El desplome del empleo doméstico en Ecuador evidencia el retroceso de la formalización laboral

El trabajo doméstico remunerado constituye uno de los sectores laborales más vulnerables y precarizados en América Latina, caracterizado históricamente por la informalidad, la desprotección social y la discriminación salarial. En Ecuador, según el estudio de Jackeline Jiménez titulado “Impacto de la política del salario básico unificada en la pobreza de las trabajadoras domésticas”, la implementación del Salario Básico Unificado (SBU) en 2010 representó un hito significativo en el reconocimiento de los derechos laborales de este sector, al equiparar por primera vez el salario mínimo de las trabajadoras domésticas con el de otros sectores productivos.

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Sin embargo, los datos más recientes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) revelan una paradoja preocupante: mientras los marcos normativos han evolucionado favorablemente hacia la protección de las trabajadoras domésticas, la formalización laboral ha experimentado un retroceso dramático.

La evolución del empleo doméstico formal: una década de retroceso sistemático

Los registros estadísticos del empleo en la seguridad social revelan una tendencia alarmante en la formalización del trabajo doméstico en Ecuador. Desde enero de 2015, cuando se registraron 104.806 trabajadoras domésticas afiliadas al IESS, hasta mayo de 2025, con apenas 65.343 afiliadas, el sector ha perdido más de 39.463 trabajadoras formales, lo que representa una disminución del 37,7% (Gráfico 1).

Esta reducción no ha sido homogénea en el tiempo. Durante el período 2015-2019, la disminución fue gradual pero constante, con una pérdida promedio de 1.800 afiliadas por año. Sin embargo, la brecha más significativa se observa entre 2019 y 2022, donde se produce una caída abrupta de aproximadamente 25.000 trabajadoras formales, coincidiendo con el período de la pandemia de COVID-19 y las posteriores crisis económicas.

Esta caída pronunciada no solo representa una pérdida estadística, sino una profundización de vulnerabilidades emocionales y económicas. El estudio cualitativo “Vínculos Laborales y Emocionales: Navegando el vaivén de la realidad de las trabajadoras remuneradas del hogar”, de Alejandra Andachi y Micaela Guanoluisa, revela que durante este período se intensificó lo que denominan “explotación de la creatividad”, donde las trabajadoras se vieron obligadas a buscar múltiples fuentes de ingreso (venta de comida, productos varios) para compensar la pérdida de empleos formales.

La aplicación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (LOAH) durante la pandemia, aunque diseñada para proteger el empleo, contradictoriamente incrementó la precariedad al facilitar mecanismos de despido y reducción de jornadas.

El empleo doméstico en general muestra tasas de desprotección social extremadamente altas. Según datos más recientes anualizados de la ENEMDU 2024, el 74,7% de las personas dedicadas al empleo doméstico no recibe seguro social, mientras que únicamente el 25,3% accede a esta protección. Esta proporción revela que la mayoría de trabajadores domésticos opera en condiciones de informalidad total, sin acceso a derechos laborales fundamentales (Gráfico 2).

Concentración femenina en el trabajo doméstico

La sectorización del empleo en Ecuador evidencia una marcada segregación de género que concentra a las mujeres en el trabajo doméstico. Según la ENEMDU anualizada del 2024, mientras que el empleo doméstico representa apenas el 0,22% de la ocupación masculina, alcanza el 5,66% del empleo femenino, lo que confirma la feminización histórica de este sector (Gráfico 3).

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Esta marcada feminización del sector se traduce en que las mujeres experimentan tasas de informalidad significativamente más altas. En el sector formal, los hombres representan el 45,73% frente al 41,04% de mujeres, mientras que en el sector informal las proporciones se equilibran (52,41% hombres vs 52,33% mujeres). Sin embargo, al incluir el empleo doméstico, la brecha de informalidad se amplía considerablemente para las mujeres.

Más allá de los indicadores estadísticos, la informalización del empleo doméstico genera un complejo entramado emocional que perpetúa la precariedad. Según Alejandra Andachi y Micaela Guanoluisa, las trabajadoras domésticas desarrollan lo que denominan un “velo afectivo” que oculta y normaliza la explotación laboral.

Las emociones como el miedo al despido, la gratitud hacia empleadores “benevolentes” y la vergüenza por el estatus social del trabajo doméstico actúan como mecanismos que inhiben la demanda por mejores condiciones laborales. Esta “ocultación emocional” contribuye a que las trabajadoras acepten e incluso agradezcan condiciones que, objetivamente, son precarias, dificultando los procesos de formalización laboral.

