Casi el 40% de los ecuatorianos quiere irse del país mientras el 80% considera que la inmigración es "perjudicial", según PNUD
Ecuador tiene una mayor fuga de cerebros que en países como Argentina o Costa Rica pero menor que en Perú y México, de acuerdo con un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Archivo. Mujeres observan aviones que arriban y despegan desde el aeropuerto Mariscal Lamar de la ciudad de Cuenca, el 18 de diciembre de 2025.
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Boris Romoleroux / API
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Uno de cada tres latinoamericanos quiere emigrar y la mitad rechaza la llegada de inmigrantes a su país, según el Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) difundido este lunes 11 de mayo de 2026.
El estudio, que dedica un capítulo extenso a la movilidad humana como termómetro de las fracturas políticas y sociales del continente, refleja la situación de una región que provoca la salida de su población a ritmo creciente y -a su vez- se niega a recibir a los que llegan de otros países vecinos.
En esta línea, el trabajo del organismo revela que la intención de emigrar ha crecido de forma sostenida en las dos últimas décadas: en 2004, el 21 % de la población de la región declaraba querer irse a vivir o trabajar al extranjero en los próximos tres años; en 2023 esa proporción había escalado al 32 %.
Deseo de irse del país y fuga de cerebros en Ecuador
En algunos países, ese porcentaje supera ampliamente la media regional: Haití lidera la lista con el 74,6 % de su población con intención de emigrar, seguido de Jamaica (54,3 %) y Surinam (45,7 %).
De acuerdo con las cifras expuestas en el informe, el 38,5% de la población en Ecuador ha expresado tener intención irse a vivir o trabajar en otro país en los próximos tres años.
Según el Indicador de fuga de cerebros y emigración de capital humano calculado por PNUD, que ocupó como referencia datos del 2023, Ecuador tiene una pérdida de capital humano del 4,2 en una escala máxima de 10.
Esto quiere decir que en Ecuador hay una fuga de cerebros mayor que en Argentina, Chile, Costa Rica o Brasil, pero menor que en Paraguay, Bolivia, Perú o México.
Llegada de inmigrantes es vista como "perjudicial"
El PNUD vincula directamente estos números con el desencanto institucional, ya que el aumento de la intención de emigrar ha ido acompañado del aumento de la insatisfacción con la democracia y de una percepción creciente de deterioro económico.
Pese a que la región es también receptora de una migración masiva, la acogida ciudadana es mayoritariamente negativa. En 2024, el 51,4 % de los latinoamericanos consideraba que la llegada de inmigrantes a su país era "perjudicial".
En este apartado, el porcentaje de ecuatorianos que considera que la presencia de inmigrantes es mala se ubicó por encima del promedio hasta llegar al 80,2%, únicamente por detrás de Perú, con un 80,4%.
Según los datos del Censo de 2022, Ecuador tiene una población migrante que reside en el país de 425.045 personas, que es cerca del 2,5% del total de 16.938.986 habitantes en el territorio nacional.
El estudio advierte de que este rechazo alimenta a su vez la polarización política, ya que una parte del discurso público se construye sobre la criminalización de los migrantes, reforzando la lógica del "nosotros contra ellos" que mina las bases del contrato democrático.
Mayores restricciones migratorias en el mundo
Este éxodo migratorio coincide con una reconfiguración histórica de los destinos y, lo que durante décadas fue una migración dirigida hacia Estados Unidos y Europa, se está convirtiendo en un fenómeno crecientemente intrarregional.
En 1990, había 3,7 millones de migrantes de América Latina y el Caribe dentro de la propia región; en 2024 esa cifra se ha casi cuadruplicado, hasta alcanzar los 14 millones de personas.
El aumento más brusco se produjo entre 2015 y 2020, cuando la migración intrarregional creció un 84 % en solo cinco años, impulsada en parte por la crisis venezolana y las políticas migratorias cada vez más restrictivas en Norteamérica y Europa, agudizadas desde 2025 con el endurecimiento de los controles y el aumento de las deportaciones desde Estados Unidos.
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