751 bienes inmuebles pueden servir para saldar las deudas del Ejecutivo ¿dónde están y cuánto cuestan?

La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) se encarga de administrar los bienes muebles e inmuebles que llegan a manos del Estado central, por diversos motivos. Y, con el paso de los años, ahora cuenta un catastro de alrededor de 5.200 bienes.

Esto, sumado a la falta de recursos públicos, hizo que el gobierno del presidente Daniel Noboa decidiera utilizar esos bienes como parte de pago de las deudas internas que mantiene el Ejecutivo. Para esto, el Mandatario firmó el decreto 282, el 18 de mayo de 2024.

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Y el 22 de julio, Inmobiliar determinó que 751 bienes inmuebles, avaluados en USD 70 millones, cumplían con las características necesarias para ser entregados en dación de pago, por ejemplo, a los gobiernos locales y al Instituto de Seguridad Social Ecuatoriana (IESS).

Sin embargo, esto depende de que los acreedores acepten las propuestas que deberá plantear el Ministerio de Finanzas. Y, solo una vez que se comuniquen los acuerdos alcanzados, el personal de Inmobiliar podrá iniciar con la transferencia de los dominios.

De entre tantos bienes, ¿por qué se escogieron solo 751?

Inmobiliar administra todos los bienes del Estado, que no pertenecen a ninguna institución, y se dividen en dos categorías: permanentes y transitorios.

Los catalogados como permanentes son aquellos que sí son utilizados por instituciones públicas o para servicios a la ciudadanía y suman 34 en total, con un avalúo de más de USD 328,8 millones. Estos no son susceptibles de venta.

En esa lista están las dos plataformas gubernamentales de Quito, que son además las más costosas, ocho centros de atención ciudadana, nueve parques públicos, ocho edificios, el centro de seguridad integrado de Machala y seis puertos pesqueros artesanales.

Pero la lista más grande —y que no para de crecer— es la de bienes transitorios. Se trata de distintas edificaciones, casas, terrenos, bodegas, parqueaderos y otro tipo de bienes, que han sido parte de fideicomisos, de entidades públicas improductivas y de instituciones en liquidación.

Pero las propiedades transferidas de estas dos últimas categorías, según los listados de Inmobiliar, son mínimas. La mayoría de bienes que tiene esa institución provienen del Banco Central del Ecuador, es decir, de la banca cerrada y de los fideicomisos entregados como pago.

Y también hay algunos casos de herencias con bienes sin testamento ni familiares que las reclamen.

Todos estos son los que se pueden vender, subastar, entregar a otras instituciones, arrendar, alquilar o, en este caso, darse como parte de pago para saldar las deudas del Ejecutivo. 

Pero para esto, Pamela Álvarez, subsecretaria de Administración de Bienes, explica que los inmuebles deben pasar por distintos análisis legales, técnicos y administrativos. Es decir, comprobar que estén en buenas condiciones, que puedan ser útiles a los acreedores y que no tengan prohibiciones legales.

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Y esa no es la regla en todos los bienes que ha ido heredando Inmobiliar desde hace años. Para que puedan entrar en las negociaciones que quiere el Gobierno, necesitan estar en condiciones buenas o regulares, aclara Álvarez.

Además, de plano quedan descartados los cientos de bienes inmuebles que se encuentran atrapados en procesos judiciales.

Sin embargo, en el caso de tener problemas de enajenación (para ejecutar la transferencia), dichos bienes sí pueden ser considerados para entregarse para uso de otras instituciones públicas o arrendamiento, hasta que se subsanen los problemas jurídicos.

Mientras que el subsecretario de Regularización y Comercialización de Bienes, Alexis Zapata, agrega que para esta lista también se consideraron los inmuebles con los mayores precios o avalúos, ya que estos suelen quedar rezagados en las subastas, porque la ciudadanía no los puede adquirir. Pero sí podrían ser útiles para los proveedores a los que adeuda el Estado, como Solca, por ejemplo.

Es por eso que la elaboración del listado es limitada y tomó más de dos meses. Ahora restar esperar a conocer cuántos acreedores aceptan esta forma de compensación del Ejecutivo, para saldar una parte o el total de sus deudas.