Desarticulan en Guayaquil un centro que falsificaba sellos de revisión vehicular y matrículas para seis cantones de Ecuador
Un operativo policial en el sector de las calles Rumichaca y Gómez Rendón dejó diez detenidos e incautó cerca de 40.000 especies y adhesivos clonados.

Detenidos en Guayaquil sobre un presunto centro de falsificación de revisión vehicular y matrículas de seis cantones de Ecuador. 4 de agosto de 2026.
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Policía Nacional
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La Policía Nacional desarticuló en Guayaquil un presunto centro clandestino dedicado a la elaboración de especies de matriculación y adhesivos de revisión técnica vehicular fraudulentos.
La intervención, ejecutada por unidades de investigación este 4 de agosto de 2026, tuvo lugar en un inmueble ubicado en las calles Rumichaca y Gómez Rendón, dentro del Distrito 9 de Octubre. En el sitio se detuvo a diez ciudadanos (siete hombres y tres mujeres) bajo sospecha de cometer el delito de falsificación y uso de documentos falsos.
De acuerdo con las investigaciones policiales, el establecimiento ilegal emitía documentación haciéndose pasar por las entidades oficiales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de al menos seis cantones de distintas provincias: Bucay, San Vicente, Balzar, Naranjal, Rumiñahui y Junín, sin contar con ninguna autorización legal.
Durante el allanamiento, los agentes incautaron:
- Seis terminales móviles
- Seis clisets metálicos para el grabado de sellos
- 58 planchas litográficas
- Tres rollos de material holográfico
- Aproximadamente 20.000 especies de revisión técnica vehicular y cerca de 20.000 stickers falsificados.
El general de distrito Walter Villarroel destacó que el decomiso evitó la circulación de estos elementos, que son habitualmente empleados para facilitar otros hechos delictivos.
Antecedentes de corrupción en la ANT: El Caso Jaque
Este hallazgo de falsificación vehicular se suma a las irregularidades que arrastra el sector de tránsito y movilidad en el país. El 30 de enero de 2026, la Fiscalía y la Policía ejecutaron el denominado caso Jaque, un operativo que destapó una estructura de delincuencia organizada que operaba desde el interior de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
Según detalló en su momento el ministro del Interior, John Reimberg, este esquema de corrupción generó un perjuicio estatal superior a los USD 3 millones.
La red ilegal cobraba a los usuarios sumas de entre USD 150 y USD 200 para agilizar trámites, vender licencias de conducir con entrega a domicilio y asignar frecuencias de transporte de manera irregular.
Las indagaciones salpicaron desde la dirección hasta los mandos inferiores de la ANT, de quienes se sospecha mantenían vínculos con el grupo delictivo Los Choneros para captar clientes.
Debido a la gravedad de los allanamientos—donde se decomisaron USD 55.000 en efectivo y materiales para fabricar licencias—, el Gobierno ordenó el cierre temporal de todas las oficinas de la ANT en el país durante 30 días.
Largas filas y quejas por turnos de licencias
A raíz de estas intervenciones y reestructuraciones, los usuarios de la ANT continúan padeciendo serias dificultades para regularizar sus documentos de conducción.
Hasta este 4 de agosto de 2026, y tras más de dos semanas de haberse implementado un plan piloto para agilizar los despachos, persisten las extensas aglomeraciones y quejas en la Plataforma Gubernamental del Sur de Quito y otras sedes.
La alta demanda y los reportes de constantes caídas en el sistema informático han provocado que decenas de personas duerman en la intemperie, instalando carpas, colchones improvisados y cobijas desde la tarde anterior para asegurar un turno de atención por la mañana.
Los afectados denuncian la proliferación de tramitadores ilegales que venden los puestos de la fila nocturna por valores de hasta USD 60.
Por su parte, la ANT ha exhortado a la población a no madrugar, informando que los trámites se atienden según el último dígito de la cédula de identidad a partir de las 08:00.
La entidad recalcó que, como medida de alivio, las licencias caducadas y los certificados de evaluación psicosensométrica mantienen su validez legal hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que no es necesario apresurar los trámites presenciales.
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