Ley sobre gastos de los GAD y reforma minera suman 19 demandas de inconstitucionalidad en Ecuador

Al igual que otras leyes económicas urgentes del presidente Daniel Noboa, la de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la de Fortalecimiento de los Sectores Estretégicos de Minería y Energía empiezan a acumular demandas de inconstitucionalidad.

La primera suma 15 demandas, desde su publicación en el Registro Oficial, el 21 de febrero de 2026, y la segunda cuenta ya con cuatro acciones en su contra, desde su entrada en vigencia, el 2 de marzo. Además, diversos grupos han anunciado que plantearán nuevas demandas ante el máximo tribunal del país.

Esto debido a que, con la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, otros sectores sociales, económicos y políticos ven a la Corte Constitucional como la última posibilidad de frenar las medidas del Ejecutivo que consideran inconstitucionales.

Así ocurrió en 2025, aunque tomó tiempo, la Corte puso un freno a las cuestionadas leyes de Solidaridad Nacional e Integridad Pública. Inicialmente ordenaron medidas cautelares a varios artículos y, finalmente, las dieron de baja por haber sido aprobadas de incumpliendo la Ley Legislativa y la Constitución.

Ese mismo es el escenario al que aspiran los demandantes que han llegado hasta la institución para exigir un pronunciamiento frente a las leyes sobre los gastos de gobiernos locales y de minería. La mayoría acusa a la Asamblea de haber incurrido en inconstitucionalidades de forma y fondo.

La polémica de las leyes

La Ley Reformatoria al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, más conocida como Ley de los GAD cambia un artículo clave relacionado con las trasferencias del Gobierno Central a los gobiernos seccionales (prefecturas, municipios, parroquias).

La nueva ley establece como regla para la entrega de recursos la obligación de los GAD de asignar ‘al menos el 70% del presupuesto anual a gasto de inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes y activos públicos para la prestación de servicios básicos’.

La reforma se produce a 15 años de aprobado el Cootad, en agosto del 2010. Este documento ya contemplaba reglas porcentuales para el uso de los recursos por parte de los GAD, esto es el 30% para gastos permanentes (administrativos, salarios) y el 70% para gastos no permanentes relacionados con sus competencias (inversión, obras públicas, mantenimiento, servicios básicos).

No obstante, la nueva Ley condiciona la entrega de las asignaciones gubernamentales a este cumplimiento y obliga a que los GAD presenten un reporte trimestral de sus gastos. En caso de incumplimiento establece que el Gobierno aplicará las reducciones económicas señaladas en la Constitución.

Los sectores que se oponen a la normativa sostienen que, además de los vicios de forma en su tratamiento, la Ley de GAD provocará un recorte en las asignaciones presupuestarias en los gobiernos locales, lo que impactaría directamente a la política social de municipios y prefecturas.

Mientras que la Ley para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de Minería y Energía, según el oficialismo, busca reforzar la rectoría del Estado, precisar competencias institucionales y regular los actos administrativos previos a la actividad minera.

Además pretende actualizar el régimen de patentes de conservación y etapas de exploración y explotación, e incorporar un nuevo capítulo sobre fomento y promoción de la inversión, grupos mineros y áreas con protección de seguridad estratégica.

La reforma permite la extracción de materiales de construcción en el Archipiélago, pero fuera del Parque Nacional Galápagos, algo criticado por grupos ambientalistas.

Por otra parte, en el ámbito energético, la normativa incorpora cambios a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en temas de generación distribuida, autoabastecimiento y distritos autónomos energéticos. Así como establece la participación excepcional de empresas privadas, estatales extranjeras y de la economía popular y solidaria.

Varias organizaciones ambientalistas han planteado críticas por la reducción de permisos o la militarización de zonas mineras, así como consideran que el proyecto no se debatió lo suficiente.