Si el Presidente promulga la Ley Antipillos, "sería un acto dictatorial y un delito", dice secretario de la Asamblea

La disputa entre Asamblea y Ejecutivo por la 'ley Antipillos' continúa este 29 de noviembre. En un nuevo capítulo de la pugna entre ambos poderes del Estado, el secretario del Legislativo, Alejandro Muñoz, indicó que ya enviaron la resolución del archivo de la norma al Registro Oficial de Ecuador.

El nombre completo de la norma es proyecto de ley para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, y había sido enviada a la Asamblea por el presidente Daniel Noboa con el carácter de económico urgente. 

Pero tras una sesión de primer debate, el Pleno decidió archivarla y negarla con 84 votos, entre los que constan las bancadas de Revolución Ciudadana, Construye y PSC. 

Con el envío del archivo de la ley, aseguró Muñoz, quedaría zanjada la polémica, puesto que el Ejecutivo no podría publicar la norma utilizando el recurso del Ministerio de la Ley, como había bajarado el ministro de Gobierno, José de la Gasca, en una entrevista radial. 

"Ya se encuentra publicada en al Registro Oficial, la resolución del archivo de la Ley. Si el presidente (Daniel Noboa) decide promulgarla por el Ministerio de la Ley, como primera medida el Registro Oficial estaría impedido de publicar la norma", explicó Muñoz. 

Además, indicó que si el Mandatario insiste en publicar o promulgar una ley "que ha sido expresamente negada y archivada en procedimiento ordinario como manda la Constitución por la Asamblea, sería un acto de facto, dictatorial y un delito". 

De acuerdo con Muñoz, cuando el Ejecutivo habla de recurrir al Ministerio de la Ley, "estaría usurpando y simulando funciones de la Asamblea", lo que podría conllevar a consecuencias jurídicas. 

En el oficio enviado al Registro Oficial, con fecha del 28 de noviembre, el secretario de la Asamblea sostiene que el Pleno trató la ley y se pronunció sobre esta en el plazo establecido por la Constitución. 

Aunque para el ministro De la Gasca, la Asamblea más bien habría cometido una inconstitucionalidad al aprobar la moción de negación y archivo del proyecto antes del tiempo que establece la Ley de la Función Legislativa, sin haber llegado a segundo debate.

Esta 'ley Antipillos' contenía entre otros puntos un impuesto progresivo de entre 0,75% y 4,75% para la compra de carros usados.