Caso Fortunario: Paciente con cáncer, entre los 4.000 afectados por estafa piramidal que captó USD 36,9 millones en Ecuador

Ni siquiera con una sentencia favorable han podido recuperar las inversiones. Miles de ecuatorianos, jubilados y enfermos con males catastróficos, fueron captados por una red de empresas que, mediante un sistema piramidal, obtuvo USD 36,9 millones desde 2021.

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“Se presentó ante las personas como una oportunidad para cambiar su vida después de lo acontecido en la pandemia”, relató el abogado Juan Mantilla, en defensa de uno de los grupos de perjudicados por la empresa Fortunario Activos Digitales, durante la audiencia de formulación de cargos contra 11 investigados el pasado 8 de agosto de 2025.

En esa diligencia judicial, el juez Vicente Hidalgo, de la Unidad de Garantías Penales especializada para el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado, dispuso medidas cautelares contra los accionistas, administradores o empleados de esa compañía y de otras cuatro que se crearon para expandir la red de captación de dinero.

La decisión del juez se dio pese a que la Fiscalía pidió la prisión preventiva para “asegurar la presencia de los procesados en el juicio, garantizar el cumplimiento de una posible pena privativa de libertad y evitar la obstaculización de la investigación y la impunidad”.

A los 11 procesados, el juez les prohibió la salida del país, se les ordenó presentaciones periódicas los miércoles ante el fiscal José Sánchez Gutiérrez y la retención de los fondos o inversiones que tengan en el sistema financiero nacional.

La Fiscalía insistía en la prisión al considerar que, en libertad, los procesados podían entorpecer la investigación, pues ya había el antecedente de que luego de los allanamientos realizados el 2 de abril del 2022 los implicados amenazaron a los clientes y les pidieron destruir evidencias.

“Existe un comunicado por parte de Fortunario Activos Digitales dirigido a todos los inversionistas a través de los canales que manejaban, en este caso la aplicación Telegram, en el que se pide expresamente que eliminen todo rastro en internet que permita identificar su existencia, incluso se amenaza a las víctimas indicándoles que si llegan a denunciar no se les devolverá su dinero”.

José Sánchez, fiscal

Incluso, la empresa continuó captando dinero de los ciudadanos, aún “conociendo la ilicitud de su conducta” y pese al allanamiento que se dio tras la denuncia anónima de una persona que se identificó como Fabricio, y que el 1 de abril del 2022 llamó a la línea 1800-Delito.

La voz de Fabricio alertó que “en Quito, existe una empresa que oferta servicios de inversión en plataformas financieras, compra y venta de criptomonedas. Mediante esta metodología está captando bastante dinero y posee cuentas en el sistema financiero nacional”.

Fabricio reveló los nombres de los involucrados. La Fiscalía los rastreó hasta identificar a los actuales 11 procesados por el delito de estafa. También siguió sus movimientos económicos.

Así, identificó que a la cabeza de la organización figuraba Jhoan B., accionista de la empresa y quien un mes antes del allanamiento se había comprado un auto, mientras que Danilo F., otro de los procesados, había registrado ingresos por USD 3,9 millones en los dos últimos años. Melsi O., también investigada, reportó USD 31.486, Verónica V. recibió USD 2,7 millones.

Los ingresos de Fortunario Activos Digitales subieron como espuma. Creada en julio de 2021 y actualmente en liquidación, esta empresa captó de los clientes USD 13,8 millones, mientras que otras empresas Sapphire-Group Cía. Ltda., Inspira Cía. Ltda., Inspira Digital Cía. Ltda., y Buddhist Gold App S.A.S. también recibieron transferencias, al igual que sus representantes.

“Dicho holding fue creado con la finalidad de reforzar la credibilidad y confianza de la ciudadanía en estas personas y así facilitar que entregaran su dinero. Verónica V. se encargaba de la presentación de los servicios corporativos de la compañía en redes sociales, especialmente en Facebook”.

Fiscalía de Pichincha

Las apariciones públicas de Verónica V., accionista y presidenta de dos de las compañías implicadas (Fortunario Activos Digitales e Inspira Cía. Ltda.), “se dieron principalmente en dicha red social, donde se identificaba incluso como portavoz central, participando activamente en eventos masivos y digitales”.

Ella promocionaba e inauguraba las sucursales en otras ciudades y recibió en sus cuentas bancarias USD 2,6 millones entre los años 2021 y 2023. Su hermana Katherine también recibió depósitos por USD 371.822. Mientras que José Luis C., accionista de Inspira Cía. Ltda. recibió ingresos por USD 1,2 millones en ese mismo periodo y Melsi O., USD 31.482.

