La paradoja de la Amazonía ecuatoriana, genera más riqueza pero vive en mayor pobreza

La dependencia petrolera en la Amazonía ecuatoriana representa uno de los fenómenos económicos más contradictorios del país. Según Emilia Ordóñez, Sebastián Tapia y Juan Vinueza Acosta en su artículo titulado “Impacto de un shock negativo en el sector petrolero sobre las condiciones laborales en los cantones amazónicos”, esta región es responsable de más del 99,6% de la producción de crudo nacional, pero paradójicamente presenta las condiciones laborales más precarias del Ecuador.

• Los mecheros de la industria petrolera siguen ardiendo en la Amazonía ecuatoriana

La investigación de la Universidad San Francisco de Quito revela que los cantones amazónicos enfrentan una vulnerabilidad estructural ante los choques externos. Cuando los precios del petróleo caen, los efectos en el empleo, la formalidad laboral y los ingresos se magnifican desproporcionadamente en esta región, evidenciando una dependencia que trasciende lo meramente económico para convertirse en un problema social de amplio espectro.

La volatilidad petrolera y sus efectos inmediatos en la región amazónica

Los precios del petróleo West Texas Intermediate (WTI, de referencia para Ecuador) han mostrado una tendencia descendente preocupante desde 2023. Los datos revelan una caída sostenida desde los USD 89,43 de septiembre de 2023 hasta los USD 64,09 de septiembre de 2025, representando una disminución del 28,3% en dos años (Gráfico 1).

• Ingresos petroleros a la baja en el primer trimestre de 2025 y la caída seguirá: Ecuador suspende exportaciones por lluvias en Napo

Esta volatilidad impacta directamente en los cantones amazónicos a través del mecanismo establecido por la Ley 010, que destina transferencias anuales a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) en proporción a la producción petrolera. Según el Anexo de Recursos Preasignados de la Proforma del Presupuesto General del Estado 2025, la región amazónica recibe USD 315,90 millones derivados del impuesto de USD 2,49 por cada barril producido (Tabla 1).

La distribución de estos recursos según la Proforma del Presupuesto General del Estado 2025 es la siguiente: USD 173,74 millones (55%) para GAD municipales, USD 82,13 millones (26%) para GAD provinciales, USD 31,59 millones (10%) para GAD parroquiales, USD 15,8 millones (5%) para la Universidad IKIAM, USD 9,48 millones (3%) para universidades de las cuatro provincias amazónicas, y USD 3,16 millones (1%) para la Secretaría Técnica de administración.

Condiciones laborales precarias: el empleo adecuado en crisis

Los indicadores de empleo adecuado en las provincias amazónicas muestran porcentajes significativamente inferiores al promedio nacional. Según los datos de la ENEMDU anualizada 2024, las provincias petroleras amazónicas registran los siguientes porcentajes: Orellana presenta 10,44% de empleo adecuado, Napo alcanza el 13,82%, Morona Santiago el 14,60%, Sucumbíos el 20,67%, Pastaza el 19,97% y Zamora Chinchipe el 25,34%, todos por debajo del promedio nacional de 35,9% (Gráfico 2).

• La provincia petrolera de Orellana es la más pobre y con menor empleo adecuado de Ecuador

Según Ordóñez, Tapia y Vinueza en su investigación, “los cantones dependientes del petróleo experimentaron una disminución en sus ingresos laborales debido a la caída de los precios del petróleo. Asimismo, la probabilidad de encontrar un empleo formal disminuyó de manera estadísticamente significativa”. Sus hallazgos demuestran que una caída del 10% en los precios del petróleo se traduce en una reducción de 1,45 puntos porcentuales en los ingresos de los cantones dependientes.

Estas cifras de empleo adecuado contrastan con las de provincias no petroleras como Pichincha (51,21%), Galápagos (51,14%) o El Oro (43,12%), todas por encima del promedio nacional. La diferencia es notable: mientras Orellana registra menos de un tercio del promedio nacional de empleo adecuado, provincias como Pichincha superan este promedio en más de 15 puntos porcentuales.

