Estas son las polémicas que han profundizado la tensión entre el alcalde Pabel Muñoz y el Gobierno

El Metro de Quito es uno de los temas álgidos en la relación entre el Municipio y el Gobierno central. En la sesión solmene por las Fiestas de Quito de 2024, el presidente Daniel Noboa se comprometió a entregar recursos económicos para la ampliación de este sistema hasta Calderón.

Sin embargo, ese ofrecimiento aún no se concreta. Incluso, el alcalde Pabel Muñoz asegura que el Ministerio de Finanzas no responde a las cartas enviadas en noviembre y diciembre de 2024 en las que insiste en saber cuál será el aporte económico.

"Nosotros estamos listos para establecer el esquema de financiamiento, pero el Gobierno no ha respondido a este paso y necesitamos consolidarlo. Debemos saber cuánto aportaría el Gobierno y cuánto el Municipio, para saber si necesitamos crédito", dijo Muñoz en una entrevista con PRIMICIAS.

Muñoz sostiene que la ampliación del Metro hasta Calderón es una necesidad de la ciudad, pues en esa parroquia viven alrededor de 300.000 personas. Un número que ayudaría a la sostenibilidad financiera del sistema.

Por ahora, el Municipio trabaja en la extensión del Metro hasta el sector de La Ofelia, con una inversión que bordearía los USD 500 millones.

El 14 de marzo de 2024, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dio paso a la solicitud para la revocatoria del mandato de Pabel Muñoz por un supuesto incumplimiento de funciones al haber hecho campaña política por su coidearia Luisa González en 2023. ​

Un día después, el funcionario reaccionó y, en un video publicó en sus redes sociales, criticó la decisión del TCE y la calificó como "persecución política a puertas de la segunda vuelta electoral", en la que González se enfrentará la presidente Noboa.

El Alcalde insiste en que el fallo carece de sustento jurídico, pues recuerda que ya fue sancionado económicamente por esa causa.

Lo que se viene es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregue los formularios a quienes impulsan la revocatoria del mandato. Ellos tendrán seis meses para recolectar alrededor de 205.000 firmas que corresponden al 10% del padrón electoral de Quito.

Luego, el CNE debe verificar la validez de las firmas. Y, si las acepta, convocar a votaciones para que los habitantes de Quito decidan si Muñoz termina o no su gestión.

La ministra de Energía, Inés Manzano, ha protagonizado tensiones con el alcalde Pabel Muñoz.

La primera vez fue en noviembre de 2024 cuando Manzano era ministra de Ambiente. Ante los racionamientos de agua potable, de hasta 12 horas diarias que implementó el Municipio en barrios del centro y sur de la ciudad por problemas en los embalses, la cartera de Estado acudió a las fuentes de agua para comprobar sus niveles.

Ahí, sus funcionarios aseguraron que los problemas de agua en la capital obedecen a la "falta de planes correctivos emergentes de la Empresa de Agua Potable".

Tras esas declaraciones, Muñoz criticó lo dicho por el Ministerio de Ambiente, pues recordó que el abastecimiento de agua es una competencia municipal. "Tenemos autonomía para actuar como señala la Constitución. Si desean ir que vayan. Totalmente bienvenidos", dijo en esa época.

Apenas pasaron cuatro meses hasta llegar a una nueva polémica. Tras el derrame de petróleo ocurrido en Esmeraldas el 13 de marzo de 2025, Manzano -ahora ministra de Energía- aseguró que el derram ocurrió por un sabotaje.

Pero fue más allá al asegurar que "el sabotaje no termina con el tema del SOTE en Esmeraldas, la información que tenemos es que va hacia Papallacta". Agregó que si hay una afectación en esa zona estaría en riesgo el suministro de agua potable de Quito.

"Entonces, Pabel Muñoz, dígale a la gente que está haciendo sabotaje, que también sabemos de dónde son (...). Estamos tomando todas las precauciones, pero si se afecta Papallacta sería lo peor que le podría pasar a Quito", aseguró.

La respuesta de Muñoz no se hizo esperar y calificó a las declaraciones de Manzano como "sensibles e inaceptables". Además, dijo que si la Ministra conoce información sensible, "lo que debería hacer es poner en conocimiento de la Fiscalía y no ventilar esta información sin los sustentos del caso".

Según el Alcalde, desde que Manzano dijo que Quito podría enfrentar problemas con el abastecimiento del agua, los policías y militares "han hecho patrullajes de solo 15 minutos". Pese a esto, aseguró, "no hay indicios de que las fuentes de agua estén bajo amenaza".

El 31 de marzo de 2025 es el plazo que se impuso el alcalde Pabel Muñoz para que empiecen a operar los 60 nuevos trolebuses eléctricos que adquirió el Municipio de Quito a la empresa china Yutong por USD 35,3 millones.

Sin embargo, el objetivo municipal corre el riesgo de no cumplirse, pues 14 unidades permanecen en la Aduana a la espera de ser liberados.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) dice que los trolebuses no pueden salir, pues "hemos solicitado la información necesaria para revisar la clasificación arancelaria en el marco del control aduanero, conforme lo establece el inciso C del artículo 17 de la Decisión No. 778 de la Comunidad Andina, del 6 de noviembre de 2012. Dicha información es necesaria para el ingreso y legalización de los trolebuses eléctricos".

Pero Muñoz asegura que no hay "razón ni justificativo para que los trolebuses salgan de aduanas". Afirmó que esta medida responde a "cálculos políticos que impiden que la ciudad trabaje".

El funcionario adelantó que el 31 de marzo empezarán a brindar servicio "las unidades que estén, mientras completamos la flota".