Más pagos inmediatos y la oportunidad de Ecuador para acelerar su digitalización financiera
Los sistemas de pago inmediato representan una oportunidad estratégica para Ecuador en su camino hacia la digitalización financiera y la reducción del efectivo. La experiencia regional documentada por el FLAR ofrece datos para el diseño e implementación de infraestructuras interoperables.
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Ecuador atraviesa una transición silenciosa pero significativa en sus hábitos de pago. Los datos de la Superintendencia de Bancos revelan una tendencia que merece atención: los retiros de efectivo han disminuido progresivamente desde los máximos de USD 4.162 millones registrados en diciembre de 2024 hasta USD 2.573 millones en septiembre de 2025.
Esta reducción del 38% en apenas nueve meses constituye una transformación notable en los patrones de uso del efectivo. Aunque las cifras absolutas siguen siendo significativas, más de USD 2.500 millones mensuales circulando físicamente, la velocidad y magnitud de esta disminución sugieren que los ecuatorianos están encontrando alternativas al dinero físico de manera acelerada.
El documento “Consideraciones para el desarrollo de Sistemas de Pagos Inmediatos en América Latina y el Caribe”, elaborado por el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) con la participación de nueve bancos centrales de la región, proporciona un marco analítico fundamental para comprender esta transformación.
El estudio no solo documenta las experiencias exitosas de países como Bolivia, Colombia y Chile, sino que identifica mediante análisis econométrico los determinantes concretos que explican la adopción masiva de pagos inmediatos. Para Ecuador, país que participó en la construcción de este documento pero que aún enfrenta desafíos significativos en la consolidación de su ecosistema digital, estas lecciones adquieren urgencia estratégica.
Señales de transformación en el contexto ecuatoriano
La reducción sostenida en los retiros de efectivo durante 2024 y 2025 no puede interpretarse de manera aislada. Después de alcanzar picos de USD 4.162 millones en diciembre de 2024, las cifras han mostrado una tendencia descendente que contrasta con la estacionalidad histórica que típicamente impulsaba los retiros durante los meses de mayor actividad comercial. Esta modificación en los patrones sugiere que está ocurriendo una sustitución estructural del efectivo por medios de pago alternativos, presumiblemente digitales (Gráfico 1).
El análisis provincial profundiza esta lectura y revela dinámicas territoriales diferenciadas que merecen atención. Pichincha, que tradicionalmente lideraba los retiros de efectivo con montos que superaban los USD 1.100 millones mensuales durante gran parte de 2024, ha experimentado una contracción dramática.
En diciembre de 2024, los retiros en esta provincia alcanzaron USD 1.261 millones, pero para septiembre de 2025 se habían reducido a USD 538 millones. Esta disminución del 57% en apenas nueve meses, en la provincia que concentra la mayor densidad de servicios financieros del país, constituye un indicador particularmente revelador. Cuando una población con alto acceso a servicios bancarios formales reduce tan drásticamente sus retiros de efectivo, la explicación más plausible apunta a una migración acelerada hacia alternativas digitales (Gráfico 2).
Guayas presenta un patrón diferente pero igualmente significativo. Esta provincia mantuvo retiros relativamente estables entre USD 850-1.000 millones mensuales durante 2024, alcanzando un máximo de USD 1.088 millones en diciembre. Sin embargo, a diferencia de Pichincha, la reducción en Guayas ha sido más moderada: USD 793 millones en septiembre de 2025 representa una disminución del 27% respecto al pico de diciembre.
Azuay, con una escala menor pero significativa, presenta patrones que oscilan entre USD 100-165 millones mensuales. Los retiros en esta provincia alcanzaron USD 165 millones en abril de 2024 y se redujeron a USD 102 millones en septiembre de 2025, una contracción del 38% que se alinea más con el promedio nacional que con los extremos de Pichincha o Guayas. Esta provincia mantiene consistentemente alrededor del 4% del total nacional de retiros, sugiriendo que su ecosistema de pagos evoluciona a un ritmo intermedio entre las dos principales provincias.
El documento del FLAR contextualiza esta situación ecuatoriana dentro de una tendencia regional más amplia. Como señala el estudio, “la evolución de la digitalización ha transformado profundamente la forma en que individuos y comercios realizan transacciones, impulsando la evolución de los sistemas financieros”.
La pandemia de COVID-19 funcionó como catalizador de estos cambios, acelerando “la adopción de alternativas sin contacto, como los pagos digitales, las transferencias instantáneas y el uso de Códigos QR”. Sin embargo, el desafío para Ecuador no consiste únicamente en acelerar esta transición, sino en asegurar que la infraestructura que la soporte sea verdaderamente inclusiva e interoperable.
