La condena a militares en el caso Las Malvinas deja al descubierto las grietas de la estrategia de 'mano dura' del Gobierno

Un escueto comunicado de 10 líneas fue la respuesta del Ministerio de Defensa de Ecuador, después de la condena de más de 34 años a 11 militares, y 30 meses a otros cinco, por la desaparición forzada de los cuatro niños guayaquileños: Josué e Ismael Arroyo; Nehemías Arboleda, y Steven Medina.

Un año atrás, el Gobierno defendía a las Fuerzas Armadas e, incluso, Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, sostuvo que los menores habían sido desaparecidos por "grupos delincuenciales". Las teorías iniciales desde el régimen por lo sucedido ese 8 de diciembre de 2024 apuntaban a un posible secuestro, un falso operativo militar y una extorsión.

El 21 de diciembre de 2024, acompañado por los entonces ministros de Gobierno, José de la Gasca, y del Interior, Mónica Palencia, así como por los mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, Loffredo fustigó a quienes advertían una posible desaparición forzada de los menores a manos de agentes del Estado, acusándolos de ‘hacerle el juego al crimen organizado y a las mafias”. 

Ante la conmoción social en Guayaquil y en el país entero, el presidente Daniel Noboa hizo una aparición digital, el 22 de diciembre, para contar que había ordenado tomar acciones para dar con el paradero de los menores de edad y para que se encuentre a los responsables.

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Sin embargo, los videos, testimonios y versiones sobre el caso empezaron a chocar inmediatamente. Y el 23 de diciembre de 2024 el Ministro cambió de versión y culpó a los cuatro niños de haber cometido un supuesto delito. Así, confirmó que habían sido aprehendidos por una patrulla militar, porque estaban "robándole a una mujer".

Esa nueva teoría, compartida por los simpatizantes del Gobierno, causó revuelo y debate durante semanas en la opinión pública, dividiendo a la ciudadanía entre quienes defendían a las Fuerzas Armadas y quienes exigían justicia para los desaparecidos y sus familias.

Y ese mismo día el presidente Noboa habló públicamente del caso por única vez, en uno de sus programas radiales de confianza. "No vamos a encubrir a nadie", dijo y sugirió que "los cuatro chicos sean declarados como héroes nacionales".

Pero, a finales de diciembre de 2024, Loffredo amenazó a la jueza Tanya Loor, que declaró la desaparición forzada de los niños, durante el operativo militar, y ordenó varias medidas de reparación, entre ellas que el Ministerio pida disculpas públicas a las víctimas indirectas en una cadena nacional. 

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Esa fue la tarima que utilizó ese funcionario, el 6 de enero de 2025, para hablar del "horror, el terror y la máxima degradación posible" del caso, para defender al Ejecutivo, para advertir a Loor que trabajaría para sancionarla y para declarar al "uso de la narrativa de los derechos humanos como instrumento de persecución política".

Puesto a que este siniestro episodio sucedió en medio del impulso del ya olvidado Plan Fénix del Gobierno y su declaratoria de un conflicto armado interno, que legalmente duró tres meses, pero que el régimen sostiene discursivamente hasta ahora.

Esa insistente proclamación de una 'guerra interna' ha sido la base sobre la que el Gobierno ha cimentado sus medidas de 'mano dura', con la militarización de las calles, cientos de detenciones y su irrestricto respaldo a las fuerzas del orden.

Esto se demostró a través de la creación del bloque de seguridad, la construcción de una cárcel de máxima seguridad, la clasificación de bandas como grupos terroristas, el anuncio de indultos para los uniformados y la reserva de los gastos en materia de defensa.

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Esto ha sido duramente criticado por ciertos sectores sociales y por los grupos defensores de derechos humanos, que también han convocado a varias manifestaciones de apoyo a las familias de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, provocando molestias en Carondelet a lo largo del año.

Pero, pese a los esfuerzos de las distintas autoridades del Ejecutivo por esquivar el delito o guardar silencio, el caso Malvinas ha puesto una sombra sobre la gestión del Gobierno del 'nuevo Ecuador'.  Especialmente después de que el mismo Noboa, siendo presidente candidato, se negó a nombrar a los niños y pedir disculpas al país durante el debate presidencial de enero de 2025.

