El plan de eficiencia del Gobierno apuesta por una suerte de nuevos 'superministros'
De los ministros que iniciaron el actual periodo de Gobierno con el presidente Daniel Noboa, siete dirigirán las nuevas 'mega instituciones' que absorbieron a otras entidades.

El presidente Daniel Noboa en un evento con los agentes de seguridad penitenciaria en Guayaquil, el 7 de agosto de 2025.
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El plan de eficiencia del Gobierno terminó creando unas mega instituciones, que absorbieron las competencias de una, dos o hasta tres otros ministerios y secretarías. Así, los decretos ejecutivos del 14 de agosto redujeron el gabinete ministerial de Daniel Noboa en un 41%.
Sin embargo, ni los plazos ni rumbos que tomarán estas fusiones han sido transparentados por el Ejecutivo. La encargada de liderar el proceso es Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración Pública, quien ostenta el cargo más poderoso por debajo del Primer Mandatario y sigue acumulando competencias.
Nadie ha dicho qué pasará con el personal y las sedes de las ahora extintas secretarías de Educación Superior, Planificación, Desnutrición Crónica Infantil o los ministerios de Ambiente, Derechos Humanos, Vivienda, Turismo, Cultura o Deportes.
Tampoco hay anuncios oficiales sobre los ministros y secretarios que ocupaban los despachos de esas instituciones, con salarios de USD 4.463 mensuales. Lo único que se conoció a través de redes sociales fue que los antes ministerios ahora cambiaron sus nombres de usuarios en redes sociales a "viceministerios".
Y, de momento, tampoco ha habido ninguna renuncia de los ministros y secretarios que perdieron su rango y que, a partir de este mes, deberían pasar a recibir remuneraciones de USD 4.283 y perder los otros privilegios que venían con el rango.
Estas nuevas mega estructuras administrativas se asemejan, en concepto, a la figura de los ministerios coordinadores del correísmo, que fueron eliminados por Lenin Moreno.
Aunque ahora, los ministerios de Educación, Gobierno, Energía, Transporte, Interior, Inclusión, Agricultura y Producción, así como la Secretaría de Administración Pública, absorberán las competencias, deudas, personal y activos de las que perdieron su autonomía.
Estas entidades que se fusionan gastan USD 723 millones al año y tienen 13.810 empleados. Sin contar los bienes muebles e inmuebles e incluso procesos legales pendientes, que deberán pasar a las nuevas administraciones.
Y, pese a que la vocera presidencial, Carolina Jaramillo, dijo que el Gobierno estima que el proceso tome entre tres y seis meses para ejecutarse, las experiencias previas muestran lo contrario.
Las frecuentes fusiones y escisiones de las carteras de Interior y Gobierno generaron un problema administrativo, financiero y legal que se arrastró durante dos años, incluso durante la administración inicial de Noboa. Y ninguna de las dos entidades ha confirmado, hasta la fecha, si finalmente pudieron separar el patrimonio de cada una.
Es por eso que la anunciada fusión, que viene acompañada de desvinculaciones masivas, provoca cuestionamientos sobre los pasos y objetivos del plan de eficiencia y la prestación de servicios y cumplimiento de deberes que tiene cada ministerio y secretaría. Sin contar que, varias de esas entidades, arrastran extendidas crisis sin resolver.
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