Por falta de un seguro, las naves de la Armada están ancladas en tierra. Los pescadores y camaroneros denuncian que la falta de control ha multiplicado la presencia de piratas.
La inseguridad inquieta al sector pesquero y acuícola desde hace una década. Solo en 2019 los camaroneros reportaron 150 robos a embarcaciones y fincas de camarón. Mientras que los pescadores artesanales sufren asaltos a diario.
Para este gremio la inseguridad podría agravarse con la paralización de la flota de la Armada. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, ordenó dejar en tierra las embarcaciones desde el 10 de junio de 2020.
Esta decisión se tomó porque las naves no tienen cobertura seguro para operar. Defensa necesita USD 7,8 millones para pagar a Seguros Sucre, pero los recursos no han sido transferido por parte de Finanzas.
Jarrín, afirma que ha detenido las embarcaciones, pues no quiere poner en peligro a la tripulación ni la inversión de la Armada. Estos barcos junto a la Policía custodian a las camaroneras ubicadas en el Golfo de Guayaquil y otras zonas de la costa.
También se encargan de patrullar las áreas donde laboran los pescadores artesanales.
¿Qué hará el sector pesquero para enfrentar esta falta de vigilancia de la Marina? Los camaroneros reforzarán la seguridad privada. En tanto que los pescadores artesanales aún buscan soluciones.
Delincuencia resta competitividad
Marlon Martínez es el encargado de seguridad de una camaronera ubicada en el Golfo de Guayaquil, que en este 2020 ha registrado cinco atracos por parte de piratas.
"Trabajamos a la defensiva ubicando los puntos de riesgo donde nos pueden asaltar", dice Martínez.
Mientras que la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), denuncia siete robos durante los meses de confinamiento. La mayoría ocurre en el Golfo de Guayaquil y el archipiélago de Jambelí.
En este último punto, ubicado al noroeste de la provincia El Oro, la situación es alarmante, dice la CNA, pues se registra un asalto por semana. La cámara envió una carta al Ministerio de Defensa donde expresa su preocupación.
“Si con resguardo la delincuencia golpea duramente al sector, ahora teniendo las embarcaciones sin operar, ¿qué podemos esperar?”,
José Antonio Camposano, presidente de la CNA.
Según Camposano, la decisión del Ministerio de Defensa afecta directamente al sector camaronero, que produce el segundo producto de exportación no petrolero del país.
Además, Camposano lamenta que los camaroneros deban asumir el costo de seguridad para tener guardias privados en las fincas, los vehículos y embarcaciones.
El dirigente gremial explica que esos costos indirectos no los tienen los camaroneros de México, lo que resta competitividad a la actividad en Ecuador.
La CNA estima que los ataques de piratas le costaron USD 60 millones al sector el año pasado.
Pescadores trabajan a medias por miedo
La Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (Fenacopec) tiene en sus registros que la primera semana de junio hubo seis robos en Puerto López (Manabí). Y en la segunda semana del mes se reportaron otro cuatro.
“Como los delincuentes saben que no están las patrullas de la marina, se han radicado en diferentes partes con mucha más fuerza”, dice Gabriela Cruz, presidenta de Fenacopec.
La dirigente gremial explica que esta situación reduce el tiempo que el pescador dedica a la faena.
“Ya no trabajamos todo el día, sino por horas. Muchos pescadores optan por no salir por miedo a que les roben”,
Gabriela Cruz, presidenta de Fenacopec.
Los piratas que roban a los pescadores tienen como botín los motores fuera de borda que pueden costar hasta USD 8.000. Aunque también hay casos de asaltos de la pesca, valoradas en USD 6.000, o de los equipos de comunicación, o incluso de la lancha completa.
“Hay mucha gente que tenían tres o cinco lanchas, hoy están arruinados”, denuncia Cruz.
Una alternativa para este gremio es la nueva Ley de Pesca. Esa normativa recientemente aprobada en la Asamblea obliga que cada compra de un motor contrate un seguro privado.
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