Desde diciembre de 2023, Daniel Noboa ha implementado cambios tributarios que podrían dejar entre USD 2.000 millones y 2.500 millones al Estado en 2024.
En los últimos tres meses, el Gobierno de Daniel Noboa ha tenido que "raspar la olla" y arriesgarse a tomar medidas tributarias poco populares, para reducir en algo el millonario déficit de recursos heredado del Gobierno de Guillermo Lasso.
Así, en lo que va de la administración de Noboa se han implementado medidas que dejarían entre USD 2.000 millones y USD 2.500 millones adicionales a la caja fiscal en 2024.
Pese a esto, todavía persisten las tensiones presupuestarias, porque Ecuador necesita préstamos por unos USD 10.200 millones en 2024, dice la calificadora de riesgos estadounidense Fitch Ratings.
En un informe sobre Ecuador, publicado el 14 de febrero, Fitch Ratings dice que el alza del IVA aliviará las tensiones fiscales, pero solo en 2024, pues 2025 y 2026 siguen siendo años con elevadas necesidades de financiamiento.
Noboa ha logrado reducir las tensiones para 2024 con medidas implementadas a través de tres leyes con carácter económico urgente:
- La Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, aprobada con mayoría en el pleno de la Asamblea Nacional.
- La Ley de Competitividad Energética, aprobada con mayoría en el pleno de la Asamblea Nacional.
- Y la polémica Ley para enfrentar el conflicto armado interno, que fue aprobada por allanamiento tácito en la Asamblea.
Alza del IVA, la medida más fuerte
La Ley para enfrentar el conflicto armado interno es la que dejará más ingresos al Estado en 2024.
Esta norma ordena el alza de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 12% a 13%, con la posibilidad de que el Ejecutivo lo eleve al 15%.
Si Noboa decide que el IVA se eleve a 15%, la caja fiscal tendría ingresos adicionales por unos USD 800 millones en 2024, suponiendo que la nueva tarifa comience a cobrarse en abril próximo, explica el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz.
La medida causó controversia en el legislativo, pero el Gobierno manejó un discurso con el que justificó el alza como una medida necesaria para enfrentar al narcotráfico.
Al alza del IVA se suman tres cambios tributarios que la Asamblea Nacional incluyó en la ley:
- La contribución temporal de 3,25% sobre las utilidades de las empresas. La base de cálculo del aporte son las utilidades de 2022.
- El alza de 3,5% a 5% de la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).
- Y una contribución temporal de entre 5% y 25% sobre las utilidades de la banca y las cooperativas. La base de cálculo del aporte son las utilidades de 2023.
Las tres medidas dejarían ingresos por unos USD 714 millones al Estado en 2024.
Pero, la Ley también dispone la reducción del IVA a 5% para los materiales de construcción, lo que restaría ingresos al Estado por unos USD 300 millones.
Contribuciones de las grandes empresas
A estos ingresos se suman también los previstos por las medidas de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo y la Ley de Competitividad Energética.
La primera ley dispuso una amnistía tributaria, que implica la condonación de multas, intereses y recargos a los deudores del Servicio de Rentas Internas (SRI) que paguen el capital de sus deudas en mora hasta julio de 2024.
Se trata de una medida que, según el Gobierno, podría dejar entre USD 500 millones y USD 800 millones. Sin embargo, la recaudación dependerá de cuántos deudores decidan acogerse, pues es voluntario.
Hasta el 1 de febrero de 2024 se habían recuperado solo USD 68 millones por la amnistía.
Esa ley también dispuso que las mayores empresas de Ecuador, calificadas como grandes contribuyentes, paguen cada mes un porcentaje de sus ingresos, a manera de "autorretención" del Impuesto a la Renta.
El Gobierno calcula que la autorretención dejará ingresos adicionales de entre USD 100 millones y USD 190 millones al mes, hasta diciembre de 2024.
Sin embargo, la ley también implementó beneficios por la creación de nuevos empleos, inversiones nuevas y zonas francas, por las que se dejarían de recaudar unos USD 128 millones, según el Gobierno.
En cambio, la Ley de Competitividad Energética dispuso la eliminación de la exención del ISD cuando los bancos hacen pagos por financiamiento que consiguen del exterior.
Según la Asociación de Bancos Privados (Asobanca), esta medida tendrá un impacto de USD 60 millones a favor del Estado.
El BCE también dio alivio al Gobierno
Finalmente, otra medida que incrementó los ingresos del Estado, sin necesidad de un cambio legal, fue la venta de una parte del oro de las reservas del Banco Central (BCE).
Con esta operación, el BCE cerró 2023 con utilidades récord por USD 683,4 millones. El 70% de ese valor, por ley, se debe trasferir al Ministerio de Finanzas.
Fitch Ratings dice que estas medidas permitirían una reversión parcial del deterioro fiscal que tuvo Ecuador en 2023.
De ahí que la calificadora de riesgos prevé que el déficit fiscal bajará a 2,3% del PIB o USD 2.750 millones en 2024, sobre todo si la tarifa del IVA sube a 15%.
Antes de la Ley para enfrentar el conflicto armado interno, Fitch Ratings preveía que el déficit sea de 4,1% del PIB en 2024.
Fitch Ratings resalta que el déficit fiscal podría reducirse aún más si el Gobierno recorta gastos como los subsidios a los combustibles.
Y Noboa ya ha confirmado que está prevista una focalización del subsidio a las gasolinas en 2024.
¿Qué pasará luego de 2024?
Pero aun con estas tres leyes económicas, el Gobierno necesitará financiamiento o préstamos por alrededor de USD 10.200 millones en 2024, según Fitch Ratings.
La calificadora cree que Noboa podrá conseguir máximo unos USD 7.700 con deuda interna y préstamos de algunos multilaterales. De ahí que habría una brecha de USD 2.500 millones por conseguir.
De ahí que la firma cree que una alternativa viable es un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
"El real impacto de estas medidas dependerá de si ayudan a asegurar un nuevo programa con el FMI", dice el informe de la firma estadounidense.
Fitch pronostica que el déficit volverá a crecer a medida que finalicen las medidas temporales, como las contribuciones sobre las utilidades de la banca y empresas.
Además, porque el Estado tendrá menos ingresos si se cierra el bloque petrolero ITT. De hecho, la estatal Petroecuador calcula que el Estado dejará de percibir USD 1.200 millones anuales por el cierre de ese bloque petrolero.
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