Estas son las leyes que la Asamblea etiquetó como 'urgentes' pero quedaron rezagadas para 2026
El apoyo de los militares a los policías en temas de seguridad aún no cuenta con un marco jurídico. La Asamblea dio prioridad al debate de cambios del orden del día y la aprobación de resoluciones.
El 17 de diciembre de 2025 fue el último Pleno presencial de la Asamblea Nacional de este año.
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Aunque fueron catalogadas como prioritarias, la Asamblea Nacional relegó el análisis de tres proyectos de ley en las últimas semanas de 2025 y su tratamiento se prevé para 2026, si la coyuntura política lo permite.
Desde el lunes 22 de diciembre, los 151 asambleístas disfrutan de un receso legislativo que se extenderá hasta el 5 de enero, tiempo en el cual no habrá reuniones del Pleno y tampoco de las comisiones.
Ni la polémica generada por las supuestas presiones a un juez anticorrupción desde el Consejo de la Judicatura (CJ), que provocó el llamado de su presidente, Mario Godoy, al Pleno ha modificado ese cronograma, por ahora.
Previo al inicio de la vacancia, Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados lograron aprobar, en el tercer intento, la Ley de Deporte que generó críticas desde la bancada de Revolución Ciudadana (RC).
Sin embargo, el debate por pedidos de cambios del orden del día y la aprobación de resoluciones impulsadas por el oficialismo fue la tónica de las sesiones de la Asamblea previo al fin de año, mientras se desplazó el análisis de normativa importante.
1. Evaluación de la burocracia tendrá que esperar
El 26 de noviembre, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, llamó a una sesión del Pleno con el objetivo de abordar el debate definitivo de las reformas para el "Fortalecimiento del Trabajo en el Sector Público y Privado y de sus Organizaciones Sindicales".
Uno de los capítulos rescata 30 artículos de la Ley de Integridad Pública —declarada inconstitucional por la Corte Constitucional (CC)— en lo referente a evaluaciones, estabilidad laboral, supresión de puestos y desvinculaciones.
El proyecto dispone que el Ministerio del Trabajo inicie, en el plazo máximo de 90 días, desde su publicación, un proceso nacional de evaluación de desempeño, conforme el nuevo modelo previsto en la normativa.
El tema generó expectativa dentro y fuera de la Asamblea. La oposición política criticó que ADN insista en tomar artículos de leyes que ya no están vigentes, en tanto que hubo incertidumbre entre los funcionarios públicos por la propuesta.
Sin embargo, cuando el punto debía ser abordado para su análisis y votación, fue suspendido sin ninguna explicación desde la presidencia de la Asamblea. Se prevía que sería retomado la primera semana de diciembre, pero eso no sucedió.
2. Militares en las calles aún si reglas
En el referéndum de abril de 2024, los ecuatorianos votaron a favor de que las Fuerzas Armadas brinden apoyo a la Policía Nacional en la lucha contra la inseguridad, en situaciones muy específicas.
Esto implica que desde la Asamblea Nacional se desarrolle un marco jurídico que regule el apoyo complementario y subsidiario con el objetivo de establecer parámetros y requisitos para esa intervención militar.
El documento empezó a ser tramitado en agosto pasado y el 3 de diciembre de 2025 la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate.
Teniendo en cuenta que ha pasado más de un año desde que la pregunta fue aprobada, la mesa legislativa envió el informe para primer debate a la presidencia de la Asamblea solicitando celeridad en el tratamiento.
"En razón del tiempo constitucional establecido para el desarrollo legal de la reforma al artículo 158, disponer la incorporación prioritaria del tema en el orden del día del Pleno de la Asamblea Nacional para su tratamiento oportuno y en cumplimiento del mandato popular", dice.
Y eso parecía que iba a suceder. El presidente Olsen llamó a sesión del Pleno el 17 de diciembre y este fue ubicado en el tercer punto, luego del informe del "Tratado sobre el Comercio de Armas", que sí se debatió.
Sin embargo, cuando se debía abordar ese punto, la sesión fue suspendida sin que se conozca cuando será retomada, para que luego regrese a la comisión para la elaboración del informe de segundo y definitivo debate.
Ese documento establece los requisitos para que se aplique el apoyo, la temporalidad del mismo, las competencias y prohibiciones de Fuerzas Armadas cuando operen junto a la policía, entre otros parámetros que tendrán que esperar para ver la luz.
3. Sin norma para recuperar dinero público
La sentencia de un tribunal internacional que determinó que Ecuador le debía pagar USD 220 millones a la petrolera Chevron, causó un remezón en el oficialismo que pidió que los responsables del revés se hagan cargo con sus recursos del pago.
El 10 de diciembre, la bancada de ADN anunció que solicitó al presidente Olsen, también de ADN, que con carácter prioritario ponga en el orden del día el debate de un informe de Ley de Repetición que data de febrero de 2022.
"No podemos dejar que salga del bolsillo de los ecuatorianos. Que quien cometió la ilegalidad, que quien la permitió y la forjó sea quien pague y sea responsable con sus propios bienes", dijo el asambleísta Xavier Ordóñez.
El oficialismo apunta contra el correísmo como los supuestos responsables de manipular, alterar y forjar documentos en un proceso judicial que siguieron comunidades afectadas por la contaminación en contra de la petrolera.
La urgencia tuvo eco y Olsen incluyó el tema en la sesión del Pleno del martes 16 de diciembre. Sin embargo, varios pedidos de cambio del orden del día extendieron el debate y ese tema no fue tratado.
En la convocatoria del viernes 19 de diciembre la Ley de Repetición fue ubicada nuevamente como primer punto de debate, pero ni siquiera fue abordada.
Resoluciones ganan a proyectos
El martes 16 de diciembre, la Ley de Repetición fue superada en importancia por la aprobación de una resolución para "Exhortar a las Fuerzas Políticas de la Asamblea Nacional el Respaldo a Reformas Constitucionales para combatir la inseguridad".
La resolución fue iniciativa por la legisladora de ADN, Diana Jácome, a propósito de una propuesta de reformas al Código Penal para declarar la imprescriptibilidad de nuevos delito.
El 2 de diciembre, en cambio, se aprobó una resolución para apoyar el trabajo del Bloque de Seguridad por la captura de Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias Pipo, que fue aprehendido en España.
El 9 de diciembre, la Asamblea votó por comprometerse en la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y el 12 de diciembre se pronunció a favor de respaldar las acciones internacionales para reestablecer la democracia en Venezuela.
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