Narcotraficantes y funcionarios corruptos estuvieron en la cartera de clientes de Mario Godoy y su círculo íntimo

La reciente denuncia sobre presuntas presiones judiciales que apuntan a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, y a su círculo familiar y laboral ha cobrado una nueva dimensión. Ahora, los reflectores se posan directamente sobre el historial profesional de Godoy y su 'mesa chica'.

Lo que inició como una alerta sobre las presiones ejercidas por Henry Gaibor, exdirector de la Judicatura en Pichincha, hacia el juez Carlos Serrano —quien sentenció al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan—, ha desencadenado una serie de reacciones que podrían derivar, incluso, en un juicio político.

En el centro de la controversia no solo figura la gestión actual de Godoy en el organismo, sino su  trayectoria y de su esposa, Dolores Vintimilla. Junto a sus socios legales, ambos consolidaron parte de su carrera en los tribunales asumiendo la defensa de perfiles vinculados al narcotráfico y a operadores de justicia procesados por corrupción.

Esta dualidad entre la defensa en casos de alto perfil delictivo y la actual dirección del sistema judicial fue criticada, entre otros, por el abogado Felipe Rodríguez, quien destapó inicialmente las irregularidades del caso Serrano en una columna publicada en PRIMICIAS.

“Todo abogado tiene derecho a elegir sus casos, pero lo que no tiene derecho un abogado —que está relacionado con el crimen organizado— es dirigir el máximo organismo que busca luchar contra el crimen organizado”, dijo Rodríguez en el programa De lunes a lunes de Teleamazonas.

Godoy y los hermanos Larrea

Mario Godoy, según el sistema de la Contraloría General del Estado, ha estado ligado profesionalmente, sobre todo, al sector público. Entre 2015 y 2021 laboró para el CNE, la Asamblea Nacional y ocupó  varios cargos durante el gobierno de Rafael Correa. Pero antes, se relacionó con dos supuestos narcotraficantes que trabajaron con el Cartel de Sinaloa: los hermanos Larrea Cruz.

Incluso, el nexo entre el actual presidente del Consejo de la Judicatura y Eduardo y Juan Pablo Larrea Cruz no se circunscribe únicamente a una relación jurídica, sino que se cimentó en lazos familiares que se mantuvieron vigentes hasta 2018, año en que Mario Godoy se divorció de María Isabel Larrea Cruz, hermana de los involucrados. 

Sin embargo, antes de esa separación conyugal, Godoy tenía un rol protagónico en la defensa pública de sus cuñados durante el primer gran escándalo que sacudió a la familia. Fue en agosto de 2014, cuando la DEA incautó en Estados Unidos tres aeronaves de la compañía Sky Jet Elite Corp., bajo la sospecha de que eran utilizadas para el transporte de drogas y dinero no declarado. 

Mientras medios nacionales e internacionales como Univisión replicaban las investigaciones sobre vuelos irregulares sin pasajeros, Mario Godoy apareció públicamente en un intento de contención de la crisis.

En calidad de abogado en libre ejercicio y presentándose como "uno de los voceros oficiales de los señores Juan Pablo Larrea y Eduardo Larrea", remitió cartas de rectificación a medios como El Comercio. 

En dichas comunicaciones, y acompañado de la defensa jurídica en ruedas de prensa, Godoy desmintió las acusaciones, defendió la inocencia de los empresarios y negó que las aeronaves hubieran operado en rutas vinculadas al narcotráfico, alegando que las incautaciones respondían a malos entendidos.

Esa defensa jurídica y familiar de 2014 contrasta con el desenlace criminal que envolvió a los hermanos Larrea años más tarde, confirmando las sospechas iniciales de las agencias antidrogas.

Eduardo Larrea, quien fungió como subdirector de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) durante el gobierno de Rafael Correa, fue detenido en junio de 2019 y acusado de delincuencia organizada y de ser el cabecilla de una red que enviaba droga a México en coordinación con el Cártel de Sinaloa, utilizando incluso la Base Aérea de Manta. 

Apenas tres meses después, en septiembre de 2019, su hermano Juan Pablo —a quien Godoy defendió públicamente años atrás— fue capturado en Belice tras aterrizar una avioneta King Air cargada con 1.347 kilos de cocaína. Las investigaciones revelaron una sofisticada estructura que incluía a funcionarios de la DGAC y militares para "limpiar" vuelos y facilitar el acopio de alcaloides.

