Ecuador: 14 líderes políticos fueron asesinados en el contexto de las elecciones 2025, según informe ciudadano

El proceso electoral de 2025 en Ecuador, que culminó con la elección de Daniel Noboa como presidente y María José Pinto como vicepresidenta, se desarrolló bajo un alarmante contexto de violencia política, según el Informe del Observatorio Ciudadano de Violencia Política, presentado este martes 20 de mayo.

El Observatorio documentó 80 agresiones contra la integridad y la vida de actores políticos, entre el 1 de enero y el 13 de abril de 2025, incluyendo 46 asesinatos, en lo que representa uno de los procesos electorales más violentos de la historia reciente del país.

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Estos hechos ocurrieron pese a múltiples estados de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno vigente desde 2024.

La violencia, según el informe, se concentró en provincias como Guayas, Manabí, El Oro y Pichincha, y afectó a autoridades en funciones, candidatos, exfuncionarios, líderes sociales, periodistas y familiares de autoridades.

En comparación, el proceso de elecciones anticipadas de 2023, aunque más corto, registró 36 agresiones. Esto representa un incremento del 122% en 2025, según el análisis del observatorio.

Radiografía de la violencia: quiénes fueron atacados

De las 80 agresiones registradas, se identificaron como víctimas:

• 46 personas asesinadas: 14 líderes políticos, 1 líder de opinión, 21 funcionarios públicos, 4 miembros de la Policía o Fuerzas Armadas, 1 exfuncionario público y 5 víctimas colaterales.
• 8 atentados, 21 amenazas, 4 secuestros y 1 agresión física.

La mayoría de víctimas fueron hombres (85%), con roles de liderazgo político (35 casos), social (26 casos) y de opinión (5 casos).

Las organizaciones políticas más afectadas fueron Revolución Ciudadana, Avanza, CREO y el Partido Sociedad Patriótica.

Violencia política de género: 44 mujeres agredidas

El informe identificó 44 agresiones contra mujeres mediante expresiones que buscaban desprestigiarlas con base en estereotipos de género.

Más de la mitad de estas expresiones (53,5%) hicieron alusión a supuestas relaciones sexuales o sentimentales con hombres poderosos, usando términos como “moza de” o “madre del hijo de”.

Desde el año 2020, se han presentado 63 denuncias por violencia política de género ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero solo 10 han tenido sentencia. El Observatorio señaló además la falta de protocolos dentro de los partidos políticos para prevenir y sancionar estos hechos.

El OCVP utilizó una metodología que combina el monitoreo de medios, redes sociales y fuentes oficiales, así como análisis cualitativos a partir de perfiles de víctimas y expresiones discriminatorias.

Recomendaciones al Estado

El Observatorio advirtió que muchas de las recomendaciones hechas tras las elecciones de 2023 no fueron cumplidas. Entre ellas:

• No se reformó el Código de la Democracia.
• No se fortaleció el control del financiamiento electoral.
• No se crearon protocolos efectivos de seguridad para candidaturas.
• Las organizaciones políticas carecen de mecanismos internos contra la violencia de género.

Frente a esto, el informe propone una serie de acciones:

• Crear una unidad de inteligencia electoral con coordinación entre el CNE, la UAFE, Fiscalía, Policía y cooperación internacional.
• Obligar a partidos a contar con protocolos contra violencia política de género.
• Establecer un observatorio oficial de violencia política y fomentar educación cívica estructural.
• Regular el uso de redes sociales y la difusión de desinformación y bots durante campañas.

“El proceso electoral 2025 se realizó en un contexto complejo de violencia, criminalidad y desconfianza institucional”, concluyó el OCVP.

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