Tecnología obsoleta y problemas de cobertura: así fue la compra de alarmas comunitarias en Quito

La compra de 557 alarmas comunitarias por parte del Municipio de Quito en 2022, durante la administración de Santiago Guarderas, está llena de irregularidades.

Un informe de la Contraloría General del Estado (CGE), publicado el 2 de agosto de 2024, determinó que los problemas en el contrato entre la Empresa Pública Metropolitana de Seguridad y la compañía Nexmedios Soluciones Tecnológicas provocaron que 55 barrios de la ciudad se queden sin acceso a este servicio de seguridad.

En el documento, la Contraloría sostiene que el entidad municipal compró alarmas con tecnología 3G, pese a que el país cuenta con tecnología 4G, cuya cobertura es mejor.

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Además, el organismo de control dice que la Empresa de Seguridad no entregó la información completa de los barrios y el número de personas que se beneficiarían de la instalación de estos sistemas de seguridad.

"Estas inconsistencias obligaron a la suspensión de contrato por 35 días, desde el 12 de mayo de 2023 hasta el 16 de junio del mismo año", detalla la Contraloría. 

Sin embargo, dos meses después, el 24 de agosto de 2023, la Secretaría de Seguridad informó que "los paneles de las alarmas comunitarias son inestables y no funcionan, pues se inhiben y tienen problemas en el proceso de monitoreo"

Ante estos inconvenientes, la Empresa de Seguridad recorrió 395 barrios para verificar el funcionamiento de las alarmas.  El resultado: 60 no estaban operativas.                      

"Se observó que las sirenas no se activaban por la baja cobertura celular. Tampoco se conectaban con la plataforma de monitoreo de la Empresa de Seguridad y no se activaban por llamada celular", dice la Contraloría.

Tras superar estos inconvenientes, la empresa Nexmedios Soluciones Tecnológicas puso en funcionamiento a 502 de las 557 alarmas.

Sin embargo, la CGE insiste en que el proceso presentó irregularidades, pues las alarmas tienen tecnología obsoleta y fueron instaladas en barrios en los que no hay cobertura tecnológica que permita su buen funcionamiento.

Este informe sale a la luz meses después de que el Concejo Metropolitano aprobó, en mayo de 2024, una resolución para la instalación de alarmas en los barrios en los que residen los concejales.

Pagos por mantenimientos que nunca se hicieron

Los problemas que presentan las alarmas comunitarias de Quito no son exclusivos del proceso de compra. La Contraloría también encontró inconsistencias en el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo.

Según el organismo, el Municipio de Quito pagó por el mantenimiento de equipos que no estaban en funcionamiento.

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"En un recorrido se verificó que los equipos de monitoreo recibieron mantenimiento, a pesar de que fueron desconectados y no se encontraban en uso en los espacios públicos de Tumbaco y de San Marcos de Cumbayá", dice la Contraloría.

Agrega que otros equipos, que fueron recibidos por el Municipio, no "pertenecían a las marcas y códigos señalados en las actas. Incluso, en algunas localidades no fueron instalados y se encontraron embodegados". 

Pero eso no es todo. En el informe de Contraloría se muestra que la empresa contratista, el Consorcio CCTV DMQ, colocó "el mismo registro fotográfico en los informes de mantenimiento para alarmas de Iñaquito, América, Comité del Pueblo, La Floresta, Carapungo, Santa Clara y Arenas".

Además, subcontrató el servicio a una empresa, cuya actividad económica no tiene relación con el mantenimiento de sistemas de videovigilancia.

En conclusión, la Contraloría asegura que las inconsistencias que presentó el proceso provocaron que el Municipio de Quito destine recursos a servicios que nunca recibió.