ADN 'revive' evaluación a funcionarios públicos que constaba en la Ley de Integridad Pública, declarada inconstitucional

Una treintena de artículos que eran parte de la Ley de Integridad Pública, que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional (CC), reaparecieron en un proyecto que está por votarse la Asamblea Nacional.

El presidente del Legislativo, Niels Olsen, convocó a una sesión de Pleno para el miércoles 26 de noviembre de 2025, con el objetivo de tratar en segundo debate las reformas para el "Fortalecimiento del Trabajo en el Sector Público y Privado y de sus Organizaciones Sindicales".

La primera parte del proyecto hace referencia al derecho a la libertad sindical y establece o reforma parámetros que constan en el Código de Trabajo para crear, disolver y registrar sindicatos y sus directivas.

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Lo llamativo, sin embargo, está en el  tercer capítulo, titulado "Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes Para el Fortalecimiento del Trabajo en el Sector Público".

En este se incluyen, casi sin variación, todos los artículos referentes a evaluaciones, estabilidad laboral, supresión de puestos y desvinculaciones que constaban en la Ley de Integridad Pública, que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.

"Someterse a las pruebas de confianza y evaluaciones periódicas, durante el ejercicio de sus funciones, de conformidad a la normativa emita por la entidad rectora en integridad pública en coordinación con el ente rector del trabajo; que en ningún caso incluirá preguntas incriminatorias", insiste el proyecto como parte de las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).

El resultado de estas evaluaciones podría ser determinante, en el futuro, para la continuidad laboral del funcionario. También, se deberá hacer evaluaciones a quienes hacen teletrabajo y si el resultado es insuficiente, la modalidad de trabajo se podría revisar, según la propuesta.

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Sobre la carrera en el servicio público, el proyecto propone incluir un texto que diga que "la estabilidad estará condicionada a resultados mediante procesos de evaluación y con incentivos económicos regulados en el Reglamento...".

Incluso, se vuelve a insistir en el texto sobre la edad de jubilación en el sector público que generó polémica y demandas de inconstitucionalidad desde varios sectores sociales en contra de la Ley de Integridad Pública.

La propuesta que se debate mañana dice: "Las servidoras y servidores de carrera que, a partir de los 60 años, cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social para la jubilación y requieran retirarse voluntariamente del servicio público, se les podrá aceptar su petición y se les reconocerá un estímulo y compensación económica, de conformidad con lo determinado en esta ley".

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Una de las transitorias de la reforma señala que el Ministerio del Trabajo iniciará en el plazo máximo de 90 días un proceso nacional de evaluación de desempeño, conforme el nuevo modelo previsto en la normativa.

"En el primer proceso de evaluación, los resultados no generarán efectos sancionatorios sirviendo como línea base para el ajuste de estándares institucionales; y la posterior implementación de los procesos de evaluación", agrega.

Postura del Ministerio de Trabajo

El ministro de Trabajo, Harold Burbano, estuvo en la Asamblea Nacional el martes 25 de noviembre de 2025 y se refirió a la posibilidad de que se retomen en esta reforma artículos de la une ley declarada inconstitucional.

"La Asamblea representa al país y todo lo que se decida en el marco de la mayoría de la Asamblea es algo que está aceptado por todo el país".

Harold Burbano, ministro de Trabajo.

Sin embargo, el funcionario dijo que habrá que esperar el veto presidencial, en donde se podrían producir modificaciones, pero considera que la bancada de ADN y la asambleísta que propuso las reformas lo ha hecho de forma adecuada.

La propuesta fue planteada por la oficialista Lucía Jaramillo que aseguró que es el resultado de unificar cuatro proyectos de ley. El oficialismo sostiene que la Corte Constitucional declaró inconstitucional la forma cómo se elaboró la ley, más no el fondo, por lo que esos artículos no estarían cuestionados.