Inclusión financiera en Ecuador: el acceso crece, pero el uso de servicios bancarios se estanca

Ecuador ha consolidado su posición como uno de los países líderes en inclusión financiera en América Latina, alcanzando un 83,2% de acceso a productos financieros entre su población adulta. Este logro, que representa un crecimiento de 17 puntos porcentuales desde 2019, sitúa al país en el cuarto lugar regional según el índice de acceso, superando a economías importantes como Colombia, Perú y Bolivia.

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Sin embargo, los datos del estudio de la Red Financiera de Desarrollo (RFD) revelan que detrás de estas cifras prometedoras persisten desafíos estructurales significativos. La brecha entre acceso y uso efectivo de productos financieros, que se mantiene en 10 puntos porcentuales, evidencia que tener una cuenta bancaria no necesariamente se traduce en integración real al sistema financiero.

La preferencia absoluta por el efectivo, las disparidades geográficas en la distribución de servicios financieros, y las brechas generacionales y de género plantean interrogantes sobre la calidad y sostenibilidad de la inclusión alcanzada. Estos factores, combinados con desafíos en conectividad digital y educación financiera, configuran un panorama complejo que requiere estrategias diferenciadas para consolidar los avances logrados.

Liderazgo regional con oportunidades de mejora

Los indicadores posicionan a Ecuador en una buena posición en inclusión financiera en la región. Según el estudio de la Red Financiera de Desarrollo (RFD), el país ocupa el cuarto lugar en el índice de acceso con 49,5 puntos, superando a Colombia (48,6), Perú (46,5) y Bolivia (45,3), aunque aún distante de los líderes Argentina (61,1), Panamá (53,9) y Chile (52,3) (Gráfico 1).

Considerando el porcentaje de personas con productos financieros, se ha tenido un crecimiento sostenido notable: del 70,6% en 2019 al 83,2% en 2024, manteniendo una trayectoria ascendente que refleja los esfuerzos coordinados del sector público y privado. Esta evolución coloca a 10,4 millones de ecuatorianos con acceso a al menos un producto financiero (Gráfico 2).

La infraestructura financiera ha experimentado mejoras sustanciales. El país cuenta con un punto de atención físico cada 5 km 2, un POS para cada 55 personas y un cajero automático para cada 1.700 personas. Valeria Llerena, directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD), destacó que a partir de la pandemia hubo un incremento significativo en puntos de atención electrónicos.

La persistencia de brechas demográficas y sociales

A pesar de los avances agregados, persisten brechas importantes entre diferentes grupos poblacionales que limitan el alcance universal de la inclusión financiera. Los datos del estudio revelan disparidades que requieren estrategias específicas para ser superadas.

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Las brechas de género, aunque reducidas, siguen presentes. Los hombres mantienen 84% de acceso frente al 82% de las mujeres, diferencia que se acentúa en productos específicos como el crédito (30% vs 28%) y el uso activo de cuentas de ahorro (73% vs 72%). Llerena señaló en entrevista para GESTIÓN que “aunque la brecha entre mujeres y hombres es corta, se insiste que todavía hay que trabajar en temas más profundos en las mujeres, especialmente en temas de montos de crédito, en tema de garantía y temas patrimoniales”.

Las disparidades generacionales son más pronunciadas y preocupantes. Los jóvenes de 15 a 30 años enfrentan exclusión sistemática con apenas 66% de acceso, contrastando con el 92% del grupo de 31 a 45 años y el 97% de los mayores de 45 años. En el uso efectivo, estas brechas se profundizan: solo 16% de los jóvenes accede a crédito y 60% utiliza activamente sus cuentas de ahorro (Gráfico 3).

Esta exclusión juvenil es particularmente crítica considerando su importancia para el futuro del sistema. Como advierte Llerena Endara, las personas más excluidas del sector tienen entre 15 a 30 años y es allí donde está el futuro de la inclusión financiera.

Según la RFD, el comportamiento transaccional también refleja estas limitaciones estructurales. Aunque el 37% utiliza medios bancarizados para transferencias, el efectivo domina absolutamente las transacciones. Paradójicamente, mientras 60% posee tarjeta de débito, solo 32% la utiliza, y aunque 31% tiene tarjeta de crédito, únicamente 15% la emplea para pagos. Esta subutilización sugiere problemas en el diseño de productos o en la educación sobre su uso.

Educación financiera: el desafío de cambiar comportamientos

La educación financiera emerge como el factor crítico para transformar el acceso en uso. A pesar de los avances normativos, como la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) y su inserción en la malla curricular, los resultados en términos de cambio comportamental son limitados.

Llerena es crítica sobre la efectividad actual, pues “se hacen numerosas iniciativas y programas de educación financiera, no obstante, evaluando los resultados en cuanto a la población, se observa que son programas que no cambian los hábitos de comportamiento de la población”.

