Propietarios ya no podrían fijar libremente la garantía en los arriendos en Ecuador, según proyecto de Ley

Los propietarios de viviendas ya no podrían fijar libremente el valor de la garantía en los contratos de arrendamiento y los inquilinos tendrían un trámite judicial más rápido para recuperar ese dinero al finalizar el contrato. Todo esto si la Asamblea Nacional aprueba la reforma a la Ley de Inquilinato que analiza la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

La propuesta busca evitar que los arrendadores exijan garantías consideradas excesivas y establecer un mecanismo más ágil para resolver los conflictos relacionados con la devolución de esos recursos. 

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Se trata de una propuesta incluida en el proyecto de Ley para reformar la Ley de Inquilinato, que ya pasó el primer debate en abril del 2026, pero todavía no hay fecha para el segundo debate.

La garantía en un contrato de arrendamiento podría cambiar

Aunque la Ley de Inquilinato vigente no obliga a entregar una garantía o depósito al firmar un contrato de arrendamiento, esta es una práctica común en Ecuador. Generalmente, el arrendador y el inquilino acuerdan el pago de uno o dos meses de arriendo como garantía y lo dejan expresamente establecido en el contrato.

Una vez suscrito el contrato, tanto el pago de la garantía como las condiciones para su devolución son de cumplimiento obligatorio para ambas partes. Al finalizar el arrendamiento, el propietario debe restituir ese dinero, salvo que existan daños comprobados en el inmueble atribuibles al inquilino. En esos casos, los descuentos deben corresponder al costo de las reparaciones y estar debidamente justificados, es decir con factura.

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La iniciativa para regular la garantía en los arriendos fue presentada por el asambleísta Keevin Gallardo el 4 de junio de 2026, y se incorporó al análisis de la reforma a la Ley de Inquilinato en la Asamblea. Tras el primer debate de este proyecto realizado el pasado abril, además ahora se decidió unificar a este proyecto otros cuatro proyectos que habían estado estancados en la Asamblea, para presentar un solo informe que iría a segundo debate.

Garantía tendría límites técnicos

Gallardo explicó que, según el último censo nacional de vivienda, 36 de cada 100 hogares en Ecuador viven en inmuebles arrendados. Por ello, considera necesario actualizar una legislación que, en varios aspectos, ya no responde a la realidad del mercado.

Uno de los principales cambios propone modificar el artículo 7 de la Ley de Inquilinato para que el valor de la garantía se determine con criterios técnicos. El monto deberá guardar relación con el costo de las reparaciones que puedan derivarse del uso y desgaste del inmueble, en lugar de quedar sujeto únicamente al acuerdo entre las partes.

El legislador sostuvo que actualmente muchos inquilinos aceptan garantías elevadas y, al finalizar el contrato, enfrentan dificultades para recuperar esos recursos porque algunos arrendadores se niegan a devolverlos.

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Reclamos tendrían un trámite más rápido

La propuesta también plantea que los conflictos relacionados con la devolución de la garantía se resuelvan mediante el procedimiento sumario previsto en el Código Orgánico General de Procesos (Cogep). Con ello, se busca agilizar las reclamaciones judiciales y reducir los tiempos para resolver este tipo de controversias.

Buscan modernizar una ley de más de 60 años

Durante la última sesión en la que se trató el tema, 4 de junio de 2026, intervino Juan Carlos Darquea, docente universitario y experto en derecho civil, quien respaldó la necesidad de actualizar la Ley de Inquilinato, vigente desde 1962.

El especialista afirmó que la nueva normativa debe equilibrar los derechos de arrendadores e inquilinos, en un contexto donde persisten altos niveles de informalidad y todavía existen contratos con cláusulas que contradicen la legislación.

Además, apoyó la posibilidad de promover la mediación y el arbitraje para resolver disputas, siempre que estos mecanismos sean voluntarios. A su criterio, hacerlos obligatorios podría generar una carga económica adicional para las partes debido a los costos que implica acudir a un centro de mediación.