Una semana de protestas en Archidona por adjudicación de megacárcel provoca renuncias y pérdidas económicas
Seis días de protestas dejan un nuevo gobernador, pérdidas millonarias y una comunidad firme en su rechazo, mientras este 9 de diciembre culmina el plazo para adjudicar la polémica megacárcel.
Habitantes de Archidona continúan protestando contra la construcción de una cárcel de máxima seguridad, el 9 de diciembre de 2024.
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Este lunes 9 de diciembre concluye el plazo para la adjudicación de la construcción o repotenciación de una nueva cárcel en Archidona, provincia de Napo.
Este proyecto, liderado por el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), cuenta con un presupuesto de USD 52 millones aproximadamente, sin incluir impuestos, y un plazo de ejecución de 300 días.
Sin embargo, la propuesta ha generado una resistencia social en la región amazónica, que ha derivado en bloqueos, renuncias políticas y protestas.
La resistencia de Napo
Desde que se dio a conocer el proyecto, hace seis días, los habitantes de Archidona y Tena han expresado su rechazo categórico a la construcción de una megacárcel de máxima seguridad. Este proyecto se ha comparado con el modelo implementado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador.
Los bloqueos han paralizado las vías principales que conectan Tena, Coca, Quito y otras ciudades, interrumpiendo el comercio y la movilidad en esta zona de la Troncal Amazónica.
La presión social provocó la renuncia de Marlene Cabrera, gobernadora de Napo, quien señaló la falta de apoyo gubernamental como causa principal.
En su lugar, Gary Rivadeneyra Olalla asumió el cargo desde el domingo 8 de diciembre y anunció que, en lugar de construir una nueva cárcel, se repotenciará la existente.
Explicó que la cárcel actual existe desde 2011 y tiene un alto índice de hacinamiento donde hay presos de alta peligrosidad, en una estructura debilitada, por lo que es necesario repotenciar la seguridad.
La postura de los manifestantes
El alcalde de Tena, Jimmy Rueda, lideró una marcha masiva el viernes, destacando que "el sacrificio de hoy es por el futuro".
Por su parte, Nelly Shiguango, representante de organizaciones sociales, reiteró que la lucha continuará hasta que el gobierno suspenda el proceso de contratación.
Los manifestantes, pese a no abrir el paso para el transporte público y de carga , sí permiten corredores humanitarios para ambulancias.
Sin embargo, la paralización ha afectado gravemente a las operadoras de transporte y a los ciudadanos, quienes deben recurrir a motociclistas para sortear los cierres viales.
La paralización ha generado pérdidas millonarias, según Jorge Torres, gerente de la Unión de Transporte de Tungurahua.
Las comunidades locales también enfrentan desafíos logísticos, pues deben caminar hasta tres kilómetros para acceder al transporte.
En medio de las protestas, algunas voces críticas, como la de Caicedo Wanputsrik, han cuestionado las prioridades de los manifestantes.
Sugiere que deberían enfocarse en problemas como la contaminación de los ríos por la minería, que es, a su criterio, un problema que muchos dirigentes conocen y no lo abordan.
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