Lecciones regionales o cuando la tecnología no es suficiente
El análisis econométrico realizado por el FLAR sobre 11 jurisdicciones latinoamericanas entre 2010 y 2024 arroja hallazgos contraintuitivos que cuestionan supuestos comunes sobre los sistemas de pagos inmediatos. El estudio encuentra que la simple disponibilidad de tecnología o la participación de proveedores no bancarios no garantiza la adopción masiva.
En cambio, identifica cuatro determinantes cuantificables que explican el crecimiento mensual de las transacciones: el número de casos de uso disponibles incrementa las transacciones en 4,5%, la multiplicidad de llaves de acceso las aumenta en 2,7%, la regulación de tarifas al usuario final contribuye con 3,4%, y el rol activo del banco central aporta 4,8%.
Estos hallazgos desafían la narrativa tecnológica dominante. La experiencia regional demuestra que un sistema de pagos inmediatos no triunfa simplemente porque utiliza las Interfaces de Programación de Aplicaciones más modernas o porque implementa el estándar ISO 20022, aunque estos elementos técnicos sean importantes.
Las API, que son protocolos que permiten que diferentes sistemas informáticos se comuniquen entre sí de manera estandarizada y segura, facilitan la conexión técnica entre bancos, billeteras digitales y otros proveedores de servicios de pago. El ISO 20022, por su parte, es un estándar internacional de mensajería financiera que define un lenguaje común para que las instituciones intercambien información sobre transacciones de manera estructurada y consistente, facilitando la interoperabilidad no solo nacional sino eventualmente transfronteriza. Sin embargo, la disponibilidad de estas herramientas técnicas no garantiza por sí sola la adopción masiva del sistema.
Bolivia ofrece el caso más ilustrativo de cómo la determinación regulatoria puede transformar un ecosistema de pagos. El Banco Central de Bolivia, ejerciendo sus atribuciones constitucionales, estableció en 2022 un marco normativo que obligaba a todas las entidades del sistema financiero a adoptar un estándar único y compatible para la generación de Códigos QR.
Esta decisión, que algunos actores privados inicialmente resistieron, produjo resultados extraordinarios. Las entidades que ofrecían pagos inmediatos con Código QR pasaron de 11 en 2019 a 39 en 2024. Más significativo aún, las transacciones con Código QR que representaban apenas 2% de las transferencias electrónicas totales a inicios de 2021 alcanzaron el 88% a finales de 2024.
El documento del FLAR es explícito sobre las lecciones del caso boliviano, “la emisión de un marco normativo amplio e integral ha garantizado condiciones propicias para el desarrollo de la infraestructura”. La clave no residió en esperar que el mercado coordinara voluntariamente, sino en que el banco central estableciera las reglas del juego de manera clara y obligatoria.
Como relata el estudio, “se enfrentaron diversos desafíos. Entre ellos, la resistencia inicial de las CCL y del sector bancario frente a los cambios asociados al modelo interoperable”, no obstante, esta resistencia fue superada mediante “la coordinación con intervención activa de la ASFI para garantizar el cumplimiento normativo”.
Colombia ha adoptado un enfoque distinto pero igualmente instructivo. El Banco de la República reconoció que ya existían tres sistemas privados de pagos inmediatos operando de manera fragmentada: ACH Colombia con Transfiya procesando pagos persona a persona, Redeban con Entrecuentas enfocado en pagos mediante Código QR, y Visionamos atendiendo al sector cooperativo.
En lugar de intentar reemplazar estas infraestructuras existentes, el banco central decidió construir sobre lo construido. La estrategia Bre-B consiste en proveer la infraestructura pública centralizada que permite la interoperabilidad entre todos estos sistemas, mientras mantiene la competencia en la prestación del servicio al usuario final.
El componente central de Bre-B consiste en dos nodos tecnológicos. El Directorio Centralizado funciona como un repositorio que permite asociar las llaves de los usuarios con sus cuentas, independientemente de la entidad financiera o el sistema de pagos que utilicen.
El Mecanismo Operativo para la Liquidación procesa las transacciones una a una en tiempo real, liquidándolas en dinero del banco central a través del sistema RTGS. Como explica el documento, esta arquitectura “permite que múltiples sistemas coexistan e interoperen sin necesidad de eliminar infraestructuras existentes”, reduciendo la resistencia al cambio y aprovechando las inversiones previas de la industria.
Chile representa un tercer modelo, donde el sistema de pagos inmediatos opera desde 2008 mediante infraestructura completamente privada, pero bajo un marco regulatorio progresivamente fortalecido. El Centro de Compensación Automatizado, una empresa privada, procesa las transferencias electrónicas con disponibilidad inmediata para los usuarios finales, aunque la liquidación entre instituciones ocurre de manera diferida.
Lo notable del caso chileno es que ha alcanzado niveles de adopción comparables a sistemas operados directamente por bancos centrales: en 2024 procesó en promedio 100 transacciones per cápita y montos equivalentes al 95% del PIB.
