El riesgo país de Ecuador subió 32% para cerrar en 1.128 puntos, el mayor pico en lo que va del año, luego de que la Asamblea hundió el proyecto de la ley de Crecimiento Económico propuesta por el gobierno. Desde el exterior los bancos de inversión y las calificadoras se preguntan qué pasará con el acuerdo con el FMI.
“Otro golpe para el gobierno de Lenín Moreno”, así calificó el banco de inversiones estadounidense J.P. Morgan al traspiés que sufrió el Ejecutivo en la Asamblea, cuando el casi 53% de los legisladores votó por negar y archivar el proyecto de ley de Crecimiento Económico.
Después del inesperado desenlace del domingo, todavía hay incertidumbre sobre los próximos pasos que dará Ecuador, “incluyendo el estatus del programa de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y posibles efectos políticos negativos” derivados del hundimiento de la enmienda, agregó J.P. Morgan.
La sensación de incertidumbre se ha reflejado en el riesgo país, un indicador que entre más alto evidencia una mayor posibilidad que una nación deje de honrar sus compromisos, como el pago de capital e intereses de su deuda externa.
Por su parte, la calificadora de riesgo Moody’s dijo en una breve nota sobre el país que el proyecto contenía “importantes medidas para apoyar el programa acordado con el FMI” y agrega que el hundimiento del paquete de reformas deja una brecha de USD 1.600 millones en el presupuesto de 2020.
Esta brecha sería equivalente al 4,5% del total del presupuesto del año entrante, que es de USD 35.499 millones, incluyendo la llamada Cuenta de Importación de Combustibles.
La Proforma Presupuestaria de 2020 fue presentada a la Asamblea la noche del 31 de octubre y el Legislativo tiene un plazo de 30 días para debatirla y votar.
El triple golpe
J.P. Morgan considera que el gobierno de Moreno ha tenido que afrontar un triple golpe en un escaso margen de tiempo:
- Las protestas de octubre.
- El hecho de haber tenido que retirar el Decreto Ejecutivo No. 883 que eliminaba los subsidios a la gasolina y el diésel.
- El rechazo a las reformas en la Asamblea.
En “nuestra opinión, la administración de Moreno ya había visto su capital político debilitado después de las protestas de octubre”, que estallaron tras la decisión del gobierno de levantar los subsidios a la gasolina extra y al diésel.
Aunque el proyecto de ley fue rechazado por un escaso margen, los rivales políticos de Moreno podrían sentirse fortalecidos, agrega J.P. Morgan. Especialmente en vísperas de las elecciones presidenciales de 2021.
El gobierno ha anunciado que no se da por vencido y que enviará a la Asamblea, tan pronto como le sea posible, una reforma tributaria, es decir, una versión más corta y menos ambiciosa del proyecto de ley de Crecimiento Económico.
¿Y ahora el FMI?
Aunque el FMI se ha mostrado especialmente flexible con Ecuador, el panorama que vive el país “arroja más incertidumbre sobre un programa (económico) que ya era frágil y sobre las líneas de crédito asociadas a él”, agrega J.P. Morgan.
El mercado cree que los créditos de otros organismos multilaterales, excluyendo al FMI, podrían seguir llegando a Ecuador ya que están atados a otros proyectos y reformas.
Sin embargo, los aspectos macroeconómicos del programa están en duda y pueden afrontar retrasos. El problema es que estos recursos son “críticos para que el país pueda cubrir una necesidad de financiamiento de USD 8.900 millones prevista para 2020”, dice el banco de inversiones.
Después de lo acontecido el fin de semana, queda abierta la pregunta de si el gobierno tiene opciones viables para reducir el déficit, que no pasen por la clásica receta de recortar el gasto de inversión y de monetizar activos públicos.
Los cinco pilares de reforma propuestos por el gobierno: finanzas públicas, código monetario, empresas públicas, legislación laboral y mercados de capital, parecen haberse estancado considerando el contexto político del país, de acuerdo con el informe.
En el largo plazo, “la aparente intransigencia política frente a la posibilidad de apoyar un ajuste fiscal más balanceado, levanta una bandera amarilla acerca de la posibilidad de hacer un ajuste ordenado en los próximos años, cuando el gobierno que suceda a la administración de Moreno deberá hacer frente a un pesado calendario de amortizaciones de capital de la deuda externa”, agrega.
Este peso continuará más allá de 2020, cuando las necesidades de financiamiento continuarán elevadas, promediando entre USD 8.000 millones y 10.000 millones al año.
El cronograma de repagos de la deuda se complicará especialmente después de 2022, en opinión de Moody’s.
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