Ecuador ha gastado USD 153 millones en consultas populares y referendos desde 2011

Solamente desde 2023, los ecuatorianos han sido convocados a las urnas por los mandatarios de turnos en tres ocasiones. Y el presidente Daniel Noboa planea sumar otra más antes de que termine el año. Esto implicaría un promedio de una consulta popular o referendo cada nueve meses.

El último de estos procesos, convocado también por Noboa, le costó a Ecuador USD 60 millones. Es decir, la siguiente iniciativa de este tipo, anunciada para el próximo 30 de noviembre, tendría un costo similar.

Pero después de la decisión de la Corte Constitucional de dar de baja cinco propuestas, la papeleta podría contener solo cuatro temas:

• Implementar el trabajo por horas en el sector turístico, solamente en casos de primer empleo
• Reducir el número de legisladores
• Abrir la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en territorio nacional
• Y eliminar el financiamiento público de las organizaciones políticas

Y aunque el mismo presidente Noboa difundió la fecha, las decisiones de la Corte no se habían hecho públicas aún, ni el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha desarrollado un plan operativo. Por lo que resta que el Gobierno ratifique sus intenciones con las preguntas que le quedan disponibles.

Pero esta tradición de utilizar las urnas como termómetro político y como vía de legitimación de los mandatarios no es nueva. La impulsaron también Guillermo Lasso, Lenín Moreno y Rafael Correa. No obstante, solo los dos últimos tuvieron éxito.

Es así que desde la nueva Constitución de Montecristi, los gobernantes han convocado a los ecuatorianos a pronunciarse sobre 42 temas distintos. Y el costo de estas medidas alcanzó los USD 153 millones. Pero esto podría escalar a unos USD 213 millones hasta noviembre.

Y, aunque el presupuesto del Estado supere los USD 40.000 millones este año, incluyendo más de USD 11.000 millones de deuda, los recursos que se utilizan para las consultas tampoco son menores. 

La única excepción fueron los procesos de febrero de 2017 y agosto de 2023, que quedaron por debajo de los USD 3 millones, debido a que se ejecutaron a la par que unas elecciones generales. Aunque esto no sucedió en el referendo de febrero de 2023 que, pese a realizarse a la par de las seccionales, costó USD 18 millones.  

Pero esa tampoco es la regla, puesto que los mandatarios prefieren hacerlas de acuerdo a su conveniencia política. Y este es un tema en el que incluso la Corte Constitucional ha llamado la atención al Ejecutivo en al menos tres ocasiones.

Por ejemplo, con el costo de la última consulta de 2024, en un país con el 57% de déficit de viviendas, el Gobierno podía haber construido 3.242 casas, al mismo costo de las 805 que entregó ese mismo año; 28 centros de salud tipo B, como el que anunció para Santa Elena; o la construcción, repotenciación, mantenimiento o dotación de equipamiento para 82 unidades educativas.