La informalidad laboral como refugio económico

Los datos de informalidad laboral de 2024 revelan que las provincias amazónicas petroleras presentan los porcentajes más elevados del país. Según la ENEMDU 2024, Orellana registra 83,01% de trabajadores en el sector informal, Morona Santiago alcanza 83,32%, Napo llega a 77,74%, Zamora Chinchipe presenta 72,43%, Pastaza registra 70,31% y Sucumbíos alcanza 70,27% (Gráfico 3).

• La Amazonía tiene las tasas más altas de empleo informal

Estos porcentajes de informalidad contrastan marcadamente con provincias no petroleras: Pichincha registra 28,58%, Galápagos 15,34%, y El Oro 38,07%. La diferencia es significativa, mientras las provincias amazónicas mantienen entre 7 y 8 de cada 10 trabajadores en la informalidad, provincias como Pichincha no superan los 3 de cada 10.

El fenómeno en la Amazonía se intensifica durante los períodos de crisis petrolera. Según el estudio de la USFQ, “la probabilidad de obtener un empleo formal disminuyó en 0,48 puntos porcentuales en comparación con los cantones control”. Este dato cobra relevancia al considerar que la informalidad se convierte en el mecanismo de supervivencia económica para miles de familias amazónicas.

La investigación documenta que después del shock petrolero de 2015, la tasa de informalidad aumentó y el PIB disminuyó, estableciendo una correlación directa entre la caída de precios del crudo y el deterioro de las condiciones laborales formales. Los trabajadores amazónicos, ante la reducción de oportunidades en el sector formal, recurren a actividades económicas informales que, aunque proporcionan ingresos inmediatos, carecen de protección social y estabilidad.

Jóvenes y mujeres son los grupos más vulnerables

La investigación de Ordóñez, Tapia y Vinueza identifica efectos heterogéneos significativos en la población amazónica. “La población joven menor de 24 años se ve más afectada que la población mayor. De igual manera, determinamos que las mujeres enfrentan mayores dificultades que los hombres en superar los efectos adversos del shock”.

Los jóvenes de 18 a 24 años experimentan una disminución de ingresos del 1,8 puntos porcentuales, considerablemente mayor que la reducción de 1,15 puntos porcentuales para los adultos de 25 años o más. En términos de empleo formal, las mujeres ven reducida su probabilidad de obtener empleo formal en 0,5 puntos porcentuales, más del doble del impacto observado en los hombres (0,2 puntos porcentuales)

Esta realidad refleja las limitaciones estructurales del modelo económico amazónico. Las mujeres jóvenes enfrentan barreras adicionales para acceder al empleo formal. La dependencia económica regional amplifica estas desigualdades preexistentes, creando círculos de exclusión que perpetúan la vulnerabilidad social.

Pobreza extrema, el denominador común amazónico

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) correspondientes a junio 2025 confirman la tesis central que plantean Fernanda Nuñez, Alejandra Aguirre, Carolina Sánchez y Jerónimo Ibarra en su artículo “Las paradojas de la explotación petrolera en la Amazonía: pobreza y desigualdad”. Los autores argumentan que existe una “paradoja entre la promesa de que la extracción petrolera generaría desarrollo y el hecho de que las políticas de redistribución basadas en la renta petrolera no han podido romper con las dinámicas del desarrollo geográfico desigual”

• Napo, la provincia donde 74 de cada 100 ecuatorianos viven en la pobreza

Esta paradoja se materializa en las cifras actuales: Morona Santiago registra 71,19% de pobreza por ingresos y 59,90% en pobreza extrema, consolidándose como la provincia más vulnerable del país. El estudio antes mencionado documenta que en esta provincia “alrededor de 6 de cada 10 personas viven con menos de USD 2,95 al día, mientras que 7 de 10 están atravesadas por múltiples condiciones de pobreza” (Gráfico 4).

