Viernes, 26 de abril de 2024

Comité Empresarial: USD 17.000 millones se han perdido por la pandemia

Autor:

Gabriela Coba

Actualizada:

19 Jun 2020 - 0:04

Sólo en abril la paralización de las actividades económicas ha significado una caída de las ventas y de las exportaciones de USD 7.129 millones, según el SRI.

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Autor: Gabriela Coba

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19 Jun 2020 - 0:04

Un local de venta de electrodomésticos en Cuenca, el 19 de mayo de 2020. - Foto: API

Sólo en abril la paralización de las actividades económicas ha significado una caída de las ventas y de las exportaciones de USD 7.129 millones, según el SRI.

"En el año 2000, cuando el país vivió una de las crisis más duras, la contracción del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 4,7%. El impacto de la pandemia de Covid-19 será el doble", según lo dijo Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, durante el foro "Ley Humanitaria, necesaria para la protección del empleo".

Según la última previsión del Banco Central, la economía ecuatoriana podría contraerse este año hasta un 9,6% en el peor de los escenarios.

"Las empresas no quiebran por malos resultados, quiebran cuando se quedan sin liquidez", sostuvo Costa, quien agregó que "calculamos que la caída en ventas (en el sector privado formal) es de USD 17.000 millones".

La paralización de las actividades económicas en marzo y abril ha significado una contracción de las ventas y exportaciones del orden de USD 10.236 millones, según información del Servicio de Rentas Internas (SRI).

El Comité Empresarial Ecuatoriano prevé que para mayo la baja será similar a la de abril, es decir, de otros USD 7.129 millones.

Dinero que se fue...

El mayor golpe se lo ha recibido el comercio al por mayor y menor, cuyas pérdidas tras 45 días de paralización ascienden a USD 5.305 millones, según el SRI. Le siguen la industria y las actividades profesionales, con USD 1.470 millones y USD 509 millones, respectivamente.

"Son ventas que no se van a recuperar", explicó Costa.

Si se analiza el impacto por tasa de variación, las más perjudicadas son las actividades del hogar y los servicios de alojamiento y comidas, cuya contracción es del 67% y de 64%, respectivamente.

"Hay muchos hoteles y empresas del sector de alojamiento que estuvieron absolutamente parados y que por ahora no tienen esperanzas de reactivación", agregó Costa.

Sin embargo, en marzo dos sectores crecieron: distribución de agua, alcantarillado, la gestión de desechos y las actividades de saneamiento, por un lado, y el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, por otro. Lo que no se repitió en abril, cuando la caída fue generalizada.

La informalidad

La caída en las ventas y exportaciones del país desemboca en la destrucción del empleo. Por la pandemia, Ecuador podría perder entre el 4,3% y el 14,4% de los empleos formales, dependiendo del escenario, según proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Si la emergencia sanitaria se supera en el primer semestre de 2020 y empieza una recuperación económica a finales de año, se perderían 135.000 empleos plenos.

En cambio, si la recesión es prolongada, el impacto en el PIB será de 15 puntos porcentuales, lo que significará que 453.067 personas se quedarían sin empleo o migrarían de trabajos formales a informales.

"La estructura laboral de Ecuador no es aceptable. De una población económicamente activa (PEA) de ocho millones hay cinco millones de personas que no tienen empleo o empleo formal, que no pueden pagar la canasta básica", dijo Costa, quien sugiere que esa realidad se debe cambiar mediante reformas al Código de Trabajo.

Los estragos de la crisis, que también es laboral, ya se sienten. Según el Instituto de Seguridad Social (IESS), entre marzo y mayo de 2020, las afiliaciones de empleados en relación de dependencia disminuyeron en 179.741.

El 45% de las desafiliaciones a la seguridad social se registró en la provincia de Pichincha y un 25% en Guayas.

En ese contexto, el Comité Empresarial Ecuatoriano dice que los acuerdos entre partes, la posibilidad de reducir las jornadas laborales y los contratos emergentes, que están previstos en la Ley Humanitaria, son mecanismos útiles para incorporar a quienes no tienen trabajo formal.