De aquella Bahía de Caráquez pujante, que desde finales de los noventa se caracterizaba por modernos edificios, persisten apenas rastros. El terremoto del 16 de abril de 2016 remeció los cimientos de la ciudad asentada en la desembocadura del río Chone que, 10 años después, aún no logra levantarse.

Los barrios altos se asemejan a albergues, como una fotografía de los días que sucedieron al terremoto. Habitantes levantaron con sus propias manos casas para reemplazar las de caña que el terremoto se llevó, con plástico como techos y telas como paredes, sobre pisos de tierra y gravilla, una década después del desastre.

Otras pocas viviendas en pie fueron abandonadas por familias que migraron a otras provincias como Santo Domingo de los Tsáchilas en busca de trabajo. El paisaje se completa con edificios a medio demoler o que sobreviven con grietas y paredes remachadas. Aquí, la casi inexistente presencia del turismo es el reflejo intacto de una ciudad detenida en el tiempo.

Luis Rodríguez, morador del barrio Pedro Fermín Cevallos, narra que la casa de dos pisos de su abuela colapsó y que, ante la ausencia de ayuda, ahora se ve obligado a pagar USD 40 al mes de arriendo por un cuarto y un baño en una vivienda que también quedó cuarteada. Una década después, el hombre de 42 años -al igual que la mayoría de sus vecinos- sobrevive de la pesca artesanal de pescado y camarón, así como de la recolección de concha.

Las promesas de reconstrucción nunca llegaron a su cuadra; su prima sobrevive bajo unas tejitas remendadas y los propios vecinos tienen que levantar las tapas de las alcantarillas para limpiarlas de la tierra y la basura que baja de las lomas.

Este abandono también lo sufre en carne propia Freddy Puertas, otro sobreviviente que perdió su casa y sus bienes en los saqueos posteriores al sismo, quien recuerda cómo los cadáveres se apilaban en el estadio ante la falta de una morgue.

Puertas denuncia que hoy el cantón cuenta con un hospital sin medicinas, donde los pacientes deben salir a comprar hasta un paracetamol.

Pero el fracaso estatal en Pedernales alcanza su punto más oscuro al intentar visitar la nueva ciudadela construida por el gobierno y las escuelas móviles: la zona es inaccesible. Moradores y bomberos advierten que el territorio está totalmente tomado por el narcotráfico, resguardado por guardias armados con fusiles en las entradas, al punto de que los equipos de emergencia necesitan autorización de los criminales para ingresar.

Las cifras del cantón, con un crítico 45,5% de acceso a agua y apenas un 15,1% de alcantarillado, son el caldo de cultivo de una población que, olvidada por el Estado, quedó a merced de las bandas organizadas.

El funcionario de Contraloría, Alejandro González, testificó durante el juicio que este proyecto no tenía informes de daños emergentes causados por el terremoto, pues la vía original estaba en total funcionamiento, y que su ejecución respondía a un plan vial estructurado desde 2012, vulnerando así la ley de contratación pública al adjudicarse ilegítimamente por emergencia.

Pero el caso más notable de la desidia estatal se encuentra en las Facilidades Pesqueras. En el puerto de San Mateo, el Estado invirtió más de USD 5 millones en un espigón de sacrificio catalogado por el perito Toulkeridis como un "elefante blanco".

El abandono se torna aún más sombrío rumbo a las Facilidades Pesqueras de Arenales de Crucita, una obra en la que se gastó USD 52,6 millones de los damnificados. A cinco minutos de llegar al lugar, transitando por un camino lastrado y empedrado lleno de dificultades, el equipo de PRIMICIAS evidenció la influencia del crimen.

Dos individuos salieron repentinamente de los matorrales, acercándose con actitud hostil al vehículo mientras llevaron las manos a las cinturas de sus pantalones. Interrogaron a los ocupantes sobre su destino. Cuando el equipo afirmó ser un grupo de turistas perdidos en busca de la playa, la respuesta fue una sentencia inapelable: "Den la vuelta y no regresen jamás".