Aunque no lo admitan públicamente, muchos grupos de poder quisieran tener un aliado al mando de la Contraloría. Entre las autoridades de control, ese despacho es el más codiciado porque se encarga de vigilar el uso de los recursos públicos.
Pese a que legalmente las autoridades de control no deben estar vinculadas a ningún partido político, tras bambalinas, todos los grupos de poder aspiran a tener un aliado al mando de la Contraloría General del Estado.
La entidad se ha convertido en un botín político por sus competencias: precautelar la administración, efectiva y eficiente, de los recursos humanos, materiales y financieros del Estado.
Y la institución tiene cuatro competencias constitucionales:
- Dirigir el sistema de control administrativo de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos.
- Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control.
- Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones.
- Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite.
Es decir, tiene la finalidad de examinar, verificar y evaluar la utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos. Lo que puede dar lugar a la determinación de glosas contra los funcionarios que perjudiquen al Estado y mal utilicen los recursos públicos.
Sin contar con que, sus informes de responsabilidad penal constituyen material para que la Fiscalía General pueda iniciar investigaciones propias y llevar a los sospechosos ante la justicia.
Pero la clave no está precisamente en el control, sino en lo que puede evitar controlarse. Al menos a eso fue a lo que se dedicaron los anteriores titulares de la Contraloría: Carlos Pólit y Pablo Celi.
En junio de 2021, la Contraloría informó que se desvanecieron 4.170 glosas por un valor de USD 844,8 millones entre 2007 y 2021. En el periodo de esos dos funcionarios, hubo 30.362 exámenes especiales. De ese total, solo 3.205 informes de auditoría fueron de responsabilidad penal.
Y precisamente por todos los intereses detrás de la institución, el concurso para designar legalmente a un nuevo Contralor, para un periodo de cinco años, se postergó desde junio de 2017. Por lo que la entidad ha dependido de autoridades subrogantes.
El último concurso público para llenar la vacante puso en evidencia la cantidad de obstáculos y la fuerza de las injerencias políticas en la autoridad nominadora: el Consejo de Participación Ciudadana. Sus actuales integrantes, por ejemplo, han sido identificados con el movimiento Revolución Ciudadana y el partido Social Cristiano (PSC).
Pero, además, entre los postulantes para ocupar el cargo también hubo personajes directamente relacionados con el correísmo.
Así, tuvieron que pasar cuatro administraciones y dos años, para que el concurso llegue a su fin este 7 de noviembre, con la designación de Mauricio Torres, un funcionario de carrera, como nuevo Contralor.
Según Mishelle Calvache, vocal del Consejo de Participación Ciudadana, hubo además una docena de acciones jurídicas que se interpusieron contra el proceso.
Los antecendetes oscuros
Desde la llegada del correísmo al poder, Carlos Pólit ha sido el único titular de la Contraloría nombrado oficialmente para el cargo. Primero fue seleccionado de una terna, compuesta por hombres de confianza de Lucio Gutiérrez, en el Congreso, y bajo pedido de Rafael Correa fue ratificado por la Constituyente de Montecristi.
Tras la nueva Constitución, Pólit ganó dos veces el concurso público organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y se preveía que su periodo al frente de la entidad de control se extienda hasta 2022. Es decir, que habría cubierto las gestiones del mismo Correa y de Lenín Moreno.
Sin embargo, esto no sucedió, en mayo de 2017, Pólit abandonó el país en medio de la intención de la Asamblea Nacional de enjuiciarlo políticamente y del escándalo de corrupción de Odebrecht en Latinoamérica. Ahí el excontralor fue mencionado por aceptar USD10 millones en sobornos.
En Ecuador fue sentenciado por concusión y en Estados Unidos está siendo procesado por lavado de activos y será juzgado en abril de 2024.
Después de Pólit siguió la trama de Pablo Celi, quien terminó preso por delincuencia organizada -por su participación en la trama de corrupción denominada Las Torres- y tiene una acusación por presunto cohecho.
Finalmente, con la subrogación de Carlos Riofrío que la situación dentro de la Contraloría se apaciguó y las disputas pasaron a la cancha del Consejo de Participación, que debía designar a su reemplazo oficial.
Y, después de todos estos años de espera y pugnas en la Contraloría, una vez que Mauricio Torres sea posesionado como su titular, tiene previsto implementar una auditoría forense para fortalecer los informes con indicios de responsabilidad penal, crear un nuevo sistema de auditoría gubernamental e impedir los actos contra la ley o que dañen la imagen institucional.
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