La justicia estadounidense logró desenredar uno de los contratos de preventa petrolera más oscuros del Gobierno de Rafael Correa. Se trata de un acuerdo para vender 17,1 millones de barriles de fuel oil producido por Ecuador a cambio de un crédito de USD 300 millones.
Era 6 de diciembre de 2016 y Ecuador firmó un contrato con la firma Oman Trading International (OTI).
A nadie le llamó la atención, pues se trataba de otro más de los acuerdos de preventa petrolera reservados que celebró el gobierno del entonces presidente Rafael Correa.
Según lo escrito en el contrato, la petrolera estatal Petroecuador se comprometió a venderle a OTI unos 17,1 millones de barriles de fuel oil a lo largo de 30 meses, y esta última empresa anticipó USD 300 millones a una tasa de interés anual de 6,85%.
El fuel oil sale de las refinerías de Ecuador y es un producto de exportación.
Para la adjudicación de este contrato no hubo licitación de por medio, pues fue un acuerdo directo entre empresas estatales, una figura creada en el gobierno de Correa.
Cuatro años después, y gracias a un juicio en la Corte del Distrito Este de Nueva York, queda al descubierto que este contrato sería fruto de una conspiración que se puso en marcha desde 2015.
Todo se hizo a punta de sobornos, que para ser pagados demandaron la construcción de una trama de empresas de consultoría en paraísos fiscales, contratos fraudulentos y una treintena de facturas falsas.
Este es el caso que ha puesto en el banquillo de los acusados en Nueva York a nada más y nada menos que Vitol, la trader (intermediaria de productos de energía) con sede en Suiza más grande del mundo.
Aunque los documentos de la corte estadounidense no mencionan directamente a OTI, sí se refieren a una "empresa de Oriente Medio".
OTI es ahora una subsidiaria del poderoso grupo OQ, que pertenece al Gobierno de Omán.
OTI nació en 2006, como un negocio conjunto ente Vitol y la empresa petrolera estatal Oman Oil Co. (OOC).
Así fue la conspiración
Vitol ya ha aceptado pagar una multa de USD 135 millones por sobornar a funcionarios en Ecuador, en México y Brasil.
Los documentos de la Corte dicen que la conspiración en Ecuador empezó en 2015, instigada por el exejecutivo mexicano, Javier Aguilar, que trabajaba en la oficina de Vitol en Houston.
A través de Aguilar y de otros empleados y agentes, Vitol empezó a pagar sobornos a un alto funcionario de Petroecuador, identificado como Funcionario 1, y a un alto funcionario del entonces Ministerio de Hidrocarburos, identificado como Funcionario 2.
Ahora se conoce que estos son Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, y otro funcionario de apellido Rodríguez, aún no procesado en Estados Unidos.
Arias y Rodríguez tenían como misión ayudar a Vitol a "identificar oportunidades de negocios con Petroecuador".
En 2016, Vitol a través de sus agentes y empleados, incluyendo a Aguilar, comenzó a moverse para conseguir el contrato de fuel oil, con la ayuda de Arias y otro ciudadano ecuatoriano identificados en los documentos de la Corte como Consultor 1. Este consultor es Antonio Peré Ycaza.
La tarea de Arias era empujar a Petroecuador a entregar el contrato de fuel oil a la empresa estatal señalada por Vitol.
Las cargas de fuel oil de Petroecuador debían ser entregadas a partir del 1 de enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2019 a razón de 190.000 barriles por cargamento, como lo muestra el anexo 3 del contrato:
El soborno para Arias fue pagado a través de una empresa de consultoría ficticia, de propiedad de Peré Ycaza y de su hermano, Enrique.
Los Peré Ycaza cobrarían una comisión de USD 0,25 por cada barril de fuel oil.
Calendario de la corrupción
El 6 de diciembre de 2016, dicen los documentos de la corte, Petroecuador y la empresa estatal que actuaba en beneficio de Vitol "firmaron el contrato para la venta de fuel oil a cambio de un prepago de USD 300 millones hecho por el Grupo Vitol a una tasa de interés de 6,85% anual".
Son exactamente las mismas condiciones y fechas del contrato firmado por Petroecuador y OTI.
El 7 de marzo de 2018, el holandés Lionel Hanst envió por email 39 facturas forjadas como si hubieran sido emitidas por servicios prestados por la empresa de consultoría que ahora sabemos que es Oil Pacific Ventures, con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
En el correo, Hanst le dice a Javier Aguilar que ha recibido las facturas por servicio de consultorías de "los Ecuatorenos" y le pregunta cómo proceder.
En abril de 2018, Vitol hace una transferencia de más de USD 1,8 millones a compañías fantasma controladas por Intermediario 1 en Curazao.
En mayo de 2018, Hanst contacta por correo electrónico a Aguilar diciéndole que ha recibido varias facturas desde Ecuador por un total de USD 1,4 millones, de los cuales USD 510.000 han sido ya pagados. Aguilar le responde que hay que seguir haciendo pagos de hasta USD 150.000 cada 15 días.
Entre mayo y junio 25 de 2018, Hanst hizo tres pagos vía transferencias bancarias por un total de 201.306 euros y un pago de USD 19.283 a las cuentas de la consultora de los Peré Ycaza.
El 5 de julio de 2018, los hermanos transfirieron desde sus cuentas en las Islas Caimán USD 225.000 a una cuenta en Portugal a beneficio de Arias.
Quiénes firmaron
El contrato de fuel oil entre Petroecuador y OTI fue firmado por el entonces gerente de la petrolera ecuatoriana Pedro Merizalde Pavón y por el director ejecutivo de OTI, Talal Al Awfi.
Una carta del 6 de diciembre de 2016, firmada por el exministro de Finanzas de Rafael Correa, Fausto Herrera, y dirigida a las oficinas de OTI en Dubai, dice que los fondos prepagados por OTI serán recibidos por la República de Ecuador.
Y agrega que "el Ministerio de Finanzas está conforme con el contenido del contrato y que el Ministerio de Finanzas alentará a Petroecuador para que cumpla con sus obligaciones bajo el contrato".
El Comité de Deuda y Financiamiento de Ecuador, en el acta resolutiva 27 del 28 de noviembre de 2016, finalmente aprueba los términos y condiciones del "pasivo contingente" derivado del contrato entre Petroecuador y OTI.
Además, autoriza al ministro de Finanzas para que firme, a nombre de la República de Ecuador, "el compromiso de pasivo contingente" y firman, Patricio Rivera Yánez, delegado del Presidente en el Comité de Deuda; Fausto Herrera, como ministro de Finanzas.
Además de Adolfo Salcedo, delegado de Senplades ante el Comité de Deuda; y Juan Hidalgo Andrade, subsecretario de Financiamiento Público.
Nota de la redacción: Esta nota fue publicada originalmente el 4 de diciembre de 2020 y actualizada el 7 de diciembre de 2022 con la acusación de Javier Aguilar ante un Gran Jurado en Nueva York.
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