La ONU afirma que en Ecuador no existe un conflicto armado y critica los argumentos del Gobierno sobre terrorismo

Los expertos de la ONU apuntan a las reformas a los artículos 366 y 367 del Código Integral Penal (COIP), que tratan sobre las sanciones por terrorismo y los delitos de financiamiento del terrorismo. Y señalan al oficialismo por haber planteado definiciones "excesivamente amplias", lo que permite la criminalización de conductas que pueden no ser terrorismo.

Eso permite "aplicaciones arbitrarias y abusos", afirman, lo que puede derivar en violaciones del derecho a la libertad personal, por "acusaciones vagas y desproporcionadas".

Los relatores señalan también que la legislación ecuatoriana debe "excluir expresamente los actos de defensa, protesta, disidencia o acción sindical", ya que sería "innecesario y desproporcionado estigmatizar y castigar más severamente esa conducta como terrorismo". Esto choca directamente con el discurso de que los manifestantes u organizaciones sociales son terroristas.

Tambien señalan con alarma las "penas mínimas extremadamente elevadas" que planteó el presidente Noboa para estos delitos, después de su consulta popular de 2024. Y las consideran incompatibles con el principio de proporcionalidad de la sentencia (porque impide la rehabilitación) y de discrecionalidad judicial (porque no permite al juez calibrar la gravedad real de la conducta).

En su momento, cuando varios legisladores apuntaron al Ejecutivo por ignorar la dosimetría penal, el Mandatario los acusó de ignorar la voluntad popular y legislar a favor de los delincuentes, por lo que las reformas enviadas por Noboa se terminaron aprobando sin ninguna modificación. 

Con preocupación, los relatores de la ONU piden al Gobierno que reforme la Ley de Inteligencia e incluya "una supervisión eficaz, la rendición de cuentas y salvaguardias para proteger el derecho humano a la privacidad". Ya que, como está redactada, puede vulnerar la Declaración Universal de Derechos Humanos, el PIDCP y la Convención Americana de Derechos Humanos.

En el documento, los relatores acusan a la Ley de Inteligencia, aprobada por el oficialismo en la Asamblea, de incumplir los requisitos fundamentales de legalidad, certeza y previsibilidad, así como de tener poco control judicial.

Sostienen que la Ley no regula de manera exhaustiva las facultades de inteligencia, permite que el Primer Mandatario cree subsistemas a su discreción, que los organismos emitan sus propios principios sin control externo y no exige cualificaciones mínimas para designar al titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que está en manos de un amigo personal del presidente Noboa.

Otras falencias, incompatibles con el derecho internacional, son la autorización del camuflaje y la infiltración y la vigilancia electrónica sin orden judicial. Además, la obligación a los organismos públicos y privados de entregar información, y la ausencia de excepciones, garantías y procesos de eliminación de los datos interceptados.

Todo esto plantea "graves riesgos de uso indebido del sistema de inteligencia con fines políticos", a lo que se suman preocupaciones por la incineración de información, la reserva de las sesiones de rendición de cuentas y la apertura para que cualquier información pueda ser clasificada como secreta o ultra secreta sin revisión externa.

Los expertos recomiendan que se garantice que las personas cuyos derechos puedan haber sido violados por los servicios de inteligencia puedan presentar denuncias ante una institución independiente y obtener recursos efectivos.

Asimismo, los relatores señalan falencias en cuanto a la supervisión de los mecanismos de inteligencia; consideran que estos deben ser independientes, eficaces e imparciales, con acceso pleno y sin trabas a la información, y que se debe garantizar la transparencia cuando proceda y la rendición de cuentas.

Los relatores explican al Gobierno que el "terrorismo y delincuencia organizada son fenómenos distintos, regidos por marcos jurídicos diferenciados, que no deben confundirse ni aplicarse de forma intercambiable".

Y critican las designaciones del Ejecutivo de grupos terroristas, ya que pueden "utilizarse como paso previo para justificar medidas ilegales, incluida la utilización ilícita de la fuerza, así como restricciones innecesarias o desproporcionadas a los derechos humanos con el fin de perseguir objetivos ilegítimos".

Además, los expertos desarman los argumentos del Gobierno para utilizar procedimientos y protocolos del derecho internacional humanitario para impulsar su declaración de un conflicto armado interno. Y reiteran lo que ya ha dicho la Corte Constitucional: que la existencia de este tipo de conflictos no se activan por una declaración del Ejecutivo.

"La amenaza planteada por los grupos criminales en Ecuador no cumple ninguno de estos criterios", enfatizan los relatores de la ONU, al recordar que se requiere de un nivel de intensidad de violencia armada que exceda actos esporádicos y un grado de organización del grupo armado para conducir operaciones sostenidas, como lo establecen los Convenios de Ginebra.

Por lo tanto, advierten que "en ausencia de un conflicto armado, las autoridades ecuatorianas no tienen base en el derecho internacional para aplicar normas del derecho internacional humanitario", que utilizó el presidente Noboa para sostener su derogada Ley de Solidaridad Nacional.

Los prolongados estados de excepción, la habilitación del uso letal de la fuerza y la expansión del rol militar en Ecuador es otro de los ámbitos de preocupación de los expertos de la ONU, porque afirman que eleva el riesgo de violaciones de derechos humanos.

"Las preocupaciones de seguridad nacional no pueden, en ningún caso, justificar el uso ilegítimo, arbitrario o desproporcionado de la fuerza", sostienen. Y destacan que la ausencia de mecanismos efectivos y específicos de rendición de cuentas o controles civiles externos tras los estados de excepción es un problema.

"La frecuencia y aparente normalización de los estados de emergencia a nivel nacional y local, el uso recurrente de la noción de “conflicto armado interno” como fundamento de tales medidas y el insuficiente acatamiento de las decisiones de la Corte Constitucional" es de profunda preocupación para los relatores, por las restricciones significativas y desproporcionadas de la libertad de circulación, asociación y reunión.

"El derecho internacional no permite restricciones indefinidas ni la suspensión prolongada de derechos y libertades fundamentales", recuerdan en la carta enviada al presidente Noboa, porque -argumentan- en la práctica los estados de excepción permanentes plantean "graves riesgos para la protección efectiva de los derechos humanos".