Daniel Noboa se suma a la lista de mandatarios que buscaron 'mandar a la casa' a los jueces constitucionales
A través de las urnas, Rafael Correa reemplazó al Tribunal Constitucional en 2008 y Lenin Moreno cambió a los jueces de la Corte Constitucional en 2018.
Imágenes referenciales de los presidentes Rafael Correa, Lenin Moreno y Daniel Noboa, el año en el que propusieron modificar el marco legal de la Corte Constitucional.
- Foto
PRIMICIAS
Autor:
Actualizada:
Compartir:
Tradicionalmente, a los gobiernos en Ecuador les ha incomodado cualquier tipo de control o fiscalización. Es por eso que los distintos grupos de poder intentan cooptar o mantener influencia en las entidades que se encargan de ejercer dicho control, especialmente, de lo público.
Las pugnas más frecuentes y evidentes suelen ser por la Fiscalía y la Contraloría. Sin embargo, aunque, con menos intensidad y recurrencia, el control constitucional también ha jugado un papel incómodo para los mandatarios de turno en los últimos años.
Y, desde 1998, cuando se dio total autonomía a la autoridad constitucional, solo dos han conseguido modificarlo: Rafael Correa en 2008 y Lenin Moreno en 2018, ambos a través de la votación popular. Ahora, el presidente Daniel Noboa busca unirse a esa lista, con el referendo que anunció, tentativamente, para diciembre.
Entre las siete propuestas del Mandatario está una para que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser llevados a juicio político por la Asamblea Nacional. Porque, acorde al oficialismo, se trata de 'nueve entronados' que 'no responden a nadie'.
Ese discurso no existía cuando esta misma Corte dio paso a la primera declaratoria de conflicto armado interno, a las preguntas del referendo 2024 o a la reciente propuesta de permitir la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador.
Pero, ahora, el Gobierno inició una campaña contra los magistrados después de que el organismo admitiera a trámite cuatro de las 34 demandas de inconstitucionalidad en contra de tres leyes urgentes, aprobadas por el oficialismo entre el Ejecutivo y Legislativo.
Se trata de las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública que han sido cuestionadas desde el inicio, por la forma en la que se tramitaron y por el contenido de varios de sus artículos. Por lo que desde su vigencia, en junio, las demandas ciudadanas no han parado de llegar a la Corte.
Sin embargo, pese a que aún no ha habido una sentencia al respecto, las figuras de Acción Democrática Nacional (ADN) acusan a la Corte de ser el "enemigo del pueblo" y liderarán una marcha de protesta, el 12 de agosto, por la suspensión temporal de 17 artículos de esas normativas.
Pero, legalmente, no hay nada que impida o pueda frenar el trámite de las demandas ciudadanas que cumplen los requisitos y el subsiguiente dictamen de los magistrados. Además, esa misma Corte deberá calificar la propuesta que envíe el Mandatario para el referendo que ya está promocionando..
Y solo si la Corte Constitucional avala el mecanismo de enmienda constitucional (la única opción del Ejecutivo si quiere hacerlo en diciembre), para someter a los magistrados a un enjuiciamiento político, la bancada de ADN podría iniciar su intento de destitución en 2026.
Aunque el Ejecutivo aún no ha revelado los anexos de la pregunta, por lo que se desconocen las causales y el mínimo de votos que pretenden establecer para ese fin. Pero por las competencias de la Corte debería requerirse de una mayoría calificada o las dos terceras partes, es decir: 101 votos afirmativos.
Las dos modificaciones previas del control constitucional
- 1
Asamblea Constituyente de 2008
Compartir:
Cuando Rafael Correa llegó al poder, en 2007, una de sus principales propuestas fue llevar a la ciudadanía a una nueva asamblea constituyente. Eso lo consiguió a través de un referendo aprobatorio, con cerca del 72% de los votos.
Esa Asamblea de Montecristi, controlada por el entonces Alianza PAIS, redactó una Constitución a medida, que debía durar 300 años. Y ahí introdujeron un nuevo sistema de control constitucional y garantías jurisdiccionales, distinto al que tenía el país desde 1998, con el Tribunal Constitucional, que ya tenía similares funciones y poder.
Ese sistema entró en vigencia con la Constitución de 2008 y en el artículo 431 se estableció que sus jueces "no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen". Pero sí se sujetarán a los demás controles de ley y deberán responder por sus actos u omisiones.
Así, arrancó la primera Corte Constitucional con un periodo de transición hasta 2012. Y desde el inicio pasó a ser conocida como la 'Corte Cervecera', que estuvo alineada con el Ejecutivo y se caracterizó por su silencio y ausencia de dictámenes, con apenas 0,5 por año.
Así, con un organismo lleno de jueces aliados a Carondelet, ninguna ley, decreto o medida del correísmo pudo ser cuestionada durante esa década de gestión.
- 2
Referendo constitucional de 2018
Compartir:
Tras la ruptura de Lenin Moreno con Rafael Correa en 2017, el Mandatario inició un proceso de 'descorreización' del Estado. Y eso incluyó la búsqueda de un camino para enviar a la 'Corte Cervecera' a su casa. Esta vez no fue una constituyente, sino un invento del mismo correísmo: el Consejo de Participación Ciudadana.
Moreno consiguió eso también a través de las urnas. Convocó a la ciudadanía a un referendo para brindarle 'poderes extraordinarios' a un Consejo de Participación Transitorio, para evaluar a las autoridades de control y de ser necesario terminar anticipadamente sus periodos. La pregunta obtuvo el 63% de respaldos.
Seis meses después, ese Consejo cesó en funciones a los nueve jueces, que demoraban hasta cuatro años en verificar la constitucionalidad de los estados de excepción de Correa, e inició un concurso de selección de los nuevos magistrados.
Ahí nació la actual Corte Constitucional, que inició funciones en 2019, y todavía quedan tres de los jueces iniciales en sus cargos, puesto que al momento se han hecho dos renovaciones parciales.
Después del último cambio, al mismo Rafael Correa le agradó la propuesta de Daniel Noboa, de permitir el enjuiciamiento político de los magistrados, que en su Asamblea Constituyente declararon como "intocables".
Esto porque, a ojos del exmandatario, la última Corte "se ha prestado para cualquier cosa", aunque contrario a la 'Corte Cervecera' ha terminado incomodando a todos los presidentes por cuestionar sus excesos. Pese a que también se originó por un cisma de conveniencias políticas.
Compartir:
