Eliminación de fondos para los partidos políticos; esto dice la pregunta del Referendo 2025

El 16 de noviembre de 2025, los ecuatorianos acudirán otra vez a las urnas tras las elecciones presidenciales del 13 de abril de 2025, cuando Daniel Noboa ganó la Presidencia de la República.

Esta vez, los 13,9 millones de ecuatorianos que constan en el padrón electoral serán convocados para votar por cuatro preguntas: tres de referendo y una de la consulta popular.

La segunda pregunta que aparecerá en la papeleta tiene que ver con el financiamiento de recursos públicos que actualmente reciben los partidos políticos y cuya disposición consta en la Constitución aprobada en 2008.

El 11 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional aprobó la pregunta que los ecuatorianos recibirán en la papeleta:

¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta? 

Pero, ¿qué cambios exactamente plantea esta pregunta? El anexo busca sustituir el artículo 110 de la Constitución de la República por el siguiente: 

“Art. 110.- Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes. El movimiento político que en dos elecciones pluripersonales sucesivas obtenga al menos el cinco por ciento de votos válidos a nivel nacional, adquirirá iguales derechos y deberá cumplir las mismas obligaciones que los partidos políticos”.

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Si gana el 'Sí', el Estado ya no tendrán la obligación de entregar recursos públicos a los partidos políticos, como ha sido en los últimos 17 años.

¿A dónde van los recursos estatales que reciben los partidos políticos?

El Código de la Democracia manda que los recursos que reciben los partidos políticos se utilicen de manera estricta: al menos el 70% para formación, publicaciones, capacitación e investigación.

Y máximo el otro 30% para funcionamiento institucional. La norma aclara que, en ningún caso, esos fondos podrán ser utilizados para campañas electorales. Además, la Ley Electoral manda que solo se entregarán estos recursos a los partidos y movimientos que han presentado la documentación contable del año previo y que no mantengan obligaciones con el Estado.