Sin embargo, el documento del FLAR identifica también las limitaciones del modelo chileno. La ausencia de un directorio centralizado de alias significa que “cuando se realiza una transferencia a un destinatario por primera vez, el originador debe proporcionar información que permita identificar la cuenta y el destinatario: número nacional de identidad, entidad de destino, tipo y número de cuenta”.
Esta fricción en la experiencia de usuario contrasta con la simplicidad de sistemas como el boliviano, donde basta escanear un Código QR estandarizado, o el brasileño Pix, donde cualquier alias funciona universalmente. El Banco Central de Chile reconoce que “avanzar en esos desafíos no es trivial y requiere tanto de esfuerzos públicos como privados, para resolver no solo los desafíos tecnológicos, sino también los de coordinación y contractuales”.
Arquitectura institucional: más allá de la tecnología
El análisis comparativo del FLAR revela que la arquitectura institucional importa tanto como la arquitectura tecnológica. Los países más exitosos en la implementación de sistemas de pagos inmediatos han establecido mecanismos formales de coordinación público-privada que trascienden las mesas técnicas ocasionales. Colombia institucionalizó el Comité de Interoperabilidad de Pagos Inmediatos como una instancia permanente donde participan los sistemas de pago, sus entidades participantes y, según la temática, otros actores relevantes. Este comité no es meramente consultivo, sino que ha sido fundamental para definir aspectos operativos críticos del sistema Bre-B.
La metodología de implementación adoptada en Colombia también resulta instructiva. El Banco de la República desarrolló con la industria un proceso iterativo e incremental que organiza las actividades en bloques de trabajo fijos en el tiempo.
Bolivia enfrentó desafíos similares de coordinación que requirieron no solo liderazgo del banco central sino también la intervención de la autoridad de supervisión financiera. El documento relata que la implementación del Código QR estandarizado y del Módulo de Liquidación Diferida “requirió la coordinación con intervención activa de la ASFI para garantizar el cumplimiento normativo y la integración efectiva de todas las entidades, superando barreras tecnológicas y operativas”. Esta experiencia subraya que en ecosistemas financieros con múltiples actores de diferentes tamaños y capacidades técnicas, la coordinación voluntaria frecuentemente resulta insuficiente.
La gobernanza del sistema plantea también preguntas sobre quién debe operar la infraestructura crítica. El documento del FLAR identifica tres roles que pueden asumir los bancos centrales:
- Operador directo de la infraestructura.
- Regulador que establece estándares y supervisa el cumplimiento.
- Catalizador que facilita la coordinación sin operar directamente.
Cada uno de estos roles tiene implicaciones distintas sobre los incentivos de los actores privados, la velocidad de innovación y la inclusión financiera.
Los casos de Bolivia, Costa Rica, Paraguay y Venezuela ejemplifican el modelo donde el banco central opera directamente tanto la infraestructura de alto valor como componentes críticos del sistema de pagos inmediatos.
Diseño centrado en el usuario: casos de uso, llaves y tarifas
La experiencia de usuario constituye el elemento más visible del sistema de pagos inmediatos, pero también el más complejo de diseñar adecuadamente. El análisis del FLAR identifica que los sistemas más exitosos no se limitan a ofrecer un solo caso de uso, sino que progresivamente expanden la funcionalidad para atender distintas necesidades.
Los pagos entre personas suelen ser el punto de partida por su simplicidad y utilidad inmediata, pero la verdadera transformación del ecosistema de pagos ocurre cuando se habilitan los pagos a comercios, el pago de servicios básicos, las transferencias gubernamentales y las nóminas salariales.
Bolivia ha seguido esta estrategia de expansión progresiva. El sistema inició procesando transferencias electrónicas persona a persona, luego incorporó los pagos mediante Código QR estáticos para comercios pequeños, posteriormente habilitó los Códigos QR dinámicos para transacciones de mayor complejidad, y actualmente evalúa la implementación de funcionalidades como Request to Pay y pagos programados.
Esta expansión gradual permite que el ecosistema madure, que se identifiquen y resuelvan problemas operativos, y que los usuarios desarrollen confianza en el sistema antes de migrar casos de uso más complejos.
En Ecuador, las señales de transformación ya están presentes en los datos de retiros de efectivo. La tarea del Banco Central del Ecuador consiste en construir la infraestructura pública que permita acelerar, democratizar y consolidar esta transformación.
La experiencia regional documentada por el FLAR demuestra que el éxito no es cuestión de suerte o de timing, sino de decisiones de diseño institucional, de liderazgo regulatorio y de compromiso sostenido con la interoperabilidad y la inclusión. Ecuador tiene la oportunidad de aprender de los aciertos y errores de países que han recorrido este camino antes, y de construir un sistema de pagos inmediatos que no solo iguale sino que potencialmente supere los logros regionales.
(*) Economista, analista económica Gestión Digital.
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