Lo que resulta inquietante en la actualidad es el rastro documental de estos hechos bajo la Judicatura, que hoy preside Godoy. En el Sistema de Consultas de la Función Judicial, plataforma gestionada por el organismo, los registros sobre los procesos de los hermanos Larrea presentan vacíos inexplicables.

La información sobre el caso de delincuencia organizada relacionado con el narcotráfico está incompleta; el expediente digital se interrumpe abruptamente y, en un giro anómalo del sistema, se mezcla y cambia por un caso totalmente ajeno por el delito de ataque o resistencia con otros procesados sin relación alguna. 

Vintimilla y los socios de Invictus

El centro de operaciones de Godoy, Vintimilla y sus socios es Invictus Law Group. Aunque el bufete operaba desde años atrás, se constituyó oficialmente en Quito el 5 de mayo de 2022, con cuatro socios fundadores: Mario Godoy, su actual esposa María Dolores Vintimilla, José Carlos García y Christian Rosero.

Desde 2024, toda la estructura societaria cambió. Actualmente, Vintimilla es la dueña del 75 % del bufete y el porcentaje restante es de Rosero. Godoy, García y Jorge Carrillo, otro socio que se sumó en un segundo momento, vendieron sus acciones cuando se incorporaron a la función pública.

Al revisar expedientes de casos judiciales relacionados con los abogados de Invictus, se evidencia que lo revelado en el caso del juez Serrano no es nuevo. Srdan fue defendido en la investigación previa por la propia Dolores Vintimilla y su socio Christian Rosero. 

Aunque Vintimilla alegó haberse apartado del caso tras su matrimonio con Godoy, el patrón de defensa a figuras del crimen organizado es de larga data. 

En abril de 2018, Vintimilla y García —el exprocurador de Petroecuador que reemplazo a Godoy en ese cargo— asumieron la defensa de Jorge Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’, líder histórico de Los Choneros, logrando que la Corte Nacional anulara una sentencia de asesinato en su contra. 

Esta gestión jurídica fue el preludio para la liberación irregular de ‘Rasquiña’ en 2020. No fue un caso aislado. Vintimilla también interpuso recursos de revisión para Adolfo Macías, alias ‘Fito’, y su hermano Javier Macías, consiguiendo resultados favorables para la cúpula de la banda.

El círculo se cerró cuando el juez José Tamayo Arana, quien liberó a ‘Rasquiña’, fue procesado por prevaricato. Su defensa fue asumida por Vintimilla y Jorge Carrillo, el actual asesor de Godoy. Tamayo fue sentenciado a tres años de cárcel.

La defensa del juez Tamayo no fue la primera coincidencia profesional entre Vintimilla y Carrillo. Según sus propios perfiles laborales, ambos compartieron formación  en la firma dirigida por el abogado Luigi García Cano.

La figura de García Cano cobró notoriedad pública en 2019, cuando en una entrevista con el portal Plan V se autodefinió como "la única persona que puede decir que existen vínculos entre José Serrano y el narcotráfico", refiriéndose al exministro del Interior del correísmo.

El relato de García Cano, exjefe de los actuales socios de Godoy, dibuja un escenario donde el poder político gestionaba defensas para capos de la droga. Según su denuncia, en mayo de 2017, se reunió con Serrano en un hotel del norte de Quito. En ese encuentro, el exministro habría realizado una llamada telefónica directa a Washington Prado Álava, alias 'Gerald' -el primer narcotraficante ecuatoriano extraditado a Estados Unidos y socio estratégico de Los Choneros-. 

La instrucción de Serrano al capo fue clara: le indicó que García Cano era "la persona idónea" para asumir su defensa y la de su esposa. Siguiendo esa directriz, el abogado viajó a Colombia, donde 'Gerald' estaba detenido, para asumir su representación legal durante tres meses.

Pasando del crimen organizado a la corrupción, Vintimilla y Carrillo defendieron a la exvocal de la Judicatura Ruth Barreno en los casos de obstrucción a la justicia y tráfico de influencias, denominados Vocales e Independencia Judicial. Barreno ya fue sentenciada a nueve años de cárcel en el segundo proceso.

Asimismo, el bufete Invictus promocionó como un éxito la defensa de María Sol Larrea, exfuncionaria del IESS con múltiples sentencias por corrupción. En 2021, Vintimilla logró que un tribunal ratificara la inocencia de Larrea en un proceso por lavado de activos, argumentando fallas de la Fiscalía, a pesar de las condenas previas por peculado que pesaban sobre su cliente.