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La solución requiere programas diferenciados y específicos: “no es el mismo programa que dirijo a niños que a jóvenes o los programas que van a mujeres emprendedoras”. Para emprendedores, por ejemplo, “se tiene que ir separando el presupuesto personal del emprendimiento, se tiene que también capacitar, no solo en educación financiera, sino también en los temas de emprendimiento” explica Llerena.

El acompañamiento continuo emerge como elemento clave. Los programas deben incluir “habilidades para la vida para que pueda ir generando cambios en el comportamiento” y constituir “un proceso de crecimiento con la persona para efectivamente evidenciar exista un cambio en ese comportamiento”, según Llerena.

El fenómeno de la re-exclusión financiera

Un hallazgo preocupante del estudio de la Red Financiera de Desarrollo (RFD) es la identificación de la re-exclusión financiera, que afecta a 1,26 millones de personas que, habiendo pertenecido al sistema financiero, no pueden operar en él debido al deterioro de sus condiciones crediticias.

Este fenómeno incluye personas con créditos en cartera vencida (1,1 millones), demanda judicial (217 mil), cartera castigada (646 mil) o score crediticio menor a 300 puntos (1,06 millones). La evolución es alarmante: las personas con cartera vencida crecieron de 570 mil en 2019 a 1,1 millones en 2024.

Llerena explica que “cuando se empezaron a reactivar las actividades económicas, al finalizar la pandemia, hubo un crecimiento relativo de la actividad económica, sin embargo, no se recuperaron los ingresos”. El “consumo de venganza” post-pandemia, sin recuperación proporcional de ingresos, generó sobreendeudamiento que derivó en exclusión.

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Geográficamente, las provincias costeras concentran los mayores porcentajes: Esmeraldas (35%), Guayas (33%), Los Ríos (28%) y Manabí (27%). En términos absolutos, Guayas lidera con 368,594 personas reexcluidas (Tabla 1).

La distribución por rangos de ingresos muestra que todos los segmentos experimentaron incrementos significativos: el grupo de USD 800-1.500 creció 33,3% (de 205.818 a 274.306 personas), el de USD 1.500-2.500 aumentó 32,8% (de 106.997 a 141.864), mientras que los segmentos de mayores ingresos también registraron alzas, aunque en menor proporción relativa. Esto indica que la re-exclusión, si bien afecta principalmente a los más vulnerables, trasciende las barreras socioeconómicas (Gráfico 4).

Retos sistémicos y perspectivas de consolidación

Los desafíos para consolidar la inclusión financiera en Ecuador trascienden las métricas de acceso y requieren abordar factores estructurales que condicionan el uso efectivo y sostenible de servicios financieros.

La reactivación económica constituye el reto fundamental. Llerena enfatiza que “el principal reto que enfrentamos es la economía del Ecuador, ya que de ella depende en gran medida el sistema financiero. La reactivación económica es lo que más apremia, porque un sistema financiero sólido va muy de la mano con el desempeño económico del país”. Sin mejora en empleo formal e ingresos, será difícil consolidar los avances alcanzados.

El marco regulatorio presenta distorsiones que limitan el alcance de los servicios. El sistema de tasas máximas no refleja la realidad del mercado: “si los costos de colocar una operación de crédito son más elevados, y cuando hablamos de costos incluye todos los costos operativos, los costos de riesgo, los costos de capital, los costos de fondeo pues todo esto realmente no puedo porque sale más caro, entonces no coloco”, explica Llerena. Esto impide atender segmentos de mayor riesgo que requieren productos específicos.

La conectividad digital representa otro obstáculo crítico. Con apenas 13% de acceso a internet en zonas rurales, la digitalización de servicios financieros enfrenta limitaciones infraestructurales. “Cuando queremos hablar de insertar canales digitales y utilizar transferencias o tarjetas de débito y crédito, también necesitamos hablar ya de un tema integral y la condiciones sociodemográficas que se relacionan estrechamente”, señala la experta.

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La sostenibilidad futura depende de instituciones financieras fortalecidas. “No podemos hablar de inclusión financiera, si no existe un sistema financiero fuerte, líquido, solvente, sostenible en el tiempo que genere un margen de rentabilidad”, advierte Llerena. Esto requiere productos innovadores para diferentes segmentos, especialmente poblaciones vulnerables y excluidas.

El desarrollo de productos diferenciados, mejora en educación financiera con enfoque comportamental, expansión de conectividad digital y marcos regulatorios flexibles emergen como elementos clave para transformar el liderazgo cuantitativo de Ecuador en beneficios reales y sostenibles para toda su población. Solo así el país podrá consolidar su posición como referente regional en inclusión financiera verdaderamente efectiva.

(*) Economista, analista económica Revista Gestión.