USD 150 millones y dos abogados migratorios: el contrato de Trump para defender a menores genera polémica

El Gobierno de Estados Unidos prevé adjudicar un contrato de hasta USD 150 millones para la representación legal de menores migrantes a un pequeño bufete de Texas especializado en derecho ambiental y regulatorio, que cuenta con apenas dos abogados dedicados a casos de inmigración.

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El acuerdo con Burke Law Group, con sede en Houston, entraría en vigor el 15 de agosto y tendría una duración de un año. El contrato reemplazaría al que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) mantenía con Acacia Center for Justice, una red de organizaciones sin fines de lucro cuyo convenio no fue renovado.

Un contrato millonario para un bufete con poca experiencia migratoria

Burke Law Group cuenta con 26 personas en su plantilla y, según la información publicada en su página web, únicamente dos de sus integrantes ejercen en el área migratoria, además de trabajar en otras ramas del derecho.

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La elección de la firma generó críticas entre organizaciones que durante años han brindado asistencia legal a menores migrantes no acompañados, como se conoce a los niños que ingresaron solos a Estados Unidos y permanecen bajo custodia del Gobierno.

Los cuestionamientos apuntan a que un bufete con poca experiencia en inmigración asumirá la representación de miles de menores que enfrentan procesos migratorios.

Los vínculos del bufete con la Administración Trump

Burke Law Group mantiene vínculos con la Administración republicana. Su presidenta, Marcella Burke, ocupó cargos durante el primer mandato de Trump como subconsejera general de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y subprocuradora para Energía y Recursos Naturales del Departamento del Interior.

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Uno de sus cofundadores, Jeffrey Hall, dirige actualmente la oficina de sanciones ambientales de esa misma agencia, luego de ser confirmado por el Senado en diciembre.

Además, la asesora sénior Anne Idsal Austin, quien también trabajó en la EPA durante el primer Gobierno de Trump, lideró posteriormente el equipo de transición de la agencia para el segundo mandato, según el portal E&E News.

La disputa por la defensa de miles de niños migrantes

La Administración Trump intentó terminar anticipadamente el contrato con Acacia Center for Justice y, según denunciaron responsables de varias organizaciones que forman parte de esa red, lleva meses sin desembolsar los fondos federales comprometidos.

En respuesta, las organizaciones demandaron al Gobierno federal para reclamar alrededor de USD 65 millones en facturas pendientes por sus servicios.

Durante una llamada con periodistas, Michael Lukens, director del Amica Center, una de las organizaciones demandantes, aseguró que la red brinda apoyo y representación legal a más de 24.000 niños migrantes en todo el país.

"Es muy extraño que el Gobierno, que tiene como misión proteger a los menores de edad y por ley debe darles apoyo legal, haya elegido dar esta enorme cantidad de dinero a una firma que claramente no está calificada, en vez de seguir apoyando a las organizaciones que lo han hecho durante años".

Michael Lukens, director del Amica Center

Críticas por el impacto en los procesos de deportación

Organizaciones defensoras de migrantes sostienen que la decisión de reemplazar a Acacia responde al objetivo del Gobierno de acelerar las deportaciones y limitar las posibilidades de que los menores accedan al debido proceso.

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Alexa Sendukas, abogada del Galveston-Houston Immigrant Representation Project, señaló que los albergues y centros gubernamentales que reciben a menores migrantes tienen cada vez más casos, y que muchos de ellos llegan desde distintas zonas del país, no únicamente desde la frontera.

"Los procesos migratorios están siendo acelerados y no tienen la oportunidad de contar su historia o de solicitar protección", aseguró.

Desde 2008, el Gobierno federal está obligado a facilitar representación legal a los menores no acompañados bajo custodia de la ORR. Sin embargo, en Estados Unidos los procesos migratorios son de carácter civil, por lo que los niños no tienen derecho automático a un abogado público y pueden comparecer solos ante un juez de inmigración.