El ahorro mensual por la reducción de la jornada de los trabajadores de la Función Ejecutiva alcanzaría los USD 50 millones, según el Ministerio de Finanzas.
Entre el 1 de junio y el 29 de julio, unas 88 instituciones públicas adoptaron la jornada especial diferenciada, que fue una disposición del Gobierno para reducir las horas de trabajo durante el confinamiento.
De 660 mil servidores públicos del Estado, a 216.341 funcionarios se les redujo la jornada laboral hasta ahora.
La medida, que está amparada en el Acuerdo Ministerial 117 del Ministerio de Trabajo, entró en vigencia el 1 de junio de 2020.
Además, es parte de las acciones que impulsa el Ejecutivo para disminuir la masa salarial en unos USD 980 millones en 2020 y así contrarrestar el impacto del coronavirus en la economía nacional.
Hasta el momento, la jornada especial representa un ahorro mensual de USD 50 millones, según el Ministerio de Finanzas.
¿En qué consiste la medida? En este proceso se reduce la jornada laboral de 8 a 6 horas diarias (es decir, hasta 30 horas semanales), que implica una disminución de hasta el 16,66% del salario mensual del trabajador.
La disposición es obligatoria para todas las instituciones de la Administración Pública Central, pero las demás funciones del Estado “podrán adoptar estas disposiciones en el marco de sus competencias”, dice el acuerdo ministerial.
Según el acuerdo ministerial, la jornada especial diferenciada puede implementarse por seis meses y puede ser renovada por un mismo periodo, en una sola ocasión.
El Ministerio del Trabajo no ha recibido denuncias con respecto a un supuesto incumplimiento del acuerdo ministerial, pero funcionarios públicos consultados por PRIMICIAS aseguran lo contrario.
María (nombre protegido) trabaja en el Ministerio de Energía desde hace tres años. Su salario era de USD 1.086 mensuales (menos los descuentos de ley), pero desde junio, recibió USD 905.
“El problema es que nos redujeron el salario, pero seguimos trabajando las ocho horas, incluso, hay días que trabajamos más”, afirma la funcionaria.
Demanda de inconstitucionalidad
Los reclamos por la jornada especial diferenciada llegaron a la oficina de la asambleísta de CREO, Jeannine Cruz, quien interpuso una demanda de insconstitucionalidad al Acuerdo Ministerial 117 en la Corte Constitucional, el 29 de julio.
Según Cruz, el acuerdo ministerial vulnera los derechos laborales que “son intangibles e irrenunciables”.
La causa recayó en la jueza Karla Andrade Quevedo, quien se encargará de tramitar la demanda.
Atrasos en pago de salarios
El Gobierno acumula atrasos en el pago de la nómina de funcionarios y trabajadores públicos.
El Ministerio de Finanzas no ha pagado todavía los salarios de parte de los trabajadores de la Función Ejecutiva de junio y julio. En esa lista están los funcionarios de varias empresas públicas, como Medios Públicos y Tame, que se encuentran en proceso de cierre.
Sin embargo, el Departamento de Comunicación del Ministerio de Finanzas informó el 1 de agosto de 2020 que el pago de la nómina correspondiente a junio se canceló en su totalidad.
A pesar de que los empleados de las instituciones en cierre, y que fueron desvinculados, aseguran que no han recibidos sus pagos.
En la lista de quienes ya recibieron sus remuneraciones atrasadas destacan los 225.000 empleados del sector de la educación.
Mientras que las asignaciones de julio comenzaron a pagarse en los sectores de salud y seguridad, que son parte de la primera línea en la lucha contra el coronavirus.
Hasta el momento, los atrasos en salarios ascienden a USD 369 millones, según el Ministerio de Finanzas.
Cada mes, el Gobierno destina USD 711 millones para el pago de salarios de los empleados públicos.
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