Avance de tres proyectos mineros, en riesgo por consulta popular en Azuay

Unas 43 concesiones de minería metálica (oro, plata y cobre) están en las cinco zonas de recarga hídrica ubicadas en el cantón Cuenca, en Azuay. En la provincia se busca detener las actividades extractivas a través de una consulta popular.

Agua u oro. Al menos, esa es la bandera del Concejo Cantonal de Cuenca (Azuay) para llevar adelante una consulta popular, que busca detener la minería metálica, a mediana y gran escala, en cinco zonas hídricas.

La Corte Constitucional (CC) dio paso al plebiscito el 18 de septiembre. Los promotores buscan que no se realice actividad extractiva en las zonas donde se originan cinco ríos: Tomebamba, Yanuncay, Tarqui, Machángara y Norcay. Para ello han planteado cinco preguntas a los ciudadanos.

Las preguntas de la Consulta Popular en Cuenca Primicias

De existir un voto favorable a la consulta, la explotación minera está en riesgo de concretarse en 43 concesiones.

Además, la Corte Constitucional dictaminó que los efectos de la consulta serán únicamente hacía el futuro, es decir no tiene un carácter retroactivo.

Tanto las autoridades del Municipio de Cuenca como los mineros aseguran que la consulta popular busca paralizar tres proyectos: Loma Larga, Ruta del Cobre y Río Blanco.

Estado de los proyectos mineros

Loma Larga y Ruta del Cobre, todavía en la fase de exploración y evaluación económica, están ubicados en las zonas hídricas de los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay y Machángara.

Si bien la explotación minera en estos proyectos aún no inicia, las empresas han desarrollado grandes inversiones hasta ahora.

Loma Larga, que fue concesionado a la empresa INV Minerales Ecuador S.A., se encuentra en la fase de evaluación económica y está previsto que el inicio de su producción sea durante el primer trimestre de 2023. La inversión esperada en el proyecto alcanzaría USD 431,9 millones, según el Banco Central.

El proyecto minero “Ruta del Cobre”, que pertenece a la compañía del mismo nombre, está en la fase de exploración y evaluación económica del yacimiento. Entre 2012 y 2019, se realizó una inversión de USD 35,4 millones en esa concesión. Según el Banco Central, todavía no se conoce cuándo se construirá la mina o se iniciará la producción.

Mientras que la zona hídrica del río Norcay está la mina de oro Río Blanco, adjudicada a la empresa Ecuagoldmining S.A. En esa zona se busca detener la explotación minera a mediana escala.

Además, la empresa concesionaria apenas inició su fase de explotación, pero de manera inmediata paralizó sus actividades por dos razones:

Por daños a su estructura el 6 de mayo de 2018.
Por dos sentencias judiciales, donde se acusó al Gobierno de no haber realizado la consulta previa a las comunidades de la zona antes de iniciar las actividades mineras en su concesión.

El alcalde de Cuenca Pedro Palacios espera que tanto la consulta popular como la justicia puedan detener, de manera definitiva, las actividades en Río Blanco.

Mientras que el síndico de la Cámara de la Minería, Andrés Ycaza, aseguró que las autoridades de Azuay serán los responsables de que el país no perciba grandes ingresos en medio de una crisis económica.

Palacios deslindó responsabilidades. “Estamos a favor de mantener las fuentes de agua y las zonas de recarga hídrica sin contaminación. Fuera de esas zonas podría darse la minería”, dijo el burgomaestre.

En Cuenca existen 108 concesiones mineras. Municipio de Cuenca

Mineros vs. Concejo Municipal

Tanto el presidente de la Cámara de la Minería de Azuay, Patricio Vargas, como el síndico de la Cámara de la Minería de Ecuador, Andrés Ycaza, critican la decisión de la Corte Constitucional.

Señalaron que se está vulnerando la seguridad jurídica en el país porque se está irrespetan los derechos de las empresas que fueron otorgados por el Estado para que realicen inversiones mineras en Cuenca.

Ycaza dijo que las compañías mineras de la zona tienen el conocimiento y los permisos ambientales para manejar -de manera responsable- el recurso hídrico. “Si usamos mal el agua, enseguida las autoridades no retiran los permisos ambientales“, dijo.

Mientras que Vargas afirmó que la agricultura, la presencia de ganado en los cerros y los incendios forestales afectan al agua más que la minería.

El alcalde Palacios, en cambio, aseguró que las actividades extractivas mineras traen consigo cuatro efectos:

Contaminan el agua de consumo humano.
Afectación de los canales de riego.
Disminución de las zonas de abrevaderos.
Reducción del caudal de agua.

Bajar de categoría para seguir operando

PRIMICIAS habló con tres representantes de las empresas mineras, que prefirieron no ser identificados. Dijeron que ya se están analizando varias alternativas para no paralizar las actividades extractivas, en el caso de tener un revés en la consulta popular.

“Bajarse de categoría” es una de las opciones. ¿Qué significa eso? Uno de los mineros dijo que si un proyecto es de gran escala, la opción es convertirlo en mediana o pequeña minería, pese a los costos económicos.

“La vida de la mina se prolongará, por ejemplo, de 10 a 20 años”, dijo un minero cuencano.

El presidente de la Cámara de Cuenca Patricio Vargas, dijo que si se toma esa alternativa se daría a entender a la opinión pública que los mineros se están burlando de la voluntad del electorado.

“Nosotros somos transparentes, pero las autoridades nos están induciendo a cambiar de categoría para seguir operando porque la ley permite hacer esos cambios”, indicó Vargas.

El alcalde de Cuenca, si bien reconoció que los mineros podrían “cambiar de categoría”, añadió que no permitirán que se siga impulsando la minería en las zonas hídricas.