Leyes de Solidaridad, Integridad e Inteligencia ya suman 18 demandas en la Corte Constitucional

La Corte Constitucional registra 18 demandas de inconstitucionalidad en contra de las tres leyes aprobadas por la Asamblea Nacional durante los primeros meses del Gobierno de Daniel Noboa; dos de ellas con el carácter de económico urgente.

Las impugnaciones han aumentado en la última semana, especialmente, contra la Ley de Integridad Pública.

Según el registro oficial de causas, actualizado hasta el 9 de julio de 2025, las demandas se distribuyen así:

• 11 demandas contra la Ley de Integridad Pública.
• 6 demandas contra la Ley de Solidaridad Nacional.
• 1 demanda contra la Ley de Seguridad Integral y Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia.

Solo entre el 7 y el 9 de julio se han presentado ocho demandas. Entre los demandantes constan organizaciones sindicales, gremios académicos, colectivos sociales, abogados constitucionalistas y defensores de derechos humanos.

Algunos de los demandantes son el Parlamento Laboral Ecuatoriano, la Federación Nacional de Servidores Universitarios del Ecuador, el Colegio de Abogados de Pichincha.

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Los cuestionamientos abarcan tanto el fondo como la forma de las leyes. En el caso de la Ley de Integridad Pública, por ejemplo, las demandas apuntan a presuntas violaciones a la autonomía universitaria, la libertad sindical y al principio de legalidad.

Mientras que la Ley de Solidaridad es objetada, entre otras cosas, por introducir reformas tributarias sin un análisis económico suficiente y por establecer contribuciones que, según los demandantes, no diferencian adecuadamente entre la capacidad económica de los ciudadanos.

Es decir, reclaman que personas con ingresos bajos y medios podrían verse afectadas en la misma proporción que quienes tienen altos ingresos, lo cual (según argumentan) va en contra del principio de progresividad fiscal.

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Una sola causa, hasta el momento, se dirige contra la Ley de Inteligencia, por el posible riesgo de vulnerar los derechos a la intimidad y al debido proceso.

Este escenario jurídico se desarrolla en paralelo a un creciente malestar social. Diversos sectores sindicales, de trabajadores públicos y estudiantes han convocado a movilizaciones para las próximas semanas, exigiendo a la Corte que declare la inconstitucionalidad de las reformas y pida su archivo.

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Aún no hay fechas definidas para la resolución de fondo de las causas, pero los jueces sorteados ya iniciaron el trámite de admisibilidad.

La Corte Constitucional se enfrenta a una prueba clave, en un contexto en el que sus decisiones podrían tener efectos políticos y fiscales de gran alcance para el Gobierno de Daniel Noboa.

Más demandas contra el Gobierno

Además de las demandas en contra de las tres leyes, este miércoles 9 de julio ingresó una demanda de acción pública de inconstitucionalidad en contra de la resolución para fijar la Tasa de Supervisión y Control de la Agencia de Regulación y Control Minero. La demandante fue la Cámara de Minería del Ecuador.

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Esta tasa de control minero, que está vigente desde el pasado 31 de mayo, ya sumaría tres demandas de inconstitucionalidad.