Escalada militar de Estados Unidos en Ecuador está blindada por el marco legal negociado en el gobierno de Guillermo Lasso

Después de la salida de la Base de Manta en septiembre de 2009, Ecuador no volvió a ver militares estadounidenses en su territorio. Las relaciones bilaterales se intensificaron con el fin del correísmo aunque se trataba de visitas protocolares. Pero desde diciembre de 2025, la cooperación y llegada de equipos militares ha sido frecuente.

Ese inusual movimiento desembocó en una operación conjunta que ambos países publicitaron, el 3 de marzo de 2026, y que sucedió bajo el marco legal que rige la cooperación bilateral en materia de seguridad.

El Comando Sur de difundió un video en redes sociales, con imágenes nocturnas de helicópteros y personal militar desplegándose en algún rincón del territorio ecuatoriano —el sitio exacto no fue revelado porque, según los militares, los detalles de la operación son reservados— contra las instalaciones del grupo delictivo Comandos de la Frontera. 

El día previo, el presidente Daniel Noboa había hablado ya de una nueva fase de lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, de la mano de "aliados de la región".

Los medios estadounidenses New York Times y ABC contaron que fuentes militares de su país que, en realidad, la cooperación se encuadró en ayudar a las tropas ecuatorianas en la planificación de las redadas, proveyendo inteligencia y soporte logístico, sin botas sobre el terreno.

El mismo presidente Noboa advirtió que esa segunda fase arrancaría recién el 15 de marzo en cuatro provincias: Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo. Y el ministro del Interior, John Reimberg, advirtió a los ciudadanos que no desacaten el futuro toque de queda.

Y, pese a los comentarios en redes sociales, esto no tiene ninguna relación con el fracasado referendo de noviembre de 2025, en el que el Mandatario consultó a los ecuatorianos sobre la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en el país.

Si bien la mayoría de votantes rechazó su propuesta y, por ende, se opusieron a la presencia de militares externos en Ecuador, eso tampoco impide legalmente que ingresen bajo otros acuerdos. Lo único que se mantiene prohibido es que el Gobierno avale el establecimiento de instalaciones o las ceda para fines militares de otras naciones.

Mientras que la actual cooperación militar con Estados Unidos, en territorio ecuatoriano, se encuadra en tres acuerdos bilaterales previos, negociados con Washington y firmados por el gobierno de Guillermo Lasso. Noboa ratificó dos de ellos, después de que el expresidente terminara su periodo de forma anticipada y tras el aval de la Corte Constitucional.

Esas cartas heredadas son lo que ha permitido estas acciones y que de ahora en adelante blindará a los militares estadounidenses que cooperen con el Ejecutivo, después de dos años en el poder, para lanzar nuevas operaciones militares conjuntas.

Puesto que ni siquiera el mismo Mandatario ha vuelto a mencionar sus promesas de establecer otro tipo de bases extranjeras, como las que estaba negociando con Kristi Noem, la cuestionada secretaria Nacional de Seguridad de Estados Unidos, o las supuestas bases de control de la pesca ilegal, de drogas o de tráfico de combustibles.

¿Qué dice el marco legal que permite las operaciones militares con Estados Unidos?

Ambos países cuentan con una trilogía de acuerdos que les permiten realizar operaciones militares conjuntas por aire, mar y tierra: el Estatuto de las Fuerzas (SOFA), el de Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas y el de Asistencia para Interceptación Aérea.

Esos documentos permiten que el personal militar y civil estadounidense (y sus contratistas) desempeñe sus funciones en el país con cobertura legal y que los uniformados participen de operaciones conjuntas o autorizadas por las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

Esas operaciones están cubiertas principalmente por el acuerdo SOFA, que permite a los uniformados estar presentes "temporalmente" en territorio ecuatoriano para "actividades de cooperación para abordar retos de seguridad compartidos, entre ellos, el tráfico ilícito, el terrorismo internacional y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada entre otras actividades mutuamente acordadas".

Ese marco legal, además, establece las normas para el ingreso, la operación y el comportamiento del personal civil y militar del Departamento de Estado, que tendrá "privilegios, exenciones e inmunidades" equivalentes a los que tiene el personal diplomático y sobre los que Estados Unidos mantendrá el control disciplinario y la jurisdicción penal dentro del territorio ecuatoriano.

Con todas estas piezas en su lugar, la cooperación militar entre Carondelet y la Casa Blanca en territorio ecuatoriano está blindada desde enero de 2024. Por lo que las fuerzas armadas de ambos países ya han colaborado en ejercicios y operaciones conjuntas, especialmente en temas marítimos. 

Sin embargo, esta es la primera vez en la que se ejecuta un despliegue de esta magnitud y se anuncia una serie de operaciones conjuntas contra organizaciones declaradas como terroristas por Estados Unidos, como Los Lobos y los Choneros.