Desde entonces, las respuestas del Ejecutivo alrededor del caso han ido mermando. Incluso cuando, como es usual, un caso de tanto impacto ha provocado reacciones de otras fuerzas políticas y sociales. 

Por ejemplo, en el periodo pasado, la Asamblea Nacional declaró la "responsabilidad política" del ministro de Defensa en el caso de los cuatro niños e inició un enjuiciamiento político contra Loffredo, que no compareció ante el pleno como le obliga la ley.

Pero la reelección de Noboa y el cambio de fuerzas en el Legislativo salvó a Loffredo, el caso fue archivado cuando Acción Democrática Nacional (ADN) tomó control de la Comisión de Fiscalización.

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Mientras tanto, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil continúa con sus denuncias, porque ha ido sumando registros de otras 33 desapariciones a manos presuntamente de militares ocurridas en el contexto del "conflicto armado interno".

A pocos días del aniversario del crimen, el Concejo Municipal de Guayaquil decidió que un parque del sur de la urbe se llame 'Los cuatro niños de Las Malvinas', en homenaje a los menores afrodescendientes que fueron hallados calcinados y con impactos de bala.

Aunque el presidente Noboa, sus ministros y legisladores, dejaron de pronunciarse sobre el caso, no cambiaron su estrategia de 'mano dura'. Al contrario, la han mantenido bajo constantes estados de excepción e intentaron consolidarla con un marco legal que daba aún más competencias y discrecionalidad a las fuerzas del orden, especialmente a los militares.

Las cuestionadas leyes de Inteligencia y Solidaridad Nacional lo demostraron. Ahí Carondelet creó un marco jurídico para respaldar a los uniformados y permitirles 'saltarse' el debido proceso bajo el argumento de luchar contra el crimen organizado.

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ADN celebró la aprobación de estas leyes y el Primer Mandatario cumplió su promesa de inventar un indulto 'anticipado' para los policías y militares en el marco del conflicto interno, para blindarlos de ir a la cárcel, incluso eliminando la prisión preventiva en caso de investigaciones en su contra.

Este guiño fue aprovechado inmediatamente por la mayoría de los militares investigados por la desaparición forzada de los menores, aunque no por el atroz asesinato. Cinco días después de la que normativa entró en vigencia, 11 de ellos plantearon un habeas corpus para revocar su prisión preventiva, mismo que fue negado.

Pero estas reformas oficialistas duraron poco y cayeron ante la Corte Constitucional (CC), que dio de baja la Ley de Solidaridad Nacional, por haber sido aprobada sin respetar el trámite legislativo, contener reformas sin unidad de materia y no permitir el debate democrático del contenido.

Esto desató, una vez más, una reacción desde Carondelet, que intentó responsabilizar a los magistrados por la violencia en el país. Por lo que Noboa, para rescatar sus planes de seguridad, llamó a los ecuatorianos a una consulta popular y referendo, no solo para plasmar sus intenciones en una nueva Constitución, sino para mermar poder a la Corte Constitucional. Pero fracasó.

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Además, en las últimas semanas las contradicciones y confesiones de la mayoría de uniformados pusieron en tela de duda el manejo en general de la situación y del crimen cometido por los 16 militares: un plan para llevarlos a una poza, falta de preparación para tratar con civiles, encubrimientos, videos con evidencia eliminados...

Así, el caso Malvinas se suma a una larga serie de cuestionamientos sobre la gestión en materia de seguridad. Pero, esta vez, después de la sentencia, Loffredo no apareció para defender a las Fuerzas Armadas ni al Ejecutivo. 

Lo hizo, a través de un video, la nueva ministra de Gobierno, Nataly Morillo. La funcionaria avaló la sentencia y dijo que el Gobierno reafirma su "compromiso irrestricto con la reparación integral de las víctimas, la garantía de no repetición y el respeto absoluto a los derechos humanos".

Sin embargo, además de que la defensa de los militares anunció que apelará el dictamen, este caso seguirá resonando durante el periodo entero del gobierno, que en un futuro podría tener que responder incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.