La red se expandió en Ambato, Ibarra, Santo Domingo, Riobamba y Latacunga. Evelyn B., líder en la agencia de Ambato, recibió depósitos por USD 354.584 en sus cuentas bancarias; y Denise P., representante de la sucursal de Riobamba, consiguió transferencias por USD 415.739.

Y así con los 11 procesados y las cinco empresas. Todos captaban depositantes con un discurso de legalidad, “bajo la presunción de que se trataba de un negocio lícito, debidamente respaldado por las autoridades de control. Sin embargo, las tasas de interés superaban de forma evidente los márgenes fijados por el Banco Central”, concluye el expediente judicial.

La red empresarial prometía altos intereses, rendimientos del 17%, 19% y hasta 21% de interés mensual, según el monto de la inversión. Los tipos de participación eran los siguientes:

• Paquete Oro: 21% de interés por transferencias mayores a los USD 10.000.
• Paquete Plata: 19% de interés si la inversión se ubicaba entre USD 2.000 y USD 9.900
• Paquete Bronce: 17% de interés por depósitos de USD 500 a USD 1.999

“Además, se pactó un bono o regalía adicional para los líderes que trajeran invitados: “6% por el invitado directo, 3% por el invitado del invitado, y 2% por el invitado de tercera línea”. En la investigación se determinó que se hacían eventos públicos para la captación de clientes. 

“Ninguno de estos eventos se realizó en la clandestinidad. Por el contrario, se rentaron oficinas del Hotel Mercure, y también se utilizaron instalaciones del Municipio de Quito, para organizar eventos que permitieran el aglutinamiento de personas”.

Fiscalía de Pichincha

En estos eventos, “no solo se brindaba información sobre Fortunario Activos Digitales, sino que se realizaban premiaciones a líderes y participantes destacados. Estas premiaciones incluían placas, cheques simbólicos y otros reconocimientos”.

“Las personas sintieron tranquilidad y confianza para invertir en dicha compañía. Sin embargo, la realidad fue que nunca se pagaron las retribuciones prometidas, salvo a los primeros inversionistas, con el único fin de seguir engañando a la gente y aparentar que cumplían sus obligaciones”.

Juan Mantilla, abogado de perjudicados

Las personas, en su desesperación, expuso el abogado, “vendieron sus casas, hipotecaron sus bienes, vendieron terrenos, automóviles, solicitaron créditos, pidieron dinero prestado entre familiares e, incluso, organizaron negocios familiares reuniendo todos sus recursos”. El perjuicio no se limita a unas 6.000 personas, sino que se extiende a su entorno familiar y social.

Los perjudicados

En la lista de perjudicados se cuenta Martha Tijuana, quien padece cáncer y fue sometida a una mastectomía. El 14 de marzo de 2022, 15 días antes del allanamiento de las oficinas de Fortunario Activos Digitales, Martha depositó USD 38.000, dinero que obtuvo de un crédito en una cooperativa. Nunca recibió un solo pago.

Martha reclamó el pago de los intereses a la empresa, a la Superintendencia de Compañías, presentó la denuncia en la Fiscalía, rindió su versión, entregó la documentación. No logró nada.

Fortunario Activos Digitales fue disuelta y se nombró a un liquidador mientras la justicia investigaba el caso, que en mayo de 2023 fue declarado nulo por dos jueces de la Corte Provincial de Pichincha, luego investigados por prevaricato. Así se devolvió a la empresa unos USD 8 millones, dinero que nunca llegó a los depositantes.

Cuando el liquidador compareció ante la Fiscalía declaró que en la cuenta solo quedaba un saldo de USD 3,8 millones, sin que se haya cumplido con el mandato de liquidar la compañía y devolver el dinero a los afectados. Los abogados sospechan que la mitad del dinero fue “movido” por los procesados con la complicidad del liquidador.

A Martha no la doblegó el cáncer, tampoco la estafa de la que fue víctima. Continuó con su reclamo al nuevo liquidador, quien en una reunión con los perjudicados, en septiembre de 2023, condicionó que les devolvería el dinero solamente con la sentencia de juez y que las sentencias debían ser individuales, no grupales.

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Martha Tijuana entabló una demanda en octubre de 2023 y la ganó. Un juez dispuso que se le devuelvan los USD 38.000 más los intereses reglamentarios, pero para entonces el liquidador argumentó que el dinero ya no estaba en su poder sino “en las arcas del Estado”.

Han transcurrido tres años y Martha, como miles de perjudicados, sigue litigando en los juzgados, y también pagando el crédito de los USD 38.000 a la cooperativa, además de los intereses.