El Gobierno Nacional acusa a la correísta 'Liga Azul' de intentar "apoderarse del control del sistema financiero" de Ecuador

El Ministerio de Gobierno, en un comunicado en sus redes sociales, manifestó este 22 de enero que la llamada ‘Liga Azul’ del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) "intentó tomarse la Superintendencia de Bancos" al nombrar "una nueva autoridad a dedo".

El Gobierno reacciona de esta forma a lo ocurrido este miércoles, cuando la 'Liga Azul', afín al correísmo, decidió revocar la designación de Roberto Romero von Buchwald para la Superintendencia de Bancos, quien encabezó la terna enviada por el presidente Daniel Noboa. 

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En su lugar, el pleno del CPCCS decidió ratificar la designación de Raúl González Carrión como superintendente de Bancos para el período de 2022-2027.

Raúl González Carrión había sido designado Superintendente de Bancos por el Cpccs en 2022, con votos de los entonces consejeros David Rosero, Juan Javier Dávalos, Francisco Bravo, afines al correísmo, y el de Sofía Almeida. Su nombre estaba en la terna enviada por el entonces presidente Guillermo Lasso.

Pero su designación y posterior posesión en la Asamblea Nacional fue anulada por una acción de protección. González ganó parcialmente en diciembre de 2024 una acción extraordinaria de protección de la Corte Constitucional, la cual afirmó que no debían prohibirle asumir el cargo. Sin embargo, la Corte señaló que esto "no implica la afectación a ninguna situación o proceso que se haya consolidado respecto de la elección de la autoridad de Superintendente de Bancos".

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Para el Gobierno, la mayoría del  Cpccs ignoró las disposiciones de la Corte.

En el comunicado del Ministerio del Gobierno, se resaltó que los miembros de la Liga Azul no son jueces constitucionales para "afectar la sentencia" de la Corte Constitucional, la cual tampoco no está en firme.

De esta manera, el Gobierno expresó que este intento de tomarse el control del sistema financiero es un riesgo para la “lucha contra el narcotráfico, las mafias políticas que los protegen y sus fuentes de financiamiento”.