Según la resolución de la Corte Constitucional del 18 de septiembre, los efectos de la consulta popular, ante un eventual pronunciamiento positivo del electorado, serán hacia el futuro.
El sector empresarial está preocupado por el último dictamen de la Corte Constitucional (CC) que dio paso a la propuesta de consulta popular que busca prohibir las actividades mineras a gran y mediana escala en cinco zonas de recarga hídrica, en el cantón Cuenca.
El 18 de septiembre, la Corte dio paso a la solicitud del Concejo Cantonal de Cuenca de realizar una consulta popular para preguntar a la ciudadanía si quiere detener la minería metálica en zonas de recarga hídrica de cinco ríos: Tomebamba, Yanuncay, Tarqui, Machángara y Norcay.
Durante un conversatorio virtual este 22 de septiembre, María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de la Minería del Ecuador (CME), se pronunció en contra de la decisión de la Corte Constitucional, porque "paralizaría una actividad económica en momentos de crisis".
Sin dar nombres ni detalles, Silva afirmó que cuatro proyectos mineros en Cuenca están en riesgo por la consulta popular.
Aunque recordó que, en el caso de un pronunciamiento positivo del electorado, las actividades mineras en las cinco zonas de recarga hídrica de Cuenca quedarían prohibidas en el futuro y no las que se están ejecutando actualmente.
"Es decir, la consulta popular no tiene carácter retroactivo", dijo Silva y con ello desestimó las declaraciones del alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, quien aseveró en Teleamazonas este 22 de agosto, que la consulta popular detendrá toda actividad minera.
Andrés Ycaza, síndico de la Cámara de la Minería, recordó que las empresas que tienen un título minero para realizar las diferentes fases, como de exploración y explotación, seguirán en sus actividades normales.
"En el caso de un voto favorable, las actividades mineras quedarán prohibidas para las futuras concesiones mineras que sean otorgadas", dijo Ycaza.
Mientras que el presidente de la Cámara de Industrias, Pablo Zambrano, dijo que la última decisión de la Corte Constitucional demuestra que en el país hay inseguridad jurídica y eso detiene la llegada de la inversión extranjera e incentiva la minería ilegal.
Y reconoció que los directorios de las cámaras productivas deberán analizar si deciden adherirse a una campaña en contra de la consulta popular.
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