Prisión preventiva para policías investigados por cobrar a cambio de certificados y reconocimientos
Una jueza también dictó medidas alternativas a la prisión preventiva para dos de los policías. La Fiscalía denunció que la supuesta organización criminal falsificó la firma del fiscal Carlos Alarcón.
Imagen proporcionada por la Fiscalía General del Estado luego de los allanamientos ejecutados el 15 de mayo en tres provincias.
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Fiscalía General del Estado.
Autor:
Redacción Primicias
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La Fiscalía General del Estado formuló cargos este 16 de mayo por el presunto delito de asociación ilícita en contra de cinco policías en servicio activo que supuestamente ofertaban condecoraciones a cambio de dinero.
La audiencia se desarrolló este sábado y la jueza acogió parcialmente el pedido de la Fiscalía que pidió prisión preventiva para todos los policías capturados en un operativo ejecutado en Pichincha, Cotopaxi y Loja el 15 de mayo.
Con base en las pruebas presentadas por el fiscal del caso, se dictó la orden de encarcelamiento de tres uniformados. En tanto que, dos policías tienen prohibición de salir del país y deberán presentarse dos veces por semana ante la justicia.
Fondo de la investigación
La investigación se basa en la supuesta entrega de condecoraciones y reconocimientos institucionales inexistentes. Para lograrlo, los policías sospechosos habrían adulterado sellos y firmas de entidades como la Policía y la Fiscalía.
A cambio, los policías procesados habrían pedido pagos que oscilaban entre los USD 100 y USD 200. En el operativo, las autoridades decomisaron ocho teléfonos celulares, un dispositivo electrónico y 11 certificados.
En un video difundido en las cuentas oficiales, la Policía mostró algunos de estos reconocimientos que se entregan a los servidores por mérito o excelencia profesional, trayectoria o actos de heroísmo, según el Reglamento de Carrera Profesional.
Por su parte, la Fiscalía General rechazó el uso indebido de su nombre e imagen institucional en este caso caso. La entidad reveló que la presunta estructura delictiva era investigada desde enero de 2026, por usar de forma fraudulenta la firma del fiscal general encargado, Leonardo Alarcón.
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