Contraloría halla indicios penales en entrega de textos escolares

La Contraloría aprobó un informe con indicios de responsabilidad penal, como resultado de un examen especial practicado al Ministerio de Educación por un proceso de textos escolares.

El examen especial corresponde a la contratación del servicio de impresión de material escolar, su distribución y uso durante enero de 2018 y diciembre de 2022.

Actas registran más kits que estudiantes

El organismo de control asegura que encontró inconsistencias entre las actas de entrega-recepción emitidas entre el 7 y 15 de julio de 2020 y el número de alumnos registrados en las instituciones educativas de las provincias de Carchi y Esmeraldas.

En las actas constó la entrega de 39.692 kits a siete centros de aprendizaje de Esmeraldas y tres de Carchi, valorados en USD 200.448.

Sin embargo, en los registros del Ministerio de Educación durante ese periodo, a

esas escuelas asistieron únicamente 545 alumnos.

Los rectores de las instituciones educativas informaron al equipo de auditoría que no recibieron la cantidad de textos escolares detallada en la documentación y que existían diferencias sustanciales entre lo constante en las actas y la cantidad de estudiantes.

Un rector indicó que no recibió textos escolares nuevos, sino libros deteriorados que iban a darse de baja en los inventarios de la escuela.

Otras autoridades denunciaron posibles adulteraciones de las actas, pues diferían los formatos, membretes y las hojas no estaban sumilladas ni numeradas.

Se desconoce el destino de USD 2.7 millones

Además de las posibles actuaciones dolosas, el informe de auditoría señala falencias en la gestión documental en el Ministerio de Educación.

La ausencia de políticas para la asignación de los materiales y de un sistema de control de inventarios ocasionó que "se desconozca el destino de recursos educativos" por USD 2.7 millones, detalla la Contraloría.

En esa auditoría, también detectaron que no hubo directrices para el almacenamiento, distribución, control de bienes en la bodega de Calderón, en el norte de Quito.

Los responsables de esa bodega no justificaron documentadamente el uso y destino de 939.650 materiales didácticos, por un valor de USD 897.610.

Alrededor de las 18:30, el Ministerio de Educación se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter).

La entidad dijo que "ratifica su compromiso de colaboración con las autoridades de control y con el buen uso de los recursos públicos. Estamos prestos a brindar información de forma transparente respecto de este caso que ocurrió en el 2020"

Agregó que "al ser de una posible responsabilidad penal, directamente en contra de las personas involucradas y no de la institución, el Ministerio de Educación no cuenta con información al respecto de los asuntos penales. En su momento informaremos sobre las recomendaciones administrativas".