Ecuador ha recibido a 450 extranjeros de 14 países deportados por Estados Unidos desde 2023
Según los datos recopilados por el Data Deportation Project, en los últimos cinco años fiscales, Estados Unidos ha deportado a cientos de migrantes de otros países a Ecuador. El 23% de los enviados tiene antecedentes criminales.
El 8 de septiembre de 2026, Markwayne Mullin, secretario de Seguridad de Estados Unidos, anunció una deportación de extranjeros a Ecuador.
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X / @SecMullinDHS
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El reciente anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre deportaciones a Ecuador contrasta con datos oficiales, que prueban que el envío de extranjeros al país no es nuevo, sino una práctica que lleva varios años.
Registros del Data Deportation Project confirman que personas de 14 nacionalidades han sido enviadas a suelo ecuatoriano. De este grupo, el 23% registra antecedentes penales o cargos judiciales pendientes en territorio estadounidense.
Esta dinámica se ampara, desde 2025, en acuerdos de asilo cooperativo y canjes de notas diplomáticas suscritos por Washington y el Gobierno del presidente Daniel Noboa.
En medio de la recepción de migrantes, Ecuador ha recibido asistencia en seguridad, beneficios arancelarios y el despliegue de tropas militares norteamericanas.
El anuncio y los acuerdos previos
El 8 de septiembre de 2026, a las 14:33, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, posteó en X el mensaje: "Próxima parada Ecuador".
Según reportes de prensa, se trataría del primer envío de extranjeros deportados por Estados Unidos hacia Ecuador, tras ser calificado como un "Tercer país seguro".
El 16 de julio de 2025, Ecuador y Estados Unidos firmaron un Acuerdo de Asilo Cooperativo (ACA, por sus siglas en inglés) establecido mediante una nota diplomática estadounidense del 16 de julio de 2025 y la nota de respuesta ecuatoriana del 23 de julio de 2025.
El convenio estipula que Estados Unidos puede trasladar a Ecuador a ciudadanos de terceros países que busquen protección internacional, reservando a Ecuador la facultad discrecional de aceptar las solicitudes.
El texto excluye el traslado de menores no acompañados y compromete a Ecuador a respetar el principio de no devolución (non-refoulement), obligándose a no retornar a las personas a sus países de origen hasta que concluya el trámite de sus solicitudes.
El pacto generó contradicciones públicas en cuanto a su alcance. En septiembre de 2025, la entonces canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, aseveró que el acuerdo fijaba un límite máximo de 300 solicitantes de asilo por año, restringido a ciertas nacionalidades, sin antecedentes penales y con buen estado de salud.
El 7 de mayo de 2026, los países firmaron un nuevo convenio. A diferencia del convenio de asilo de 2025, este nuevo entendimiento estableció que Ecuador brindará "procesamiento migratorio adecuado para el traslado de nacionales de terceros países a su país de origen, residencia u otro destino".
Los datos contrastan
Third Country Deportation Watch, un proyecto de investigación y monitoreo desarrollado por las organizaciones Refugees International y Human Rights First, reportó en junio de 2026 que hasta ahora se contabilizó el traslado físico de 121 personas a Ecuador en el marco del ACA.
Sin embargo, la base de datos compilada por el Data Deportation Project, obtenida mediante litigios amparados en la Ley de Libertad de Información (FOIA), muestra que las remociones de Estados Unidos de personas no ecuatorianas a Quito se han dado, al menos, desde febrero de 2023.
El primer registro corresponde a un ciudadano de Egipto de 27 años, expulsado desde San Antonio, Texas, bajo la categoría legal de Orden Final Restablecida y clasificado como condenado por delitos.
Los documentos abarcan traslados de ciudadanos procedentes de 14 países: Egipto, Nicaragua, El Salvador, México, Honduras, Jamaica, Venezuela, Perú, Colombia, Guatemala, Cuba, España, Chile y Panamá.
Además, los datos muestran que el 23% de los extranjeros deportados a Ecuador tienen antecedentes penales condenatorios o mantienen causas penales abiertas en Estados Unidos. Aunque los detalles no son públicos.
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