La defensa de Decevale argumenta que Navarro y su suegro, Luis Álvarez, hicieron firmar con engaños una carta al gerente general de la institución, Carlos Carbo. Como prueba presentaron el informe parcial de la auditoría forense de Ernst & Young.
Un visto bueno negado por el Ministerio del Trabajo se ha atravesado en la defensa del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale), dentro del escándalo financiero que involucra una serie de inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).
La defensa del Decevale alega que el Directorio de la institución no sabía que tenían en custodia una serie de bonos de deuda externa de Ecuador que eran parte de un portafolio de inversiones del Isspol.
El Decevale es una institución clave en el mercado bursátil porque es la encargada de realizar operaciones de compensación, liquidación y custodia de los valores negociados en bolsa.
El Depósito tuvo un primer revés en su intento de probar que el Directorio de la entidad no conocía de las operaciones irregulares en las que el Isspol invirtió USD 532 millones.
Esto porque el Ministerio de Trabajo negó el 7 de diciembre de 2020 el pedido del Decevale de aprobación de un visto bueno por falta de probidad contra Gonzalo Navarro Macías, exjefe nacional de Gestión de Pago y Libro de Acciones de Decevale.
La defensa del Decevale alega que Navarro y su suegro, Luis Álvarez, quien era el gerente operativo del Devecale, engañaron a Carlos Carbo, gerente de la institución, para que firmara la carta en donde se detallan los bonos del Isspol que tenían bajo custodia.
La carta certifica y detalla los códigos ISIN y demás características de los bonos reestructurados de deuda externa emitidos por Ecuador de los que el Isspol era dueño y que el Decevale supuestamente tenía bajo su custodia.
El Ministerio del Trabajo negó el visto bueno por “no haberse demostrado que el accionado (Navarro) está inmerso en la causal primera y tercera del Artículo 172 del Código de Trabajo”.
Es decir, según la resolución a la que PRIMICIAS tuvo acceso, el Decevale no pudo probar que Navarro haya tenido una conducta dudosa o que haya abandonado el cargo.
En su defensa Navarro alega que renunció a su cargo el 26 de octubre lo cual, según él, fue aceptado por su empleador.
El abogado de Decevale, Eduardo Carmigniani, dice que presentará una impugnación judicial la próxima semana, porque “es el colmo que la autoridad laboral pretenda, con una decisión absurda, desconocer el fraude de Navarro y de su suegro (Álvarez)”.
Para probarlo, Carmigniani presentó un informe parcial de la auditoría forense realizada por la auditora Ernst & Young Ecuador al sistema informático del Decevale.
Piedra en el zapato
La carta firmada por Carbo, con fecha 2 de octubre de 2020, fue la respuesta a una solicitud que hizo el 30 de septiembre Jorge Humberto Villarroel, director general del Isspol, para que Decevale le diera detalles de los bonos que tenía en custodia.
Y Decevale responde: Bonos 2030, 2035, 2040 y 2030 No Coupon, cada uno con su respectivo valor y código ISIN, con fecha de emisión y de vencimiento.
Esta carta, que fue recibida por el Isspol el 7 de octubre, sería la prueba de que el Decevale sabía lo que ocurría con los bonos del Isspol.
Lo que coincide con la versión del asesor financiero Jorge Chérrez, conocido como ‘El Mago’, de que los ejecutivos de Decevale estaban al tanto de las operaciones swap por USD 327 millones que realizó el Isspol.
El Decevale niega esta afirmación y responsabiliza a Navarro y a Luis Álvarez de ser los autores de la carta enviada al Isspol y de engañar a Carbo para que la firmara.
En octubre, la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que el Decevale tiene responsabilidad directa sobre los recursos que negoció el Isspol, ya que era su custodio.
Pero agregó que el Decevale habría cedido esa responsabilidad a un tercero, es decir, a un subcustodio internacional llamado ICS Institutional Custody Services LLC, domiciliado en Florida-Estados Unidos y cuyo representante es Jorge Chérrez.
El Decevale también solicitó el visto bueno para Álvarez ante las autoridades laborales, el cual sí fue concedido el 27 de octubre por el inspector de Trabajo de Guayas, Fabián Rivas.
Álvarez dejó el país el 29 de septiembre de 2020.
Informe pericial
Decevale contrató a la firma Ernst & Young Ecuador (EY) para que realizara una auditoría informática con el fin de saber qué ocurrió con la carta supuestamente firmada por Carbo, entre otros aspectos.
En la documentación entregada para justificar el pedido de visto bueno a Navarro, los abogados de Decevale adjuntaron el informe parcial sobre la auditoría forense.
La pericia que EY realizó a las computadoras de Álvarez Villamar, Ricardo Gallegos Gómez, asesor legal; Gonzalo Navarro y Oriana Rumbea Thomas, gerenta administrativo financiera de Decevale, dice que la carta tuvo cuatro versiones.
La primera, un correo electrónico enviado el 25 de septiembre, a las 07:02, por Álvarez a Navarro al que titula: “Cierre de servicio de custodia internacional”.
Aquí se indica que “ante los comentarios que circulan en medios de comunicación y redes sociales… Decevale ha decidido dejar de brindar el servicio de Custodio Internacional” y solicita que se efectúe el traslado de su portafolio a otro custodio.
El 28 de septiembre, a las 10:58, se identifican dos e-mails: uno en el buzón de Ricardo Gallegos enviado por Álvarez a Gallegos y a Oriana Rumbea con el objeto: “Traslado Bonos Isspol”.
Y Álvarez adjunta un documento en word en el que copia el mensaje anterior, pero agrega los detalles del canje de los bonos realizado el 14 de septiembre de 2020 por el gobierno ecuatoriano.
El segundo es otra versión, esta vez hallada en el equipo de Navarro, y es la carta de respuesta al Isspol definitiva, pero sin la firma de Carbo, la cual aparece en la última versión, grabada el 6 de octubre en el equipo de Alexandra Martínez, jefe nacional de administración y recursos humanos de Decevale.
Lo curioso es que el Isspol pide detalles de los bonos recién el 30 de septiembre. ¿Cómo sabía Decevale que esto iba a ocurrir con dos días de anticipación?
La tesis de la entidad es que Navarro logró conseguir la firma de Carbo, dos días después de que se tramitara el visto bueno para Álvarez, con el fin de que le sirviera de coartada.
Pero la Inspectoría de Trabajo no validó esta prueba, porque, a su criterio, no fue incluida en la solicitud de visto bueno sino presentada recién la semana pasada, durante la audiencia.
Eduardo Carmigniani indica que este criterio es “sorprendente”. “No se la presentó porque en ese momento la prueba no existía, sino que fue obtenida días después, con el primer resultado de la auditoría de EY”.
Por ello, el equipo jurídico de Decevale impugnará el fallo laboral la próxima semana.
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