Con la Ley para enfrentar el conflicto armado, bancos y cooperativas tendrán que pagar un impuesto de entre 5% y 25% en mayo de 2024, según sus utilidades.
La Ley para enfrentar el conflicto armado interno, vigente desde el 12 de marzo de 2024, creó un nuevo impuesto para los bancos y las cooperativas que tuvieron utilidades en 2023.
Estas entidades financieras están obligadas a pagar el nuevo impuesto en mayo de 2024 y no podrán acogerse a facilidades de pago.
En 2023, los bancos privados reportaron USD 737 millones en utilidades netas y las cooperativas más grandes, USD 114 millones.
Con el cobro de este impuesto, el Gobierno de Daniel Noboa recibiría USD 184 millones solo de los bancos, según datos de la Asociación de Bancos Privados de Ecuador (Asobanca).
En el país existen 410 cooperativas. Aunque el sector cooperativo todavía no ha analizado el impacto de la contribución, PRIMICIAS accedió a los datos de las siete cooperativas con mayores utilidades en 2023, las cuales pagarán, en conjunto, una contribución de USD 9,7 millones.
¿Cómo operará el impuesto?
Cada banco o cooperativa deberá pagar una tarifa de impuesto de entre 5% y 25%, sobre su utilidad gravable de 2023.
La utilidad gravable es la que se obtiene después de descontar el porcentaje de participación que se paga a los trabajadores y antes de pagar Impuesto a la Renta.
Así, las entidades que pagarán más impuesto son las que tuvieron más de USD 50 millones en utilidades gravables en 2023, pues su tarifa es de entre 20% y 25%.
Tomando en cuenta ese mecanismo de pago, 13 bancos que tuvieron utilidades en 2023 pagarán USD 184 millones con el impuesto. Los que más pagarán serán Pacífico, Guayaquil, Pichincha e Internacional. En el país existen 24 bancos.
En cambio, las dos cooperativas que más pagarán el tributo son Jardín Azuayo y JEP.
En qué se usará el dinero
El dinero que se recaude por el nuevo impuesto para los bancos y las cooperativas no tendrá un uso o destino específico dentro del Presupuesto General del Estado.
Esto contrasta con la Contribución Temporal de Seguridad (CTS) que pagarán en marzo de 2024 y de 2025 las empresas que no son del sector financiero y que específicamente se destinará para cubrir los gastos para enfrentar el conflicto armado interno.
Además, la tarifa del impuesto temporal que pagarán las empresas que no son del sector financiero y que tuvieron utilidades en 2022 es menor que la de bancos y cooperativas, pues es del 3,25%.
De ahí que, cuando todavía se debatía el proyecto de ley en la Asamblea Nacional, la Asobanca advirtió que el nuevo impuesto implicaba un trato discriminatorio.
El gremio argumentó que el impuesto debía regirse bajo "principios de proporcionalidad racional y equidad entre los diversos sectores empresariales".
Lo anterior porque más de 9.000 empresas aportarían, juntas, por el impuesto temporal USD 325 millones en marzo 2024.
Asobanca también advirtió en ese momento que una de las consecuencias de aumentar la carga tributaria será una desaceleración del crédito en 2024.
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