Una década sin avances en la ruralidad, donde solo dos de cada 10 trabajadores tienen empleo adecuado

A escala nacional, la tasa de empleo adecuado se ubicó en 37% en septiembre de 2025, lo que significa que poco más de un tercio de la población ocupada cuenta con un trabajo con al menos 40 horas semanales y reciben ingresos iguales o superiores al salario básico unificado.

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El resto de la población ocupada se reparte entre distintas formas de empleo inadecuado. Por ejemplo, el subempleo alcanza el 17,6% y corresponde a los empleados que ganan por debajo del salario básico y/o trabajan menos de la jornada legal y desean laborar más,

A este grupo se suman trabajadores con otro empleo no pleno (30,8%) y sin remuneración (11,2%). Agregando estas categorías, ocurre que seis de cada diez trabajadores en Ecuador enfrentan algún tipo de empleo no adecuado.

La tasa de desempleo se mantiene baja, en torno al 3,2%, pero el principal desafío del mercado laboral no es la falta de ocupación, sino la calidad de los empleos existentes. La estructura productiva del país genera oportunidades limitadas de trabajo pleno, sobre todo fuera de los principales centros urbanos.

El sector rural es el más afectado por esta realidad. En septiembre de 2025, apenas el 19,8% de los trabajadores rurales tenía un empleo adecuado, frente al 46,1% en las ciudades. La diferencia supera los 25 puntos porcentuales y se ha mantenido prácticamente inalterada desde 2015.

En otras palabras, solo dos de cada diez personas que trabajan en el campo cumplen con las condiciones básicas de un empleo adecuado: ingresos iguales o superiores al salario básico y una jornada de al menos 40 horas.

Una década sin avances: el empleo adecuado rural se mantiene estancado desde 2015

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) evidencian que, aunque hubo un período de mejora hasta finales de 2014, los avances se detuvieron a partir de 2015. Desde entonces, el empleo adecuado en el área rural se ha mantenido prácticamente sin cambios.

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El empleo pleno registró un incremento entre 2007 y 2014, pasando del 23,7% al 34,4%. Ese fue el valor máximo de toda la serie. A partir de entonces, los datos muestran un retroceso: 28,5% en 2015, 22,6% en 2016 y estancado en torno al 20% entre 2019 y 2025.

A nivel nacional, el empleo adecuado siguió un comportamiento parecido, aunque con niveles más altos. El indicador pasó de 43,2% en 2007 a 49,3% en 2014, para luego estabilizarse por debajo del 40% durante la última década. En las áreas urbanas la proporción se redujo de 56% en 2014 a 46% en 2025.

En contraste, las distintas formas de empleo inadecuado mantienen un peso elevado dentro del mercado laboral ecuatoriano, sobre todo en las zonas rurales. En 2007, alrededor del 76% de los trabajadores del campo se encontraba en alguna de estas condiciones, proporción que descendió de manera gradual hasta 2014, cuando se situó en torno al 65%. Sin embargo, a partir de 2015, el indicador volvió a incrementarse y hoy se ubica cerca del 80%.

El empleo no remunerado ha sido históricamente el componente más alto en el área rural. Mientras en 2007 representaba el 16% del total de ocupados rurales, para 2025 alcanza el 25%, frente a solo 4% en el ámbito urbano. En esta categoría están los trabajadores no remunerados del hogar y ayudantes no remunerados de asalariados/ jornaleros.

El otro empleo no pleno, que agrupa a las personas que perciben ingresos inferiores al salario mínimo o trabajan menos de la jornada legal, se mantiene con una diferencia de 10 puntos porcentuales. En el área rural representa el 35% de la población ocupada, mientras que en la urbana el 25%.

En la última década, la estructura del mercado laboral en Ecuador se ha mantenido casi sin cambios. El desempleo se mantiene bajo, pero la calidad del trabajo difiere según el territorio. Mientras en las ciudades la mitad de los ocupados accede a un empleo adecuado, en la ruralidad la mayoría tiene en empleo de menor calidad.

Esa diferencia marca no solo las oportunidades laborales, sino también las condiciones de vida. Los hogares rurales enfrentan mayores dificultades para generar ingresos suficientes, y esa brecha se refleja en los indicadores de pobreza que también son más altos fuera de los centros urbanos.

Más pobreza y mayor desigualdad

En junio de 2025, la línea de pobreza se ubicó en USD 91,98 por persona al mes, mientras que la línea de pobreza extrema alcanzó USD 51,83. Es decir, una persona es considerada pobre si tiene ingresos inferiores a USD 3,07 diarios, y pobre extrema si dispone de menos de USD 1,73 al día.

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A partir de estos umbrales, el INEC estima que, en junio de 2025, la pobreza afectaba al 24% de la población ecuatoriana, mientras que la pobreza extrema alcanzaba el 10,4%. Las diferencias entre áreas son amplias: en el sector rural, el 41,7% de las personas vive bajo la línea de pobreza y el 25,1% en pobreza extrema. En contraste, en el área urbana las tasas son de 15,7% y 3,5%, respectivamente.

Estas brechas han cambiado poco en la última década. En 2014, la pobreza rural se ubicaba en 35%, su punto más bajo, pero desde entonces se ha estancado en torno al 40%, sin una reducción ni signos de mejora. 

La desigualdad de ingresos acompaña este panorama. En junio de 2025, el coeficiente de Gini se ubicó en 0,44 a nivel nacional. Este indicador mide cómo se reparte el ingreso entre la población: cuanto más se acerca a 0, más equitativa es la distribución; y cuanto más se acerca a 1, mayor es la concentración en pocas personas.

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En el área urbana, el Gini fue de 0,41, mientras que en el sector rural llegó a 0,48, uno de los niveles más altos de los últimos años. Esa diferencia implica que, en el campo, los ingresos están repartidos de manera más desigual. En las ciudades, aunque la desigualdad también existe, la brecha entre las personas con más y menos ingresos es algo menor.

Un país con brechas que trascienden el ingreso

La pobreza en Ecuador no se explica solo por los ingresos. La Tasa de Pobreza Multidimensional (TPM) ofrece una mirada más amplia sobre las condiciones de vida, al considerar carencias en aspectos como educación, empleo, salud, vivienda y acceso a servicios básicos. Una persona se considera pobre multidimensional cuando experimenta privaciones en al menos un tercio de estas dimensiones.

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En 2024, la TPM se ubicó en 40,8% a escala nacional, lo que significa que cuatro de cada diez ecuatorianos viven con múltiples limitaciones simultáneamente. En las ciudades, el indicador alcanzó 26,6%, mientras que en el campo llegó a 71,2%.

En el área rural, las privaciones más frecuentes están relacionadas con el acceso a servicios básicos, la precariedad laboral y las condiciones de vivienda. La falta de agua por red pública, el alto número de trabajadores sin afiliación a la seguridad social y el déficit habitacional son los factores que más inciden en la pobreza multidimensional. A ellos se suman los rezagos educativos, como el logro educativo incompleto y el trabajo infantil y adolescente, que limitan las oportunidades de desarrollo futuro.

A lo largo de la última década, los principales indicadores sociales del país muestran pocos cambios. El empleo adecuado, la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional permanecen estancados. Las brechas entre el campo y la ciudad siguen siendo amplias: el bienestar urbano avanza lentamente, mientras que el rural enfrenta condiciones mucho más precarias.