El déficit educativo como barrera estructural

Los niveles de instrucción de las trabajadoras domésticas revelan importantes barreras estructurales para la formalización laboral. El 55,5% de las mujeres en este sector posee únicamente educación básica, el 36,1% ha completado la educación media o bachillerato, y solo el 6,9% cuenta con educación superior. Particularmente preocupante es que el 1,3% no tiene ningún nivel de instrucción formal, y el 0,1% ha accedido a centros de alfabetización (Gráfico 4).

Que el 55,5% de las trabajadoras domésticas posea únicamente educación básica, sugiere que este sector funciona como refugio laboral para mujeres con limitadas oportunidades educativas y profesionales. Esta concentración no es casual, sino que refleja y mantiene ciclos intergeneracionales de precarización laboral.

Los datos ecuatorianos contrastan significativamente con el promedio regional documentado por el BID en su publicación titulada “Políticas públicas para valorar el trabajo remunerado del hogar en América Latina y el Caribe”, que indica 7,4 años de educación promedio para las trabajadoras del hogar en América Latina y el Caribe.

Esta realidad educativa no solo limita las opciones laborales inmediatas de las trabajadoras, sino que “perpetúa ciclos de exclusión social y económica” que se transmiten entre generaciones, consolidando al trabajo doméstico como una trampa de pobreza para las mujeres más vulnerables del país.

La estructura salarial: persistencia de la precarización económica

La distribución de ingresos en el empleo doméstico evidencia la limitada efectividad de las políticas salariales en la práctica cotidiana del sector. Según los datos de la ENEMDU 2024, el 68,95% de los trabajadores domésticos percibe ingresos inferiores al Salario Básico Unificado, el 0,19% recibe exactamente el SBU, y únicamente el 30,85% supera este monto de referencia (Gráfico 5).

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Esta distribución salarial contrasta dramáticamente con la evolución del SBU, que ha experimentado un crecimiento sostenido desde 2015. Desde los USD 354 de 2015 hasta los USD 470 de 2025, el salario básico ha registrado un incremento nominal del 32,8% en una década. Sin embargo, esta mejora no se ha traducido en una formalización efectiva ni en el cumplimiento generalizado de los estándares salariales legales.

Los hallazgos de Jiménez demostraron que, durante el período 2007-2014, “el efecto de la política del salario básico unificado en los ingresos laborales tiene una relación positiva y estadísticamente significativa en las trabajadoras del hogar”, generando incrementos entre USD 65,69 y USD 79,73 mensuales. Sin embargo, los datos actuales revelan que estos beneficios no se han sostenido para la mayoría del sector.

Por otra parte, según el BID, en su publicación antes mencionada, el trabajo doméstico remunerado tiene un rol clave dentro de la economía porque permite reemplazar el trabajo no remunerado y facilita el acceso de las mujeres al mercado de trabajo.

La evidencia internacional demuestra que las trabajadoras del hogar sustituyen el trabajo no remunerado vinculado al cuidado y las tareas del hogar, permitiendo que muchas mujeres incrementen las horas dedicadas al trabajo remunerado. Sin embargo, como advierte el BID, “la importancia de este tipo de trabajo no debe servir de pretexto para que las personas trabajadoras del hogar tengan condiciones de trabajo inferiores a las de otros trabajadores”.

Desafíos estructurales y perspectivas de formalización

La persistencia de altos niveles de informalidad en el trabajo doméstico responde a factores estructurales complejos que trascienden las mejoras normativas. La naturaleza privada del trabajo doméstico, desarrollado en hogares particulares, dificulta tanto la supervisión laboral como la organización sindical efectiva.

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Según la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, el Estado debe garantizar que las trabajadoras domésticas accedan “en igualdad de condiciones con otros sectores” a la protección social. Sin embargo, los mecanismos de implementación y supervisión han demostrado ser insuficientes para revertir las tendencias de informalización.

La caída más pronunciada en las afiliaciones al IESS a partir de 2016 coincide con períodos de ajuste económico que incentivaron tanto a empleadores como a trabajadoras a optar por arreglos informales para reducir costos laborales. Esta dinámica revela la fragilidad de los avances normativos ante presiones económicas estructurales.

Jiménez en su investigación recomendó “programas de capacitación técnica y certificación laboral para trabajadoras del hogar, con énfasis en zonas rurales, que mejoren su acceso a empleos más formales y mejor remunerados”. Estas recomendaciones adquieren particular relevancia ante la evidencia de retroceso en la formalización.

La experiencia ecuatoriana demuestra que el reconocimiento legal de derechos, aunque necesario, resulta insuficiente para transformar realidades laborales arraigadas en estructuras socioeconómicas y culturales que perpetúan la vulnerabilidad. La reversión de esta tendencia demanda estrategias integrales que aborden simultáneamente los incentivos económicos, los mecanismos de supervisión y las barreras estructurales que mantienen a más de dos tercios de las trabajadoras domésticas en condiciones de informalidad y desprotección social.

(*) Economista, analista económica Revista Gestión.