Las demás provincias amazónicas mantienen el patrón identificado por los investigadores: Napo (52,38% de pobreza y 24,62% de pobreza extrema), Pastaza (48,88% y 39,74%), Sucumbíos (46,21% y 23,97%) y Zamora Chinchipe (34,76% y 17,55%). Como señala el estudio, estas condiciones “pueden llegar a ser hasta cuatro veces más severas que el promedio nacional que es de 24%”.

Nuñez, Aguirre, Sánchez e Ibarra explican que este fenómeno responde a que “las mejoras de condiciones de vida se concentran en los centros urbanos, mientras que en las zonas de extracción de los recursos se reproducen las condiciones estructurales de exclusión social y cultural”. Los datos de 2025 validan esta hipótesis, ya que mientras Pichincha registra 11,20% de pobreza, las provincias petroleras amazónicas mantienen tasas entre 2,5 y 6 veces superiores.

Sistema de transferencias: entre compensación y dependencia estructural

El mecanismo de transferencias establecido por la Ley 010 busca compensar a las comunidades amazónicas por los impactos de la actividad extractiva, pero los datos del Presupuesto General del Estado 2025 revelan limitaciones estructurales significativas. La distribución de los USD 315,90 millones privilegia el funcionamiento administrativo sobre la transformación económica productiva.

• ¿Cómo el petróleo fractura a los waorani, un pueblo ancestral que habita en la Amazonía ecuatoriana?

Por ejemplo, según la Rendición de Cuentas de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (STCTEA) del 2024, de los 49 proyectos de inversión financiados con recursos del Fondo Común por un monto total de USD 70,4 millones, el 56% se destinó al aspecto social (principalmente infraestructura de servicios básicos como agua potable, alcantarillado y salud), el 37% a asentamientos humanos (vialidad rural y conectividad), y apenas el 7% al económico - productivo.

Esta distribución refleja que el 93% de los recursos se concentran en infraestructura básica y servicios, mientras que el 7% se destinan en proyectos económico - productivo que podrían generar capacidades productivas alternativas al petróleo. De manera similar a nivel presupuestario general únicamente el 8% del presupuesto total anual se asigna a educación superior e investigación científica, sectores claves que podrían construir alternativas económicas sostenibles.

Como documentan Nuñez, Aguirre, Sánchez e Ibarra, este sistema de transferencias opera bajo una lógica que reproduce la dependencia en lugar de generar autonomía económica territorial. Los autores enfatizan en que “las políticas de redistribución basadas en la renta petrolera no han podido romper con las dinámicas del desarrollo geográfico desigual”.

Según la investigación de la USFQ, tras la caída de los precios del petróleo en 2015, las transferencias derivadas de la Ley 010 se redujeron, lo que significó que los cantones amazónicos recibieron menos recursos económicos. Esta mecánica procíclica significa que durante los períodos de mayor vulnerabilidad económica local, cuando los precios petroleros caen, los recursos públicos también se reducen automáticamente, amplificando los efectos negativos en lugar de proporcionar estabilización.

El estudio también documenta que “la relación entre la exportación de petróleo y las transferencias gubernamentales bajo la Ley 010 es directa: a menores regalías petroleras, el gobierno transfiere menos recursos a los cantones productores de petróleo, lo que afecta directamente su capacidad económica”.

La evidencia presentada confirma que la Amazonía ecuatoriana enfrenta una vulnerabilidad económica sistemática. Los cantones amazónicos, pese a generar la principal fuente de divisas del país, mantienen indicadores laborales y sociales que los ubican entre los más precarios del Ecuador, documentando una desconexión fundamental entre generación de riqueza extractiva y desarrollo territorial sostenible.

La superación de esta paradoja amazónica requiere una transformación fundamental del modelo económico regional que priorice la diversificación productiva, el fortalecimiento de capacidades locales alternativas al petróleo, y la construcción de instituciones que protejan a las comunidades de la volatilidad internacional en lugar de amplificar sus efectos negativos.

(*) Economista, analista económica Gestión Digital.