tumbaron tres estados de excepción en su gobierno: dos relacionados con la pandemia de Covid-19 y uno relacionado con la crisis del sistema penitenciario. Y también rechazó la recaudación anticipada de impuestos, pausó el recorte en la educación superior y el Reglamento del Uso Progresivo de la Fuerza, así como limitaron las medidas durante el paro de 2019.

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Mientras que a Lasso, la Corte le rechazó un decreto sobre la pandemia, otros fueron editados y tuvieron llamados de atención, sobre todo, los relacionados con la crisis carcelaria. Y, después de la muerte cruzada, el entonces Mandatario advirtió que la Corte corría el riesgo de "convertirse en un actor político económico", por no apurar sus pronunciamientos sobre los decretos ley.

En ese entonces, al igual que con Noboa, el máximo tribunal reprendió al Ejecutivo y le pidió trabajar en "soluciones estructurales", que funcionen en el régimen ordinario, sea frente a la pandemia, la crisis penitenciaria o ahora la crisis de inseguridad.

Sin embargo, esta vez, el Primer Mandatario, el titular de la Asamblea y varios ministros han decidido declarar a la Corte como 'enemigo' y, coincidiendo con una campaña digital que intentó desprestigiar a los magistrados la semana pasada, sus discursos buscan influir en las próximas decisiones del organismo.